Por Rafael Nieto Loaiza
De la adicción tuitera de Petro y de su uso como instrumento de manipulación sabemos todos. Un trino del pasado viernes, sin embargo, rebasa todos los límites y debe despertar todas las alarmas. Petro dice que a) hay una «ruptura institucional” porque la Procuraduría suspendió al Canciller y porque “la fiscalía investiga al presidente”, b) que «se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente”, c) que “sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del Presidente del cargo elegido por el pueblo”, d) que “no es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como ‘el ñeñe’ que la del sindicato de maestros”, e) que hay una “toma mafiosa de la fiscalía” y que f) solicita “al pueblo la máxima movilización popular”.
Petro no aporta una sola prueba de sus acusaciones sobre la supuesta toma mafiosa de la Fiscalía ni dice quienes son los narcotraficantes, criminales de lesa humanidad y corruptos que buscarían su salida. Tampoco dice quienes han sido los que habrían sido torturados ni quienes los torturadores ni quienes los testigos ni los que habrían ejercido “presiones” sobre ellos. La acusación sin nombres ni pruebas, sin embargo, es un abierto ataque contra la Fiscalía que constituye, ese sí, una ruptura institucional que, excepto el golpe de Rojas Pinilla, jamás habíamos vivido, y que debe sumarse a la abierta negativa de Petro a cumplir su obligación de separar del cargo al Canciller suspendido por la Procuraduría, suspensión hecha en ejercicio de sus funciones constitucionales de control disciplinario sobre funcionarios nombrados que nadie, excepto Petro, cuestiona.
Por otro lado, Petro participó en la planeación del asalto del Palacio de Justicia, financiado por Pablo Escobar y, según los militares que lo capturaron semanas antes, fue también con dinero de los narcos que impulsó Bolívar 83, el barrio de invasión que era la avanzada política del M19 en Zipaquirá. Está probado también que alias Sobrino y su mujer aportaron a su campaña en Casanare y que Petro y la Colombia Humana se movilizaron en los aviones de SADI, la compañía tolimense de aviación metida en el lío de la coca incautada en Providencia. Su hijo confesó que recibió dinero del Hombre Malboro y que parte del mismo ingresó a la campaña. Y su hermano que las elecciones se ganaron por el apoyo de criminales con los que se reunieron en las cárceles.
Además, Petro y su gobierno suspendieron las fumigaciones de narcocultivos, redujeron 76% los grupos de erradicación y rebajaron el 50% su presupuesto; financiaron asambleas de cocaleros; sus congresistas y funcionarios, entre ellos el director de la DIAN, han propuesto la legalización no solo de la coca sino de la cocaína; defienden desde Cancillería a narcos como Santrich; y pretendieron la liberación de extraditables capturados, solicitaron la suspensión de la captura de otros mafiosos y han paralizado las acciones ofensivas de la Fuerza Pública contra grupos de narcos puros con el pretexto de la «paz total”. Como resultado, los narcocultivos saltaron 230.000 hectáreas en 2022 a 320.000 en 2023, un 39% más. De manera que quienes han tenido nexos con mafiosos y los han beneficiado son Petro, su familia y su gobierno.
En cuanto al Ñeñe, Petro miente. Y también acá ataca la institucionalidad, en este caso a la Corte Suprema que, en sentencia del 03 de noviembre de 2022, dijo que «más allá de afirmaciones vagas, generales y en ocasiones desproporcionadas, nunca confirmadas por pruebas […] no se cuenta en el expediente con ninguna prueba certera de la presunta participación de Hernández en la campaña”.
En cambio, de lo que no hay duda es de que en la de Petro se violaron los topes en gastos y se recibió financiación no declarada. La lista va desde los pagos de testigos electorales y de los asesores internacionales hasta los aportes de alias Sobrino y del Hombre Malboro, Gabriel Hilsaca y Euclides Torres, los 15 mil millones de Benedetti y los 500 millones de FECODE que, prohibidos y probados de varias maneras distintas, deslegitiman la elección de Petro y enredan tanto a Ricardo Roa, su gerente de campaña, como a Dagoberto Quiroga, entonces director de Colombia Humana, y a los dirigentes sindicales que se prestaron para la triangulación y la trampa. Por cierto, investigar penalmente a esas personas, no a Petro, es obligación de la Fiscalía. Como lo es la de trasladar al CNE y a la Comisión de Acusaciones los resultados de esas investigaciones.
Y eso es lo que tiene muerto del pánico a Petro. Por un lado, porque el art. 109 constitucional establece inequívocamente que el hecho probado de “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas […] será sancionada con la pérdida de la investidura o del cargo”. Basta con la comprobación del hecho objetivo de la violación de los topes para que tal perdida se produzca, con independencia de la responsabilidad penal que también pueda haber. Por el otro, porque el margen de la Comisión de Acusaciones, otrora todo poderosa en estas materias, es nulo. Probada la violación de los topes, está obligada a proceder contra Petro. Si además hay indicios de vulneración del Código Penal, tendrá que activar el procedimiento establecido en la Constitución para el juicio penal al Presidente.
Lo que protege a las instituciones es el cumplimiento de la Constitución y de la ley, no la defensa de la permanencia de Petro en el poder en contra de las evidencias. Su autovictimización, sus ataques a la Suprema, a la Fiscalía y a la Procuraduría, y su invitación a la “movilización popular» muestran una ruta similar a la de Pedro Castilla, la del autogolpe. O al menos el desconocimiento flagrante de la institucionalidad democrática. En ambos casos, me temo, el resultado será el mismo que en el Perú: la salida del cargo y, todo parece indicarlo, la cárcel.
