La Red Nacional de Veedurías Ciudadanas pidió investigar al gobernador de Córdoba, Erasmo Elías Zuleta Bechara, por un proceso relacionado con el Programa de Alimentación Escolar con Enfoque Diferencial para Pueblos Indígenas (PAEPI) 2026. La denuncia plantea posibles delitos de prevaricato y solicita establecer si hubo intervención, conocimiento u omisiones atribuibles al mandatario.
Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación y comunicada a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia pide investigar la eventual responsabilidad del gobernadorZuleta Bechara, por presuntas irregularidades en el proceso de socialización, concertación, verificación y contratación del PAEPI para la vigencia 2026.
El denunciante, Isaac Padilla Ramos, presidente de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas, advierte que el caso debe ser investigado bajo la presunción de inocencia y aclara que la denuncia no atribuye de manera automática responsabilidad penal al gobernador. Lo que solicita es establecer si el mandatario tuvo alguna participación, conocimiento, instrucción, aprobación, tolerancia u omisión jurídicamente relevante.
El punto más sensible: un contrato por $15.943 millones
Uno de los elementos de mayor relevancia económica es la Resolución 004269 del 5 de noviembre de 2025, mediante la cual se justificó una contratación directa para implementar el PAEPI 2026 con el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú.
El valor estimado del negocio fue de $15.943.347.640,80, con un plazo previsto de 180 días escolares. La resolución, sin embargo, no fue firmada directamente por el gobernador, sino por la entonces secretaria de Educación Departamental, Jennys Yecenia Yances Padilla, quien actuaba como delegada.
Precisamente por esto, la denuncia pide determinar cuál era el alcance de la delegación y si, pese a ella, existieron instrucciones, coordinaciones, conocimiento o intervenciones del despacho del gobernador antes, durante o después del proceso.
¿Se utilizó un modelo competitivo que no correspondía al PAEPI?
La denuncia cuestiona que el procedimiento haya incorporado etapas eliminatorias y competitivas, presentación y evaluación de propuestas y la selección de un único habilitado, pese a que —según el expediente aportado por el denunciante— el PAEPI estaría sometido a un esquema de contratación directa, concertación y verificación de requisitos habilitantes.
La Fiscalía deberá establecer si efectivamente se utilizaron reglas que no estaban previstas en el marco normativo aplicable y, sobre todo, si las decisiones adoptadas llegaron a ser “manifiestamente contrarias” a la ley, condición relevante para determinar la eventual configuración del prevaricato.
Informes con cambios y problemas de acceso a información
Otro de los aspectos delicados señalados en la denuncia está relacionado con los informes de evaluación.
El documento refiere que el informe inicial del 28 de septiembre de 2025 habría presentado contradicciones, incluyendo valoraciones simultáneas de “CUMPLE” y “NO CUMPLE”, cuestionamientos sobre la experiencia previamente aceptada y conclusiones que posteriormente habrían sido modificadas.
Además, una de las organizaciones participantes habría solicitado acceso a la propuesta y anexos del interesado que finalmente resultó habilitado. Según la denuncia, se habrían entregado enlaces vacíos o inaccesibles, situación que, de comprobarse, podría haber afectado la posibilidad de contradicción de los demás participantes.
La veeduría solicita que se determine quién elaboró, revisó, aprobó, modificó y publicó cada versión de los informes y que, de ser necesario, se practique un peritaje informático o documental.
La pregunta sobre el gobernador
La denuncia es cuidadosa en este punto: no sostiene que el gobernador sea automáticamente responsable porque la secretaria actuara como delegada.
Lo que pide es establecer qué competencias fueron delegadas mediante el Decreto 150 de 2024, cuáles permanecieron en cabeza del gobernador y qué mecanismos de dirección, seguimiento y control existían.
También solicita investigar si el despacho del mandatario conoció las observaciones formuladas durante el proceso, las controversias por el acceso a información, las modificaciones de los informes y el resultado final, y qué actuación habría adoptado frente a esas alertas.
Piden rastrear correos, chats y registros de SECOP II
La denuncia solicita a la Fiscalía preservar y recaudar una cantidad importante de evidencia documental y digital: el expediente completo del PAEPI, los documentos contractuales, registros del SECOP II y del sistema SAC, incluyendo usuarios, fechas, horas, modificaciones y direcciones IP.
También pide revisar correos institucionales, memorandos, chats corporativos, agendas, actas y comunicaciones entre el despacho del gobernador, la Secretaría de Educación y otras dependencias que participaron en el proceso.
Este punto resulta especialmente sensible porque permitiría establecer, más allá de las actuaciones formales de los funcionarios delegados, quién tomó las decisiones, quién conoció las alertas y si hubo instrucciones o intervenciones desde otros niveles de la administración.
También hay un proceso judicial y aparece el PAEPI 2027
La denuncia señala que existe una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Montería, relacionada con estos actos, con radicado 23001333300720260020200.
Además, advierte que para la vigencia PAEPI 2027 estaría en marcha un trámite con características semejantes. Por eso solicita preservar de manera inmediata la evidencia y verificar si las actuaciones cuestionadas se están repitiendo.
Lo más delicado del caso
Más allá de la denuncia penal en sí misma, cinco elementos concentran la mayor atención:
- El monto: se trata de una contratación estimada en más de $15.943 millones para alimentación escolar indígena.
- El modelo de contratación: se cuestiona que el procedimiento haya incorporado mecanismos competitivos y eliminatorios que, según la denuncia, no estarían contemplados para este tipo de contratación.
- Las modificaciones a los informes: se pide establecer por qué habría cambios entre versiones de los documentos de evaluación y quién los realizó.
- El acceso a la información: se denuncia que participantes habrían recibido enlaces vacíos o inaccesibles para consultar documentos de una propuesta.
- El papel del gobernador: aunque la resolución contractual fue suscrita por una funcionaria delegada, la Fiscalía deberá establecer si el gobernador tuvo conocimiento, intervención o algún deber concreto de actuación frente a las presuntas irregularidades.
Por ahora, ninguna de estas hipótesis equivale a una condena ni demuestra por sí misma responsabilidad penal del gobernador. La propia denuncia reconoce que corresponde a la Fiscalía establecer, mediante investigación, si existió una conducta penalmente relevante y quiénes serían responsables individualmente.
