Por Santiago Baquero Rey.
Quiero ser claro desde un principio, poniendo en cuestión la paz que tanto anhelamos los colombianos, la verdadera paz que desmoviliza a grupos al margen de la ley, la que se merecen las víctimas, la paz perfecta, la paz sin tinte político, la paz que, en definitiva, no ha llegado. Si me preguntan el por qué de tal cuestionamiento, sería fácil de explicar, pues se refleja en los resultados del Plebiscito, en el que muchos votaron apostándole al sí por el simple hecho de tratarse de un acuerdo de paz. Este le abrió las puertas a Las Farc (victimarios del conflicto armado en Colombia) para que pudiesen ganar poder político con el tiempo, sin mayor escándalo y sin afrontar algún tipo de pena decente, o siquiera alguna pena.
Es así como me permito introducir la primera gran mentira que se le vendió al pueblo colombiano durante la campaña por el SÍ de Juan Manuel Santos, y por la cual el día de hoy sufrimos tantos Colombianos, la paz. Fueron muchas las mentiras alrededor de este tema, pues como muchos lo habrán notado, la impunidad de la que gozan los cabecillas de Las FARC en estos últimos días ha logrado su máximo esplendor. Ignoramos los crímenes cometidos sistemáticamente por este grupo guerrillero: observamos inquietamente cómo Sandra Ramírez, alias Griselda Lobo, toma la segunda vicepresidencia del máximo órgano legislativo de nuestro país; escuchamos cómo son capaces de darle la cara a la prensa sosteniendo la vil mentira de no haber reclutado a menores; y finalmente, vemos cómo logran esquivar la (in)justicia de la JEP, mientras que nuestro sistema judicial se ve corrompido lentamente. No podemos ignorar de ninguna forma el Cartel de la Toga, y sus derivados, y el conflicto ideologizado que atraviesan los magistrados en las Altas Cortes, cuando se supone tienen que ser los más imparciales de este país y que pone en peligro la independencia de las ramas del poder.
Pero más allá de este cuestionamiento, quisiera traducir la paz en justicia, pues no hay paz sin ella. Es por eso que alrededor de este tema me quedo pensando en las últimas afirmaciones que resuenan en medios y redes, pues algunas personas ponen sobre la mesa que “no hay paz sin impunidad” cuando también muy orgullosamente salen a decir que “nadie ni nada está por encima de la ley” poniendo muy por encima a Las FARC de la misma ley. Aquí es donde encontramos la gran paradoja de este país, pues no hay sentido alguno de que seamos un Estado Social de Derecho que protege los derechos fundamentales, que vela por el cumplimiento de la ley internacional como lo firmado en el Estatuto de Roma, que tiene memoria histórica y que aún así no veamos la realidad de un acuerdo, que supuestamente pretendía reconocer los crímenes de Las Farc durante el conflicto armado y condenar bajo la justicia transicional a aquellos guerrilleros.
El problema está en que, para mí, el narcotráfico, el homicidio, las violaciones a menores, el reclutamiento de menores, y otros crímenes que han sido cometidos sistemáticamente por Las FARC, no deberían ser considerados como delitos políticos, por lo que deberían ser condenados por la justicia ordinaria o al menos ser reconocidos con algún tipo de pena carcelaria. Es el día en que tampoco sabemos el paradero de los secuestrados, las rutas de narcotráfico, las víctimas no son reparadas y además no dan a conocer la verdad. Quisiera dejar esta reflexión, pues este acuerdo que se fundó bajo el principio de la verdad, justicia, reparación y no repetición parece habernos dejado todo lo contrario.
Entonces, si verdaderamente tenemos memoria histórica y pleno conocimiento de la coyuntura de este país, cómo es posible que muchos celebren la detención preventiva de Álvaro Uribe, sin mover un solo dedo para reclamar justicia por aquellos que cometen delitos de lesa humanidad y que gozan de la libertad. Resulta difícil de creer que a Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, le hayan privilegiado el derecho fundamental a la libertad por atender a todas las citaciones en un principio de las diferentes autoridades judiciales, como lo hizo saber un comunicado de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y a Uribe no, cuando este ha demostrado su compromiso por siempre darle la cara a la justicia y a sus obligaciones como el Estado lo demanda. Uribe hasta le solicito a la Corte que todo su expediente sea público con la única intención de aportar a la mayor transparencia posible a este caso como se informó en un comunicado por parte del abogado defensor, Jaime Granados. La culpabilidad o no se demuestra en juicio público, y como principio internacional se goza del derecho de defenderse ante cualquier acusación en libertad, para así no afectar bajo ninguna circunstancia la presunción de inocencia. Bajo ningún caso se tiene que vulnerar el derecho a la sentencia, a la imparcialidad jurídica y es por eso mismo que resulta verdaderamente injusto que los acobijados por la JEP tengan beneficios de justicia transicional sin decir la verdad y que hoy, el Presidente que fue elegido para gobernar por ocho años, el Senador más votado, el Gobernador y el Alcalde de Medellín que enfrentó el terrorismo sea juzgado. Qué paradoja que tengamos que ver cómo cabecillas de este grupo subversivo, terrorista, salgan a apoyar decisiones de la Corte, como lo hizo Carlos Antonio Lozada cuando deberían ser ellos los llamados a rendirle cuentas a la justicia. Qué paradoja.
