La Asociación Red Nacional de Veedurías Ciudadanas (Redvigila) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Adriana Silvia Otero García, juez Tercero Civil del Circuito de Montería (Córdoba), por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.
Según la veeduría, la funcionaria habría incurrido en decisiones “manifiestamente contrarias a la ley” al negar un recurso de apelación dentro del proceso ejecutivo promovido por Funtierra Rehabilitación IPS S.A.S. La denuncia señala que, tras haber sido corregido un auto previo, el artículo 322 del Código General del Proceso establece que la apelación debe concederse automáticamente, situación que —según el denunciante— no fue respetada.
Redvigila sostiene que la negativa de la juez podría configurar presuntos delitos como prevaricato por acción, prevaricato por omisión y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, además de afectar el acceso a recursos judiciales y generar posibles perjuicios sobre recursos públicos de la Secretaría de Salud del Departamento de Córdoba.
El documento, radicado por el veedor nacional Luis Eduardo de la Hoz López, solicita a la Fiscalía abrir una investigación formal, recaudar el expediente completo y tomar declaraciones a las partes involucradas.
Hasta el momento, la juez Otero García no se ha pronunciado sobre las acusaciones, y el caso quedará en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si existe mérito para avanzar hacia una imputación.
