• Bogotá estaría en inminente riesgo de desbordar su capacidad y recursos en la atención de esta población. Los Centros de Movilidad Segura no deben ser simplemente un intento superficial por parte de Colombia, se requieren esquemas y recursos sólidos para brindar esta atención de manera efectiva.
• Es irresponsable por parte del Gobierno la apertura de estos centros cuando la estructura y asignación de recursos por parte del Ejecutivo para atender a la población migrante no están claras, ni definidas, ni concertadas con la administración de la Capital.
En un mundo cada vez más conectado, la migración se alza como un desafío universal que exige respuestas a la altura. Dentro de este panorama, los Centros de Movilidad Segura emergen como una posible arma de doble filo en la gestión migratoria. Con tintes de potencial solución, pero oscurecidos por carencias críticas, surge la interrogante: ¿son realmente una vía hacia la regulación migratoria o más bien un intento superficial en medio de la creciente ola migratoria?
En Colombia, nación de tránsito y destino para numerosos migrantes, la migración desordenada ha dejado una marca indeleble en sectores vitales como la salud, educación y seguridad. En este escenario, los Centros de Movilidad Segura asoman como una oportunidad, pero la simple creación de estas instalaciones no basta. La pregunta incómoda persiste: ¿qué estrategia real respalda estos centros?
Según el Concejal Samuel Arrieta, quien aspira a llegar nuevamente al Concejo de Bogotá con el #3 por Nueva Fuerza Democrática y el Movimiento de Salvación Nacional, es imperativo reconocer que una migración sin dirección podría desembocar en el tráfico humano y en la exposición de migrantes, especialmente aquellos en situaciones vulnerables, a riesgos innecesarios. La preocupación ante la falta de claridad sobre la estructura y recursos asignados por parte del Gobierno nacional para atender esta marea migratoria es justificada y palpable.
Los Centros de Movilidad Segura, presentados como remedio y bálsamo, pueden terminar siendo un parche insuficiente si no se les dota con esquemas robustos y recursos suficientes. El riesgo es que se conviertan en una fachada tras la cual las problemáticas sigan latentes, un «lavado de cara» nacional que no aborda las raíces del asunto.
De acuerdo con Samuel Arrieta, en el ámbito local, Bogotá afronta una encrucijada. La propuesta ubicación de uno de estos centros despierta inquietudes válidas: la posible concentración migratoria en la capital podría desencadenar una sobrecarga institucional, desbordando la capacidad de atención a personas ya frágiles. El ejemplo de Nueva York resuena como una advertencia; una crisis migratoria puede destapar la carestía de apoyo federal y estatal. De manera paralela, se enfatiza la urgencia de políticas de acogida y comunicación transparente para enfrentar la resistencia y la xenofobia en la sociedad.
La migración, lejos de ser una cuestión unilateral, requiere un abordaje integral y coordinado. Colombia debe forjar políticas migratorias sólidas que no solo prevengan crisis humanitarias sino también fomenten flujos migratorios regulados y mutuamente beneficiosos. En esta travesía, la colaboración nacional se revela esencial, así como un enfoque inequívoco en los derechos humanos de los migrantes. La responsabilidad no descansa solo en los hombros del gobierno central; las autoridades locales, la sociedad civil y la comunidad internacional también tienen una voz que debe resonar.
La hora de la acción es ahora. No basta con promesas vagas ni con enfoques a medias. La migración clama por respuestas contundentes, estrategias holísticas y una verdadera voluntad de cambio. Los Centros de Movilidad Segura pueden ser un punto de partida, pero su éxito radica en la genuina determinación de afrontar la crisis migratoria con recursos y capacidad administrativa, y mucho de esto depende de que el Gobierno Nacional no delegue la función sin las herramientas y recursos necesario para ello.
