Por: Eduardo Padilla Hernández, abogado, presidente de Redvigila.
Columnista de Opinión
Para hablar de los Acuerdos de Paz de la Habana, me parece que hay que explicar de dónde viene el conflicto armado en Colombia.
Las guerrillas en Colombia son el producto del terrorismo de Estado.
Sus orígenes se remontan al período de conflicto civil en Colombia entre 1948 y 1953, conocido como La Violencia, que comenzó con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, candidato del Partido Liberal, seguido por las revueltas enmarcadas en el Bogotazo, según lo que está registrado en el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), un establecimiento público del orden nacional adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, creado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011.
El chulavita Guillermo León Valencia propició la creación de las guerrillas al echarle 15 mil soldados y la Fuerza Aérea a un grupo de campesinos por practicar la economía social.
Los Chulavitas, referidos también como policía chulavita, fueron uno de los grupos paramilitares de Colombia.
Eran una facción armada irregular del gobierno colombiano durante el período denominado como “La Violencia bipartidista” de los años 50.
Tenían funciones de policía secreta, y de agentes de terror al servicio del Partido Conservador, y el gobierno de turno les prestaba ayuda y financiación.
Pero semejante aparato criminal no pudo someter a los campesinos, quienes se armaron y fundaron el Ejército del Pueblo.
Luego se iban creando más guerrillas inspiradas en diversas fuentes:
Revolución rusa (Marz, Lenín, Stalin). Revolución china (Mao Tse Tung). Revolución cubana (Fidel Castro y Che Guevara). Ideología bolivariana: El M19, inspirado en Simón Bolívar, Rafael Uribe-Uribe, Jorge Eliecer Gaitán y Manuel Quintín Lame Chantre (líder indígena).
La derecha tiene un plan que está dando los resultados esperados por esa ideología fascista: Como se sabe, después de la desmovilización del EPL, el Estado procedió al exterminio de todos sus miembros, de tal manera que las disidencias restantes huyeron horrorizadas a otros países. Presuntamente, por este genocidio ya no hay guerrillas en el país. Ahora, el aparato paramilitar trabaja de dos maneras: una fracción se desliza en silencio mientras cobra vacunas y extorsiona a los ciudadanos, mientras que la otra fracción disfrazada de guerrilla hace movimientos evidentes con el fin de hacer quedar mal al presidente Petro, pues la derecha lo trata de guerrillero, aunque él se desmovilizó el 8 de marzo de 1990, hace 34 años.
Los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Ejército del Pueblo -FARC-EP-) comenzaron en el 2012, tuvieron fin cuatro años después, cuando el 24 de agosto de 2016 se llegó al término de la negociación en La Habana, Cuba, donde suscribieron 6 puntos específicos, pero 8 años más tardes no se ha realizado la Reforma Agraria Integral que transformaría el campo colombiano. Este primer objetivo afectaría positivamente al país en su totalidad, pues el campo colombiano es uno de los pilares del desarrollo económico y social.
En cuanto al punto 2, la Participación Política continúa con el vicio de la compra de votos (Ñeñepolítica), a este problema se suma el apoyo de los magnates del mercado nacional e internacional como Sinaloa y Odebrecht, entre otros, lo cual no ayuda a la apertura democrática para construir la paz. Estos vicios entorpecen el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político, y empobrecen el debate y la deliberación alrededor de los principales problemas nacionales. Así no hay las debidas garantías para la participación y la inclusión política.
En el punto 3 no existe ningún fin del conflicto, porque este punto se refiere exclusivamente a la guerrilla, pero analizando bien las cosas, en Colombia no hay guerrillas, porque si estos grupos existieran se hubieran enfrentado al Clan del Golfo cuando paralizaban a medio país con los paros armados.
El Punto 4 plantea la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, en el cual se considera indispensable promover una nueva visión en donde impere un tratamiento severo, inflexible, y al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública. Pero este punto sería más fácil de ejecutar si no hubiera funcionarios del establecimiento involucrados, como el conocido caso de un fiscal anticorrupción que resultó corrupto. Se requiere una lucha holística antidrogas con espectrometría social total desde el centro hacia la periferia.
El Punto 5 sobre Víctimas del Conflicto reconoce que el conflicto armado tiene múltiples causas, ha ocasionado un sufrimiento y un daño a la población sin igual en nuestra historia. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole y un amplio número de familias, colectivos y poblaciones afectadas a lo largo y ancho del territorio, incluyendo comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y personas en razón de sus creencias religiosas, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, población LGBTI y gremios económicos, entre otros. Sin olvidar otras formas menos visibles, pero no menos dolorosas de victimización, como la violencia sexual, las afectaciones psicológicas, o la simple convivencia con el miedo.
En este contexto deben ejecutarse con urgencia máxima los acuerdos centrales sobre:
(1) Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
(2) Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos. Para su definición, se incorporaron propuestas y recomendaciones hechas por víctimas del conflicto armado y otros ciudadanos en diversos mecanismos de participación ciudadana establecidos por la Mesa de Conversaciones.
El Punto 6 presenta la ruta para la implementación y los compromisos establecidos en términos de seguimiento, verificación y garantías al cumplimiento del Acuerdo. En este capítulo se consignan las funciones de sus mecanismos de verificación, así como los principios rectores, los colaboradores y sus roles en las distintas instancias de verificación.
Hay que reconocer que los autores del texto de los Acuerdos realizaron un trabajo minucioso que refleja la investigación y el conocimiento que tienen del dolor que ha dejado el conflicto armado en el pueblo colombiano.
Pero conozco personas que están esperando, desde hace 24 años, una reparación que nunca llega.
Como dice el adagio popular: “Del dicho al hecho ha habido mucho trecho”, porque el Acuerdo parece que tuviera un obstáculo para convertir su palabra en realidad.
