Todos los colombianos incluyéndome queremos la Paz en nuestro país, pero no la Paz que se quiere construir pretendiendo y quizás logrando, arruinar o destruir muchas de nuestras instituciones. El Acuerdo de la Habana, desconoce abiertamente el funcionar de nuestra Justicia. Ella es quien debe enjuiciar a los autores de crímenes atroces y de lesa humanidad. Crear una justicia transicional, que en su conformación participarán organizaciones o personas foráneas, una que incluso ya expresó la no aceptación como ocurriera con el Papa, es desconocer la conformación y División de las Ramas del Poder. La Justicia, si bien tiene y adolece de defectos o fallas, son susceptibles de corregirse, pero siempre entre nosotros, no renunciando a la soberanía.
Es obligatorio reconocer y abonar el esfuerzo y trabajo impulsado por el equipo negociador del Gobierno en cabeza del Dr. Humberto De la Calle y del Dr. Sergio Jaramillo, también lo es que el cinismo en sus declaraciones finales y la permanente mentira de los voceros de las Farc, no les hacen creíble en sus verdaderas intenciones. Menos es de recibo la ofensa del Señor Presidente de que formuló la pregunta “porque le da la gana”. Todos los colombianos merecemos respeto. El señor Presidente no debe olvidar que como funcionario público que es, solamente puede hacer lo que por ley le está permitido. En consecuencia, sus palabras abusivas propias de monarcas del pasado, denotan su personalidad al mejor estilo castrista, propio del tirano que recientemente celebrara su cumpleaños 90. El Presidente de Colombia no está por encima de la ley; por el contrario debe a ella respeto y sujeción. Tanto la ley expedida por el Congreso de la República que establece el marco del Acuerdo y la reciente sentencia de la Honorable Corte Constitucional que le prohibió el uso de la palabra o expresión Paz en la consulta. Al hacerlo en forma abusiva, no queda duda su maquiavélica intención de inducir en error al futuro votante.
Sea lo primero indicar que he leído el Acuerdo de la Habana, que se espera firmar el próximo 26 de septiembre por las Farc y el Gobierno Nacional en la ciudad de Cartagena, pues se sabe que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no aceptaron que fuera en la sede de la ONU, en un claro ejemplo de razonabilidad; lo primero es que su textura literaria se asemeja más a un plagio al mejor estilo venezolano, que no es otra cosa, que maltratar el hermoso idioma castellano.
Mis pensamientos que he estampado por escrito y comparto con mis amigos y familiares, lo hago con un ánimo desprevenido, convencido que al registrar mis reflexiones espero también conocer las de ustedes y de esta forma, el próximo dos de octubre depositar el voto con pleno convencimiento y razones objetivas en lo que se cree y se espera alcanzar. Es demasiado lo que va a decidirse, nada más y nada menos que el futuro del país.
Leídos los seis capítulos del Acuerdo: 1) Reforma Rural Integral; 2) Participación política; 3) Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas; 4) Solución al problema de las drogas ilícitas; 5) Acuerdo sobre VÍCTIMAS y 6) Acuerdo relativo a los mecanismos de implementación y verificación; por los argumentos que expondré a continuación, llegue a la conclusión que debo votar por el NO.
El Acuerdo, de buenas a primeras, convierte a los negociadores tanto los del Gobierno como los de las FARC en clarísimos constituyentes quienes pretenden modificar nada más ni nada menos la Ley de Leyes, nuestra CONSTITUCION NACIONAL, que tiene sus raíces y antecedentes de la otrora de Nuñez de 1886 y la actual del Gobierno Gaviria de 1991. No es cualquier ley es la Constitución de la Republica de Colombia. Ellos, los subversivos de las FARC, son quienes en su largo trajinar de violencia y muerte por más de cincuenta años la irrespetaron; por lo que no puede ser de recibo ni tiene presentación ni ser aceptado que sean quienes la modifiquen y cambien. Esa labor le compete al Congreso o a lo sumo a una Asamblea Nacional Constituyente designada por y para el pueblo.
Soy abogado. Al escoger esta profesión en mi época de estudiante lo hice y lo sigo creyendo en la primacía de la Justicia. Los países más desarrollados en el mundo tienen en ella el cimiento de su democracia y la garantía que todos los delitos que se cometan en su territorio o en el exterior pero afecten su nación deben ser juzgados, con respeto al debido proceso y garantías de los procesados. Significa lo anterior, que si bien un proceso de negociación como el que se siguió en la Habana, requiere para ciertos delitos laxitud y amnistía, no se puede aceptar, que delitos atroces y de lesa humanidad, se les dé un manejo que garantiza en sus autores y determinadores la más absoluta y aberrante impunidad.
No puedo jamás olvidar masacres de las Farc como la de Bojayá. Atentados ruines y miserables como el del Club El Nogal. Reclutamiento de menores con abusivas prácticas sexuales y obligados abortos para quienes se embarazaran. La masacre de la familia Turbay Cote. El secuestro, delito abominable utilizado como instrumento de financiación aberrante. Las bombas contra las estaciones de policía o cuarteles de nuestras insignes fuerzas militares. NO estos crímenes atroces que llenan de tristeza y dolor a miles de familias colombianas, en manera alguna pueden ser perdonados e indultados. Los cimientos futuros de Colombia no pueden tener en esa oprobiosa impunidad las raíces sobre las que se construya un nuevo país. Será un cimiento endeble que invita a las generaciones futuras a creer que delinquir paga. Ética y moralmente es inadmisible.
Comparto por completo lo señalado recientemente Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional que enfatizó el pasado primero de septiembre de 2016: “El acuerdo de paz reconoce el lugar central de las víctimas en el proceso y sus legítimas aspiraciones de justicia”. Ese es desde luego la esperanza del país pero no es clara esa posibilidad en el Acuerdo y menos en el proyecto de ley de amnistía que se anuncia.
De buena fuente se sabe que la guía que se siguiera en las deliberaciones de las Farc en la Habana es el libro “El pensamiento de Marx en el Siglo XXI” Memorias del Primer Seminario Internacional, El Capital 150 (aniversario (1.867-2017), Magda Rivera Monsalve (Editora), que fuera repartido en cajas a todos los que allí estuvieron representando a las FARC o acompañándoles, lo que ya deja conocer que espíritu es el que anima a los negociadores de la subversión.
En este marco socialista, marxista por no decir totalitario como también se conoce es que se construye el primer punto de la agenda. Hay buenas e intencionadas disposiciones pero en suma registran total desconocimiento de la ausencia y presencia del estado en esas zonas apartadas de las grandes ciudades. Fui criado en una familia de agricultores dedicada por siempre a la explotación del café y la ganadería. He visto y soy testigo de ello que el modelo productivo cafetero que hizo grande el café que lleva orgullosamente el nombre de nuestro hermoso país, “café colombiano”, no se dimensiona en su importancia. El centro del país el viejo Caldas, Antioquia, el Valle, Cundinamarca, la Costa y Boyacá son modelos de participación campesina en el sector productivo nacional. El modelo agrícola propuesto tiene la grave falla, que por ausencia de infraestructura no es viable ningún proyecto productivo. Sin vías férreas, fluviales carecen de puertos y sin carreteras adecuadas no llega ningún desarrollo posible. La reforma agraria no da espera.
De las acertadísimas propuestas para el campo lideradas entonces por el insigne conservador que hoy tanta falta nos hace, como fuera el Doctor Alvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d.) y antes incluso desde la época de su padre, el país reclama con urgencia una reforma rural e integral. Creo sinceramente que el modelo Zidres es un primer comienzo pero el Acuerdo no lo incluye ni tiene en cuenta. El estado esta y tiene la obligación de mejorar y adecuar la infraestructura. De no hacerlo no hay reforma que valga. Mi propia experiencia en los hermosos llanos orientales, frontera agrícola de Colombia y lo será para buena parte de los países del continente requiere un modelo productivo en el que concurra el capital, el estado y los trabajadores del campo. Esa integración, ese equipo, es la verdadera respuesta. No se puede de tajo desconocer el gran esfuerzo que hemos hecho por llevar desarrollo a esas apartadas regiones del país que, ahora vía impuesto predial o ausencia de una adecuadas explotación se conviertan en argumentos para quitar la legitima propiedad y posesión de sus titulares. No se trata de hacer como lo hace el acuerdo un futuro reparto al estilo de los cabildos indígenas que hoy en proporción, cada uno de ellos, tienen más de mil hectáreas para cada individuo, en tierra totalmente dejadas por no decir abandonadas. Ese modelo fracasó y el Acuerdo parece inspirarse en parte en el mismo, correrá similar suerte.
Regalar por regalar como lo pretende el Acuerdo es fomentar la pereza y hacer que los adjudicatarios gratuitos del mañana, se valgan de cualquier medio para ceder los terrenos y no explotarlos. Adjudicaciones en el pasado provenientes de extinciones de dominio han corrido similar suerte. Asusta y preocupa como veladamente se pacta la expropiación, de la que conocemos en el vecino, país los abusos con ella cometidos.
La participación en política es el segundo punto del Acuerdo. En el mundo y en general todos los procesos de Paz deben indefectiblemente concluir con esta posibilidad. Es desde luego la forma de acogerse a la normatividad vigente de cada país. Hasta allí no hay problema; pero la participación en política debe conjugarse en ¿qué clase de actor podrá ser integrante del Congreso de la República? Serán 5 curules para el Senado de la República y quince en la Cámara de Representantes, por efectos de la aplicación de las jurisdicciones especiales que les concede 10 curules en la Cámara y cinco en el Senado.
Obligatoriamente el punto debe conjugarse con el de justicia. Las generaciones futuras no podemos entregarles el mensaje que al Honorable Congreso de la República llegan por efectos del Acuerdo y futura elección, personas vinculadas con crímenes de lesa humanidad. Sólo estar indagado en los copiosos expedientes que se tienen de los subversivos, les hace imposible participar en política, por razones éticas y morales y desde luego legales por aplicación de principio universales de Derecho Internacional.
Los expedientes que vinculan a los Alias Timochenko, Marcos Calarcá, Iván Márquez, El Paisa y otrora Tirofijo, Alfonso Cano y Raúl Reyes, con crímenes atroces son abrumadores. Baste ver las cuantiosas órdenes de captura levantadas para habilitarles su viaje a la Habana. Ellos y tanto otros subversivos que les acompañan han sido agentes determinadores y ordenadores de tantos crímenes, que cínicamente expresen que “no tienen nada de qué arrepentirse”; o aquella frente al reclutamiento de niños expresen ofensivamente como lo registrara alias Jesús Santrich que pareciera que de ciego no tiene nada, indicando que los niños reclutados por la Farc, están es en “protección”; son nuevas ofensas a las víctimas, que hacen que bajo ningún precepto puede ocupar curules en el Congreso.
Confieso sinceramente que el punto tres Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas si fuera el único en votarse en el plebiscito tendría asegurado el si en mi voto. Aplaudo que Colombia hoy registre un Cese al Fuego. Eso merece ser reconocido al Señor Presidente por su persistencia y empeño. La dejación de armas con la intervención de la ONU, una vez se cumpla y sea debidamente auditada, es el gran y significativo logro del Acuerdo de la Habana. Llego desde luego la hora de silenciar definitivamente los fusiles y tratar todos los temas por difíciles que sean mediante el diálogo caracterizado por el respeto y la tolerancia.
El cáncer que mina a Colombia y afectó generaciones por el facilismo, el dinero fácil y la violencia a como diera lugar es el narcotráfico. El punto cuarto que se presenta como “Solución al problema de las drogas ilícitas” es francamente reprochable en el tratamiento que dispensa. Los negociadores se empeñaron en todo el tiempo dedicado a este punto, a solicitar un imposible que el narcotráfico sea conexo con el delito político. Las FARC hoy son catalogadas como el primer narcotraficante del mundo. Hoy en el Gobierno del Doctor Juan Manuel Santos los cultivos ilícitos se han expandido desde que incluso con la prohibición por aspersión con glifosato, se pasó a la erradicación manual de los cultivos prohibidos. Si hay en el derecho penal un crimen que amerita el rigor y aplicación de la ley es la empresa criminal del narcotráfico. Esa droga maldita que tanto daño le hace a quienes la consuman, cambio la suerte del país. Por el fueron inmolados destacados líderes. Vienen a mi memoria políticos Rodrigo Lara, Luis Carlos Galán. Periodistas como el Director del Espectador Guillermo Cano Isaza y su abogado Héctor Giraldo Gálvez. Juristas probos y jueces inmolados como el exministro de justicia Enrique Low Murtra; policías destacados como el Coronel Jaime Ramírez Gómez, héroe de la policía antinarcóticos, y tanto otros buenos servidores, jueces, policías y militares que no podemos de buenas a primeras dejar en el olvido. El arraigo y la defensa de aquellos que todo lo entregaron por nosotros reclama Justicia y ante todo, protesta por pretender dar en ese Acuerdo una conexidad inexistente a un delito execrable que llena de miseria, a quienes lo practican.
Quienes ofrendaron sus vidas por perseguir este delito no merecen ser ofendidos con ese servil tratamiento de conexidad. Hoy la nueva fiscalía confirma que existen grandes capitales de las FARC en el exterior; dineros producto del narcotráfico, extorsión y secuestro. NO es como a veces se dice que con ese dinero deben resarcir sus víctimas. NO, lo maldito de ese dinero manchado de sangre no puede ser objeto de reparación, debe ser siempre objeto de extinción que es lo que más les duele a los narcotraficantes de profesión, o subversivos por financiación en su actuar delictivo. La no extradición de los subversivos es una concesión reprochable. Si algo es claro hoy en Colombia es el gran temor que se le tiene a la extradición porque saben que en los Estados Unidos si se aplica con rigor la Ley y la Justicia. Ejemplo del respeto es que Obama quiso pero no pudo por la exigencia de su país de pretender firmar el Acuerdo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. La justicia allí aún mantiene la calificación de terrorista al grupo subversivo de las Farc y no está en nada de acuerdo con el tratamiento de conexidad que se pretende imprimir al narcotráfico. Eso es actuar y obrar con altura y respeto a sus propias instituciones y a las de otros países.
El punto que más me ofende del Acuerdo es el quinto que se refiere a las VICTIMAS. A lo largo del extenso capitulo no hay una sola alusión a aceptar lo equivocado en el actuar pasado. No creo que se trate de pedir PERDON como tanto se indica en redes y pronunciamientos. El perdón solo puede ser otorgado por quien realmente tiene ese poder de conocer los corazones de las personas y la sinceridad de sus manifestaciones. Ya sabemos quién es el único que puede hacerlo.
Hoy frente a las Victimas infiero que hay dos. El país entero y las gentes afectadas con el actuar delictivo que perdieron muchos de sus seres querido por el actuar sangriento de la guerrilla. Otros quedaron de por vida con secuelas frutos de minas quiebrapatas, bombas y balas. Muchos otros perdieron considerables bienes. Fueron sometidas a la ignominia. Les ocuparon predios, les acabaron el ganado y cosechas, les quitaron sus bienes y peor aún los desplazaron y sacaron de sus territorios ascentrales. Esas son víctimas reales que tienen todo el derecho de exigir y clamar JUSTICIA. No, no basta el perdón. Es crucial la Justicia y la reparación.
Hay otra clase de victimas que llamo cómodas u oportunistas. Son aquellas que en carne propia no han sufrido los rigores de la violencia y de cómodas poltronas se pronuncian en las redes y blogs y en un sinnúmero de artículos hablando por las víctimas, exaltando la voluntad de paz de la subversión y en otros casos difundiendo testimonios de víctimas afectadas por el ya conocido y a veces no superado “síndrome de Estocolmo”. Once años y siete meses estuvieron secuestrados los policías que defendieron al lado del entonces coronel, hoy general Luis Mendieta su estación de Policía en la sangrienta toma de Mitú. Eso no es ser víctima eso más bien es aprovechar y explotar el dolor ajeno. Que fácil hablar por las reales víctimas. ¿Cuántas se ignoran en estas conversaciones? ¿Cuántas realmente van a ser resarcidas? ¿Cuantas realmente tienen voceros que hablen por ellas? Ellas están solas y no tienen acreditados representantes que hablen por ellas.
No creo y me parece quizás hasta tonto solicitar se lea cuidadosamente el ACUERDO. Los colombianos no leemos. Siempre por lo general nos damos de sabedores. Baste ver cuando se desempacan los electrodomésticos y corremos a instalarlos. Cuando no funcionan si concurrimos a la lectura de las instrucciones o a llamar al técnico para que lo instale. Aquí frente al Acuerdo habrá muchas versiones e interpretaciones. Lo importante es seguir de cerca las deliberaciones y foros que con altura y respeto traten los temas apartándose de eventos amarillistas y sensacionalistas. Evaluar es crucial pero más aún es votar a CONCIENCIA.
Estas reflexiones están llamadas a formar esa opinión. Soy del criterio que en cualquier jornada electoral y especialmente en esta, es mucho lo que se decide. Al momento de depositar su decisión, debemos hacerlo pensando en nuestro país, en sus gentes, en el futuro que se merecen nuestros hijos y nietos y su descendencia; en vivir en una Nación en la que prime el respeto, la autoridad, la tolerancia y una adecuada distribución de sus recursos; en fin, en un país en el que cesen los mayores males que le aquejan como son la corrupción y el narcotráfico.
Por Bernardo Henao Jaramillo
CC No. 10.235.931
