Por Rafael Rodríguez-Jaraba
La mayoría de los ambientalistas abusan de la retórica y carecen de pragmatismo; pero sus posturas apasionadas y hasta delirantes, no ofenden, por el contrario, despiertan grata simpatía. Infortunadamente, sus prédicas líricas y empíricas de poco o nada sirven para prevenir, abatir y mitigar el daño del Medio Ambiente en su conjunto, y dentro de él, a las Especies Vivas, Los Recursos Naturales y El Clima.
A la emotiva pero vacía prédica ambientalista, se han sumado de manera oportunista, demagogos y populistas regresivos como Gustavo Petro, quien se ha especializado en propalar obtusas ocurrencias y disparatados repentismos en cuanto a sostenibilidad ambiental y transición energética, para con ello intentar darle, progresismo a sus anacrónicas concepciones económicas, y, buscar mimetizar sus limitados conocimientos en materia de sostenibilidad, progreso y desarrollo.
Pero, la conservación del planeta requiere, más que de fervorosos ambientalistas, apasionados activistas y demagogos populistas, de científicos, investigadores y académicos, que propongan soluciones útiles, prácticas y eficaces en favor y defensa del equilibrio ambiental, en orden a preservar la biodiversidad, así como para rectificar el proceso de desarrollo, de manera que el progreso sea racional y sostenible.
En materia legal, son muchas las Constituciones que se han promulgado con clara vocación ambientalista, como lo es la de Colombia, y, en desarrollo de ella, son varias las sentencias, y cientos los decretos, resoluciones, reglamentos, circulares y directivas que se han promulgado para preservar el medio ambiente, por lo que su degradación no es por falta de normas en favor de su protección, sino porque la mayoría de ellas, no se observan ni acatan, y las autoridades poco o nada hacen para que se cumplan.
A la aguda problemática ambiental que padecemos, se suma un elemento que por lo general los ambientalistas eluden, como son los cultivos ilícitos, los que aumentan de manera exponencial y causan la deforestación de cientos de miles de hectáreas en selvas, bosques, reservas naturales y hasta en parques nacionales, al igual que, el uso de precursores y desechos químicos que envenenan las aguas, aniquilan especies vivas y afectan gravemente la salud de las personas que luego se sirven de ellas.
Igual sucede con la minería ilegal, que ha desbordado la capacidad del Estado para reprimirla, altera y destroza la geografía, y causa daños irreparables en las cuencas hidrográficas y en sus riveras.
Lo anterior hace obligante, la inclusión de estos dos factores en cualquier estudio o diagnóstico serio que se quiera hacer, sobre las causas objetivas que originan el gradual deterioro ambiental que sufrimos.
Ante esta tragedia en aumento, no se entiende, como el uso del glifosato, que es el herbicida más usado y eficaz en el mundo civilizado para erradicar la maleza y los cultivos ilícitos, este restringido por absurda sentencia de la Corte Constitucional, máxime, si en el mercado colombiano se ofrecen más de un centenar de herbicidas aprobados que contienen glifosato.
Tampoco es comprensible que el glifosato se aplique en cultivos de caña y arroz mediante aspersión por vía aérea, y de manera mecánica o manual y focalizada en cultivos de banano, café, cacao, flores, frutales y hortalizas, entre otros, pero que esté prohibido su uso mediante aspersión aérea en cultivos ilícitos. En suma, en Colombia se permite el uso de glifosato para proteger cultivos lícitos, más no para destruir cultivos ilícitos. ¡Qué despropósito más perverso!
No hay duda que los mayores depredadores en Colombia son los cultivos ilícitos, los que cuentan con el favor del Estado a partir del nefasto gobierno Juan Manuel Santos, y los que ahora y durante lo que queda del desgobierno Petro, de seguro aumentarán dado su dislocado anuncio de comprar las cosechas de coca.
Los daños ambientales que causan los cultivos ilícitos son difícilmente reversibles, y, aparejado a ellos, aumenta la cadena de factoría de narcóticos, la violencia y la criminalidad, y la perdida de gobernabilidad del Estado sobre vastas zonas de la geografía nacional.
Por fortuna, el avance en la transición energética y el mantenimiento de la sostenibilidad ambiental, no depende de parlanchines ni demagogos como Gustavo Petro, tan solo depende de científicos, investigadores, académicos y, principalmente, de estadistas.
Prueba de lo anterior, es la emisión y circulación de los Bonos de Carbono o CER (Certificados de Emisiones Reducidas) y de los Bonos Verdes; títulos valores que vivifican las propuestas de la Conferencia de Estocolmo, el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París, entre otras cumbres ambientalistas, y materializan la vieja aspiración mundial de crear mecanismos prácticos para combatir la contaminación, disminuir las emisiones nocivas y detener el calentamiento global.
La creación de los CER y los Bonos Verdes, se fundamenta en la noción jurídica que establece que, la emisión de dióxido de carbono genera un valor adverso al medio ambiente que es medible y negociable a precios de mercado. En consecuencia, quien contamine debe pagar por ello y quien no lo haga o deje de hacerlo, puede obtener un ingreso. En esencia, el activo subyacente que respalda la emisión de los CER y de los Bonos Verdes es el ahorro en términos de contaminación.
Para regular la emisión de los Bonos de Carbono, la disminución de la contaminación se mide en toneladas de dióxido de carbono y se convierte a CER a razón de un CER por cada Tonelada de CO2 que se deje de emitir.
Los CER se emiten en proporción a la reducción en la contaminación y son adquiridos por las empresas que insisten en aumentarla. Son fuente de, nuevos ingresos para las empresas que optan por los llamados procesos limpios de producción y de aumento de costos para las contaminantes. Desde la perspectiva fiscal, los CER son un ingreso para unos y un costo no deducible para otros.
A su vez, los Bonos Verdes se destinan a la financiación o refinanciación de proyectos verdes, como son, la inversión en activos sostenibles y socialmente responsables en diversas áreas como conservación de páramos, mantenimiento de reservas forestales, generación de energía renovable, transporte limpio o manejo responsable de residuos.
Reconforta que, durante el Gobierno del presidente Iván Duque, la nación haya iniciado su transición y diversificación energética, y definido su política de sostenibilidad ambiental, al punto que, por primera vez en su historia, Colombia se ubicó entre las cinco (5) primeras naciones del escalafón mundial que mide las Condiciones de Transición Energética (Climatescope), elaborado por Bloomberg NEF, logrando avanzar nueve puestos durante el Gobierno Duque.
Este señalado logro en parte se obtuvo, por el establecimiento e implementación de un sistema de subastas de energía limpia, que hace seguimiento a las tendencias de la transición a una economía con bajas emisiones de carbono. No en vano, algunos llaman al expresidente Iván Duque, Pionero de la Transición Energética y de la Sostenibilidad Ambiental.
Tal y como hace más de 10 años lo advertí en mi columna de revista Semana, el sector productivo cada día estará más gravado con nuevos tributos, que serán ponderados entre la capacidad para contaminar o la responsabilidad ambiental para evitarlo.
Ojalá que, durante el COP16, más que escuchar predecible retórica y viejos y fatalistas diagnósticos, se propongan soluciones reales y alternativas eficaces, para conjurar la tragedia ambiental que vivimos, como serían, entre muchas:
- Cumplimiento de las sentencias ambientales proferidas por las Altas Cortes.
- Aumento de recursos para financiar Bonos de Carbono y Bonos Verdes.
- Adjudicación de tasas preferenciales en créditos destinados a la ejecución de obras de infraestructura que disminuyan la emisión de CO2.
- Deducción temporal de ingresos sobre la renta, en un valor equivalente al de las inversiones realizadas en la construcción de lagunas de oxidación, plantas de tratamiento de aguas residuales y en la sustitución de insumos o materias primas de especies vegetales condenadas a desparecer.
- Incorporación obligatoria de la asignatura “Biodiversidad y Sostenibilidad Ambiental”, en los programas de educación básica primaria.
- Aumento de recursos y acciones para la erradicación de la minería ilegal.
- Erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea controlada y su sustitución mediante ayudas gubernamentales de carácter temporal.
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mag. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Catedrático Universitario.
