Por Rafael Rodriguez-Jaraba*
Este 26 de septiembre, se cumplen siete años de la puesta en escena de la engañosa y pomposa comedia que Juan Manuel Santos montó en Cartagena, para firmar con las Narcofarc el mal llamado “Acuerdo de La Habana”, el que nada tuvo de acuerdo, por no ser el resultado de una negociación, y sí, de la claudicación y el sometimiento del Estado colombiano a una banda criminal.
El “acuerdo”, antes que lograr y atemperar la paz anhelada por todos, ha incentivado el narcotráfico, la violencia, la delincuencia y la criminalidad, y entronizado la más cínica y desvergonzada impunidad, haciendo de la geografía nacional un vergel interminable de cultivos ilícitos y una extensa cadena de factorías de narcóticos.
No se debe olvidar, que el costoso show armado por Santos, se realizó una semana antes de la celebración del Plebiscito del 2 de octubre de 2016, en el que los colombianos, por mayoría absoluta, repudiaron, no solo, las negociaciones, sino el seudo “acuerdo”, lo que Santos desconoció y burló.
Tampoco se debe olvidar que, a ese sainete, Santos invitó a los dictadores Fidel y Raúl Castro, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, así como a los cínicos Ernesto Samper Pizano, Diosdado Cabello, Evo Morales, Rafael Correa y, a Armando Benedetti y Roy Barreras, entre otros corifeos, así como a deshonestos contratistas de su remedo de gobierno.
También invitó, a cerca de 2.500 personas, y muchas de ellas no atendieron la invitación, por considerar que era improcedente la firma de un “acuerdo” sin haberse previamente realizado el plebiscito y conocerse la voluntad popular de la nación.
Muchos de los que asistieron al show, lo hicieron de buena fe sin haber leído las 297 páginas del llamado «acuerdo», y con ello, incautamente apoyaron lo que no conocían e ignoraban, por lo que luego no extrañó, que algunos de ellos lamentaran haber concurrido a semejante despropósito, y otros, lo traten de ocultar, máxime si luego se percataron que Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otros observatorios de derechos humanos, consideraban que lo negociado con las Nacofarc era contrario al Estatuto de Roma, burlaba las víctimas, premiaba el crimen y entronizaba la impunidad.
Fue y sigue siendo depreciable que, mediante el “acuerdo”, se hubiera aceptado e impuesto:
- Que los criminales de las Narcofarc no pagarían un solo día de cárcel por los miles de delitos de lesa humanidad que cometieron, y hoy siguen cometiendo.
- Que se burlaría a las víctimas.
- Que los jueces elegidos por los mismos criminales los juzgarían a ellos y a los militares.
- Que el narcotráfico se convertiría en delito político conexo.
- Que el Estado tácitamente renunciaría a combatir los cultivos ilícitos y el narcotráfico.
- Que a los más crueles criminales de las Narcofarc se les concedería diez (10) curules en el Congreso.
- Que se legitimaría y exculparía el secuestro, la extorción, el reclutamiento, el abuso de menores y la desaparición forzada.
- Que se legitimarían las masacres, las pescas milagrosas y el asesinato de cientos de miles de colombianos, entre ellos, los Diputados de la Asamblea del Valle del Cauca.
- Que los militares irían a las cárceles y los criminales a las calles.
No hay duda qué, si antes del plebiscito los colombianos hubieran leído el «acuerdo», Santos no hubiera podido montar su costoso sainete en Cartagena, y de haberlo hecho, hubiera sido la unción e imposición de los santos óleos de una negociación, que por establecer la impunidad y premiar y gratificar al crimen, terminó aumentando la delincuencia, la violencia, el vandalismo y la anarquía.
Tampoco hay duda que, si los colombianos ilusos que desprevenidamente votaron por el “Sí” en el plebiscito hubieran leído al menos de manera somera y superficial el “acuerdo”, fácilmente hubieran concluido, que el Estado terminaría sometiéndose a las Nacofarc y no las Narcofarc al Estado.
Lo que empezó como una negociación para la desmovilización de un grupo de bandoleros, degradó en una negociación entre iguales, en la que los maleantes obligaron a una nación a reformar su Constitución y sus leyes, a cambio de la quimera de dejar de delinquir.
Según el contenido y alcance del “acuerdo”, son incontables las obligaciones que el Gobierno asumió con los criminales y las concesiones y prebendas que les otorgó, sin que a cambio las Narcofarc, reconocieran los crímenes de lesa humanidad que perpetraron, dieran muestra del menor asomo de arrepentimiento, aceptaran reparar a las víctimas y renunciaran al narcotráfico.
Una cosa es perdonar crímenes y otra bien distinta es premiarlos y gratificarlos, y, además, convertir a criminales en legisladores, y eso, es lo que decía y dice de manera velada y desvergonzada el “acuerdo”.
No siendo poco lo anterior, Santos, sin rubor alguno determinó que, la pregunta que se formularía en el plebiscito -la cual era descontextualizada y desleal por ser sugestiva y conclusiva- fuera: “¿Apoya el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”.
De lo que se trataba el plebiscito, era saber, “si se apoyaba» o “no se apoyaba el acuerdo«, y no, si se apoyaba la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Pero Santos, con su insuperable deslealtad, desfiguró el plebiscito y determinó que se preguntara, “Apoya el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, lo que de suyo inducía al apoyo sin que el acuerdo garantizara la terminación del conflicto y mucho menos, la construcción de una paz estable y duradera, tal y como está comprobado.
En consecuencia, fue abusivo y por demás aventurado afirmar en la pregunta que, el “acuerdo” terminaría el conflicto, y, peor aún, predecir que serviría para la construcción de una paz estable y duradera, cuando esos efectos eran hipotéticos, futuros e inciertos. Una pregunta así formulada, está proscrita en el Derecho por incluir hipótesis que inducen a una respuesta afirmativa, predecible y previsible, igual como sucede cuando se pregunta: “usted desea disponer de agua potable de manera estable y duradera”.
De la simple formulación de la pregunta se podía advertir su respuesta, y esto es lo que la Ciencia Jurídica denomina, pregunta conclusiva, la cual se considera desleal por insinuar, sugerir o provocar una respuesta esperada.
Al final, y a pesar de la trampa que Santos tendió a los votantes, el resultado del plebiscito permitió determinar que, los colombianos, de manera cívica y pacífica, condenaban y repudiaban las atrocidades cometidas por la banda narcoterrorista de las Farc.
El resultado del plebiscito demostró que, la nación desaprobaba que se premiara el crimen, se gratificara la fechoría, se violentara la Constitución, se legitimara la ilegalidad, se entronizara la impunidad, y, que los criminales terminaran legislando, y Colombia convertida en una narcocracia.
El “No”, fue el triunfo de la razón y el derecho sobre la violencia y la impunidad, así como rotunda condena al delito, y, mandato claro para rectificar el llamado “acuerdo”.
Pero Santos desconoció, burló y mofó el querer mayoritario de los colombianos y con la complicidad de la politizada Corte Constitucional de la época, impuso su voluntad, que era, la voluntad de las Narcofarc.
Si queremos una paz verdadera, estable y duradera, debemos tener claro, que la violencia no cesa renunciando al imperio de la justicia, quebrantando la ley, premiando la villanía, burlando la inocencia y cediendo el control de las instituciones a los criminales.
El camino no es la paz con impunidad; el camino es el fortalecimiento de la educación y la justicia, únicas capaces de propiciar y mantener el orden, garantizar la libertad y la igualdad, y perpetuar la vida en tranquilidad.
Solo rechazo, repudio y condena merece Santos, el más cínico y desvergonzado traidor que la historia conozca; gran responsable del aumento del narcotráfico, de la delincuencia, del vandalismo y de la anarquía que hoy padecemos.
Así como no conozco a nadie que no quiera la paz, tampoco conozco a nadie que quiera la guerra, y siendo así pregunto, ¿la paz de Santos acabó con la violencia, o, al contrario, la incentivó como de hecho la estamos viviendo?
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
