Por Rafael Nieto Loaiza
”[La posesión] vamos a hacerla de manera diferente, como nunca se ha hecho, en una guarnición militar para rendirle honor a los verdaderos héroes de la patria, policías y soldados”, dijo hace unos días el presidente electo.
Se equivoca De la Espriella en su referencia histórica. No sería la primera vez que un jefe de gobierno se posesiona en una guarnición militar. Tres lo han hecho antes: dos en el siglo XIX, José María Melo en 1854 después de su golpe de estado contra Obando, y Tomás Cipriano de Mosquera en su gobierno de facto de 1861, y, en el siglo XX, en 1953, Gustavo Rojas Pinilla para derrocar a Roberto Urdaneta e impedir el retorno al poder de Laureano Gómez. Tres posesiones en unidades militares, tres dictaduras.
Estoy seguro de que las intenciones de DLE no son dictatoriales, pero los ignorados antecedentes son muy malos y para un gobierno que cree tan importante la simbología, el mensaje es equivocado.
Creo que el deseo de DLE es, como dijo, hacer un homenaje a nuestros soldados y policías. Comparto el propósito y la necesidad. La Fuerza Pública ha sido maltratada de manera sistemática y permanente por Petro. Mientras fortalecía con sus políticas y decisiones al narcotráfico y a los violentos, le amarró las manos a las FFMM y a la Policía con los ceses de fuego pactados con los bandidos, arrasó con la moral de combate, dio de baja un centenar de generales y generó inestabilidad en el mando, recortó el presupuesto, destruyó el sistema de inteligencia y contra inteligencia y lo infiltró con aliados de los grupos criminales, desmanteló la capacidad aérea y helicotransportada, debilitó las fuerzas especiales y desmontó todos los mecanismos de cooperación de la población civil con su Fuerza Pública. Y un largo etcétera.
Sí, hay que hacerle un homenaje a nuestro héroes. Pero esa buena intención, ese deber de rendir un homenaje a nuestros militares y policías, ha de cumplirse sin dañar a los uniformados y sin amenazar un pilar fundamental de la democracia, la subordinación del poder militar al poder civil.
No es gratuito que la Constitución haya establecido que el presidente electo toma posesión de su cargo ante el Congreso de la República. En democracia, el Congreso es, por definición, el representante del pueblo. Si por el presidente votan unos y otros se oponen, en el Congreso se representan todas las ideologías, los partidos más diversos, mujeres y hombres, los indígenas y los afros, los mulatos, los zambos, los mestizos, todas las regiones. Esa representación es ratificada por nuestra carta cuando sostiene que «los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo”. Por eso mismo, por su calidad de representación, la ley es hecha por el Congreso. Es un asunto vital. Las democracias son estados de derecho y en ellas impera la ley, no la voluntad de quienes gobiernan. Por el contrario, al presidente le corresponde «promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento”. El Congreso ordena vía ley y el Presidente ejecuta. Petro, en quien latió siempre un aspirante a tiranito, nunca lo entendió. El presidente, en democracia siempre un civil aunque hubiera sido antes militar, toma juramento ante el Congreso, también civil, aunque haya en el mismo veteranos y reservistas. No lo hace ante las Fuerzas Militares y la Policía.
El presidente, un civil, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Esa subordinación militar al poder civil es reafirmada cuando se establece que «la fuerza pública no es deliberante” y que no puede «intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”. Hay que advertir y aplaudir que, a diferencia de lo que ocurrió en todo el Continente, las nuestras han sido históricamente unas fuerzas militares civilistas, institucionales y republicanas ejemplares, con las cortas excepciones reseñadas y la de Rafael Reyes.
La última ratificación de su naturaleza civilista se ha dado precisamente en este cuatrienio, donde soportaron con ejemplar estoicismo las vejaciones y humillaciones de Petro a quien lo único que hay reconocerle es el aumento de los ingresos de soldados, patrulleros y suboficiales, tanto tiempo postergado.
Pero la subordinación debe ser no solo efectiva sino simbólica. Y una posesión presidencial en un cuartel, rodeada de uniformados, entre fusiles, rompe esa simbología. Se da la imagen de un presidente y unos legisladores sometidos a los soldados o, en el mejor de los casos, intimidados por ellos. Es posible imaginar la lectura en el exterior de semejante ceremonia. En los cuarteles se posesionan los dictadores, no los demócratas.
Así que sí, hacer la posesión en una guarnición da un mensaje equívoco, socava simbólicamente la subordinación militar al poder civil, erosiona la democracia y la institucionalidad republicana. Ahora, la mirada alternativa es también muy mala: la de unas fuerzas militares al servicio de un jefe de gobierno, y no de la Constitución y la ley, de la República, unas fuerzas militares deliberantes y partidistas. Por eso he insistido en que la propuesta le hace también daño a nuestra Fuerza Pública.
Para rematar, en términos prácticos los riesgos también están a la mano. Hasta el momento en que el Congreso juramenta al presidente electo, el presidente en ejercicio es Petro. Es él quien tiene que autorizar el uso de las guarniciones militares con un propósito distinto al que tienen constitucional y legalmente. Y ya ha anunciado que no dará permiso. Si DLE insiste, meterá a los militares en medio de la tensión política y los pondrá en el dilema de tener que escoger qué orden cumplen. Peligroso. Y un pésimo antecedente.
Hagamos la posesión de DLE ante el Congreso en un recinto civil. Y después, cuando DLE quiera, hacemos el homenaje que se debe a la Fuerza Pública. Seré el primero
