Por: Eduardo Padilla Hernández, Magíster en Derecho y Profesor de Derecho Ambiental.
Hacer la paz en nuestro país ha sido un sueño, por demás esquivo, que solo hasta el 2016 comenzó a materializarse; no obstante, el camino no ha sido fácil. Se han enfrentado numerosos retos que dan cuenta, no solo de la resistencia de parte de la población y algunos dirigentes, sino de la institucionalidad establecida para hacer cumplir lo pactado, entendiendo que ello es la única garantía para poder vislumbrar un mejor futuro y generar la suficiente confianza para que otros grupos armados muestren una genuina voluntad de paz.
Razón tenía Vicent Fisas, gran académico e investigador de Paz al decir que:
“Un “proceso de paz”, por tanto, incluye obviamente la fase de negociación y de mediación, pero la trasciende completamente, al referirse también, y de manera esencial, al cumplimiento de lo acordado. De ahí que el proceso de paz vaya más allá del acuerdo o pacto de paz, que siendo éste un momento cumbre y sin duda el más visible, no es más que el punto de partida de unas etapas decisivas en las que se verá si realmente el cese de la violencia es capaz de generar una nueva situación de paz positiva, entendida como de prosperidad, armonía, desarrollo humano, crecimiento personal y justicia social, entre otros aspectos”[1].
Tal vez una de las instituciones de transversal importancia para la adherencia de los firmantes de paz a lo acordado en la Habana es la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, pues como aliciente para dejar las armas y decidirse a construir país junto con el resto de la sociedad, se había ofrecido unos márgenes claros de actuación desde la ley estatutaria que dotó de poder a dicho mecanismo.
En este sentido se había acordado que por el conjunto de macro-casos identificados como los de mayor envergadura para resolver aquellos más representativos en los que se evidencian patrones de violación al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos, se generaría una única resolución de conclusiones; empero, la JEP está haciendo una interpretación que se aleja del ánimo político que se evocó en las negociaciones, realizando una resolución por cada uno de los once macro casos abiertos en la actualidad.
A ello se suma que no solo se están vinculando los máximos responsables, sino que se están investigando a mandos medios y bajos, lo que representa la mayor amenaza para el proceso de paz y, particularmente, esta etapa de implementación. Es decir, si no hay beneficios para quienes solo siguieron órdenes dentro de las dinámicas propias del conflicto, estos optarán irremediablemente por retornar a realizar lo que por largos años hicieron.
De hecho, muchos, infortunadamente, así lo han decidido. Los retos para reintegrarse, para hallar un camino productivo y, en especial, para que sus garantías sean preservadas, son tan complejos que se está cerrando el camino a la paz irremediablemente. Por supuesto, como sociedad civil, rodeamos las instituciones propias que conducen hacia la justicia, la reparación de las víctimas y el tratamiento debido a quienes lo apostaron todo por transformar un país sumido en la guerra.
La disminución de muertes, la posibilidad de transitar por el país, de aprovechar las oportunidades que conducen al crecimiento y al desarrollo, entre otras variables, son el resultado más palpable de la ecuación entre paz y avance. Por ello, no podemos dejar de insistir que las decisiones y acciones sean concordantes con lo plasmado en el Acuerdo y en la voluntad general que clama por paz.
“No hay camino para la Paz, la Paz es el camino”, Mahatma Gandhi.
[1] Fisas, V. (2010). Introducción a los procesos de paz. Quaderns de construcció de pau nº 12.
