Por: Eduardo Padilla Hernández*
*Abogado y Presidente de la Asociación Red Nacional de Veedurías.
El pasado jueves 13 de septiembre, las ministras del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y de Justicia, Gloria María Borrero, radicaron ante el Congreso el proyecto de Ley para reformar el poder judicial y la acción de tutela, que generó ampollas y críticas en algunos magistrados de las altas cortes por quitarles las funciones para ternar candidatos a Procurador General, Auditor General y Registrador Nacional. La reforma sólo permitiría una única función electoral en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, que sería la de escogencia del Fiscal General de la Nación.
El proyecto que tiene sus altas también tiene sus bemoles. Si bien es cierto que se le deben quitar a las Cortes las facultades electorales mencionadas para evitar que puedan seguir haciéndose nombrar familiares en los organismos en los que ellos hayan intervenido en la elección de sus altos funcionarios como es la actual costumbre, la unificación de jurisprudencias y que solamente se den a conocer las providencias cuando estén totalmente firmadas por todos los magistrados, la propuesta de aumentar los requisitos de experiencia a 20 años en el ejercicio de la actividad profesional para ser elegido magistrado se queda corta, tal como lo han expresado varios togados, ya que deja por fuera al sector académico que ha contribuido con la llegada a estos cargos de grandes profesionales.
Igualmente, se cercena la acción de tutela al establecer un término máximo de treinta días para que una persona solicite la revisión de la acción. Propuesta claramente inconstitucional pues la acción de revisión ha permitido que se garanticen muchos derechos fundamentales a los colombianos que se verían truncados en los casos en que se presente una tutela a destiempo desconociendo las razones para ello.
Más bien la reforma a la tutela le debería dar la garantía al ciudadano de que su caso va a ser fallado a la mayor brevedad posible, cosa que en muchos casos en la actualidad no sucede por la paquidermia de los magistrados de la Corte Constitucional y el incumplimiento del término máximo de tres meses para decidir de fondo el asunto bajo revisión. Término perentorio taxativamente señalado en los artículos 56 y 59 del Acuerdo 205 de 2015 de la Corte Constitucional, que algunos casos no cumplen como en el de una revisión de tutela en el que demoraron siete años para emitir el fallo. En el caso de los niños en situaciones de discapacidad del departamento de Córdoba, a quienes la gobernación les suspendió, unilateralmente, la autorización y pago de su tratamiento violando fallos de tutela que se los ordenaban, poniendo en riesgo la salud y la vida de estos infantes en condiciones especiales, sin que se hayan pronunciado al respecto desde hace dos años.
Se debe modificar también la forma como se preseleccionan las acciones de tutela. En la actualidad este proceso lo realizan unos estudiantes sin la experiencia ni la idoneidad para ello. La Corte prescinde de los que saben y nombra recién graduados que son además de inexpertos pieza fácil de corrupción; aunque se creó la unidad de tutela, que hace un trabajo ejemplar, como filtro objetivo al proceso de selección con los mejores abogados de la Corte no se le hace caso a los expedientes que estos preseleccionan, los magistrados prefieren amañar la selección y escoger subjetivamente lo que quieran. Como ya dijimos, pese a que no pueden suspenderse indefinidamente los procesos, los magistrados ignoran esa norma del reglamento y engavetan los asuntos donde hay sospecha de corrupción.
Sacan funcionarios con experiencia Como José Antonio Cepeda, uno de los magistrados auxiliares más destacados para nombrar a novatos que no entienden la calidad y seriedad de los criterios de selección.
Una ola de cambios mantiene a los funcionarios en vilo con la amenaza de ser el próximo en salir obstaculizando así el tradicional y normal funcionamiento de una Corte donde había seguridad en la jurisprudencia y estabilidad en los cargos. Hay inseguridad jurídica, desconfianza en los magistrados y descontento de todos los funcionarios que allí trabajan.
Ahora hay proyectos de transparencia, proyectos para mejorar la corrupción que ronda a la corporación que para nada han servido. En todos los corredores de grandes oficinas se pactan y se rumora lo que cuesta un fallo en la Corte Constitucional, el presidente se pavonea en las emisoras dando detalles de los fallos, adelantando y filtrando las decisiones, lo que indica el peor de los momentos vividos por esa corporación.
Los casos de corrupción continúan aunque aún no han salido a la luz pública. Qué tiempos aquellos en los que los magistrados tenían la prudencia de no filtrar sus fallos y de saber con quién tomarse un trago o tener una relación afectiva. Hoy una magistrada sorprende al país confesando que tiene una relación amorosa con uno de los abogados del negocio quizás mas costoso que ha pasado por la Corte. La objetividad en riesgo y la imparcialidad no existe. Pese al impedimento subsiste la sospecha.
El caso del empleado Jairo Yovanni Caicedo Rojas, quien habría recibido dinero para la selección de las acciones de tutela para su revisión en la Corte Constitucional, que también hizo temblar todo el proceso de selección, no es menos grave y el país espera que se aclare prontamente.
Se debe fortalecer la Unidad de Seguimiento a la selección de tutelas de la Corte para garantizar la transparencia y evitar la corrupción, antes que acabarla como pretenden. Fortalecer la jurisdicción constitucional en todos sus niveles para que haya operadores especializados en derechos fundamentales y acciones de tutelas que conozcan la jurisprudencia de la Corte.
En este sentido, resulta imperioso la obligatoriedad del precedente jurisprudencial con el fin de evitar el desgaste de la Corte Constitucional y la pérdida de tiempo reiterando sus fallos ya que ni las autoridades ni los jueces aplican esta importante herramienta lo que ocasiona que sigan llegando en revisión más y más tutelas en las que ya ha habido pronunciamiento al respecto. Se debe continuar creando criterios y mecanismos para evitar el choque de trenes entre las altas Cortes.
