Por Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
La falta de esmero, honradez y responsabilidad en el manejo económico, y particularmente en el fiscal, siempre pasa su cuenta de cobro, no sólo en la fama o crédito de una nación, sino en la calidad de vida de sus ciudadanos.
El despilfarro, el aumento desproporcionado de burocracia, los errores administrativos, algunos admitidos por el economista que dirige el país (desbalance entre el presupuesto de 2023 respecto al de 2024), el pésimo comportamiento de las finanzas públicas en 2024 y la rampante corrupción, son algunos de los motivos que están llevando al traste a la regla fiscal, condición que un país debe cumplir respecto a la relación que existe entre recaudación y gasto. Este gobierno está gastando más de lo que tiene y puede, su ideología le impide valorar la estabilidad financiera de la nación.
Y para resolver esa crisis lo único que se le ocurre es aumentar la carga impositiva, cuando sabido es, que los nuevos impuestos y los aumentos en las tarifas de los ya existentes, generalmente desembocan en la caída del recaudo. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, dejo conocer que el Gobierno Petro buscará sacar adelante una nueva reforma tributaria en el Congreso de la República, luego del hundimiento, en diciembre de 2024, de la ley de financiamiento. Y, ahora, con la declaratoria de conmoción interior, pretende sumarle una nueva reforma tributaria, en vez de avanzar hacia un manejo más ordenado de las cuentas públicas.
Así, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha anunciado la implementación de tres nuevos impuestos temporales bajo el estado de conmoción interior, con el objetivo de recaudar más de un billón de pesos, para atender la crisis en el Catatumbo. Estos impuestos son:
El IVA a los juegos de azar en línea con una proyección de recaudo de cerca de 514 mil millones de pesos.
La sobretasa a los sectores minero y petrolero, consistente en una contribución especial de 1% sobre las exportaciones con la expectativa de recaudar cerca de 214 mil millones de pesos.
Un impuesto adicional a los servicios notariales, más conocido como timbre, de 1% sobre el valor de las escrituras en todos los trámites incluyendo los de matrimonio, divorcio y separación de bienes. Se estima que el recaudo sería de 330 mil millones de pesos.
Todas estas descabelladas iniciativas espantan la inversión extranjera y desmotivan al sector productivo.
Es grave esta enloquecida escalada de impuestos que se acerca ya a la confiscación, la cual está prohibida en la Constitución, en cuando que las personas no pueden ser despojadas de la totalidad de sus bienes o de una parte considerable de ellos.
La excesiva carga tributaria ocasiona inseguridad jurídica, impide que las personas y las familias dispongan de mayores recursos y que las empresas sean más competitivas.
Además, cuando se imponen nuevos tributos temporales se corre el riesgo que se hagan permanentes, como ocurrió con el 2 por 1000. Se desincentiva la inversión en los sectores afectados, en este caso petrolero y minero y así se afecta la competitividad y también el crecimiento económico.
La ciudadanía no puede ya con tanto impuesto. El 1% en los trámites notariales afecta a un amplio sector de la población. El gravamen a las exportaciones de petróleo y carbón desincentiva las ventas al exterior y afecta la balanza comercial.
En cuanto a los temas de evasión y elusión (evitación) puede decirse que a mayor carga de impuestos habrá mayor evasión, lo que puede generar regresividad en la economía.
No es necesaria una reforma tributaria si se hace fiscalización y auditoría pero no a los contribuyentes de siempre sino a los que no lo son estando obligados. Los contribuyentes ya conocidos son, parodiando la industria ganadera, los que se mantienen en el corral. Hay que ir a buscar los evasores en el potrero.
Se ha avanzado algo con la facturación electrónica y el intercambio de información financiera.
Desde que se dio comienzo a los procesos de normalización tributaria se demostró que los intercambios y acuerdos internacionales entre países son efectivos para detectar cuentas y activos ocultos en el extranjero (como el CRS de la OCDE). Estos frentes deben afianzarse.
Se debe estudiar a fondo la Bancarización obligatoria con el fin de fomentar pagos electrónicos y, así poco guste, limitar el uso de efectivo.
Estudiar medidas para incentivar las denuncias a los evasores contemplando un plan de incentivos a los informantes serios. Es conocida la existencia de algunos países que premian a quienes denuncian esquemas de evasión fiscal de alto impacto.
La elusión o evitación fiscal consiste en el uso de lagunas legales para reducir el pago de impuestos sin violar la ley, pero aprovechando vacíos normativos. Para combatirla, se han implementado medidas como:
Reglas contra la subcapitalización: Limitar la deducibilidad de intereses para evitar que empresas transfieran beneficios a jurisdicciones de baja tributación. Normas de precios de transferencia: Regular cómo las multinacionales asignan precios entre sus filiales para evitar manipulación en la distribución de ingresos y gastos. Transparencia en paraísos fiscales: Listados de jurisdicciones de riesgo y sanciones a empresas que operen en ellas sin justificación real. El manejo de los Panamá Papers es una demostración que funciona
Los impuestos desbordados son la ruina empresarial y ciudadana. En Colombia ante esta escalada tributaria y cambios de reglas lo que se está logrando es erosionar la confianza y hacer que muchas personas cambien su residencia fiscal a otros países que no tengan esos niveles altos de tributación. Hay que ver como se están fortaleciendo Panamá y Uruguay.
