La Corte Suprema de Justicia puso en conocimiento de las autoridades, mediante un comunicado, una situación que genera preocupación por la seguridad de los magistrados y funcionarios que participaron en el proceso penal contra el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como «Kiko’ Gómez», condenado a 31 años y ocho meses de prisión por el homicidio del concejal Luis Gregorio López Peralta.
La alerta fue elevada por el magistrado José Joaquín Urbano Martínez, integrante de la Sala de Casación Penal, mediante un oficio dirigido al presidente de la Sala Penal, Carlos Roberto Solórzano Garavito. En el documento, fechado el 2 de septiembre de 2026, solicita que se conozcan los hechos y que se refuercen las medidas de protección para los integrantes de la corporación y sus familias.
Lo que prendió las alarma entre los togados de la Corte fue que «la semana pasada, en varias plataformas virtuales, circuló una información según la cual un poderoso asesino guajiro (que sería «Kiko Gómez»), hoy preso y con varias condenas en última instancia, les pidió a los miembros de su familia renunciar a los cargos públicos que ocupan y radicarse en Italia, donde tiene nacionalidad. Les explicó que él y otros presuntos asesinos de tres personas no quiere que sus parientes más cercanos estén al alcance de la justicia colombiana cuando ello ocurra».
Bala encontrada en la Procuraduría y ventanas rotas
Según el documento, el procurador primero delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, informó al magistrado Urbano sobre varios hechos registrados en su oficina, ubicada en el piso 26 de la sede de la Procuraduría General de la Nación, en el centro de Bogotá.
Este es el comunicado de la Corte:
Bonilla señaló que la semana anterior apareció una bala disparada dentro de su oficina. Posteriormente, al llegar a su despacho, encontró dos ventanas rotas y evidencias de dos impactos que inicialmente fueron descritos como disparos de fusil.
Los hechos encendieron las alarmas entre los funcionarios que intervinieron en el proceso contra Gómez Cerchar. La procuradora judicial II Gloria Guzmán Duque también había expresado previamente su preocupación por su seguridad y la de otros funcionarios que participaron en las actuaciones judiciales.
La decisión que condenó nuevamente a Gómez
La preocupación ocurre meses después de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema revocara parcialmente la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que había absuelto a Gómez Cerchar por el homicidio de Luis Gregorio López Peralta.
El alto tribunal condenó al exgobernador a 380 meses de prisión (31 años y ocho meses), además le impuso una multa de 14.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 120 meses para ejercer derechos y funciones públicas. Aquí puede consultar la condena de la Corte Suprema para Gómez
La Corte consideró que el Tribunal de Bogotá había realizado una valoración fragmentada de las pruebas y concluyó que existían elementos suficientes para establecer la responsabilidad de Gómez Cerchar en el homicidio del concejal.
Preocupación por posibles riesgos
En su comunicación, el magistrado Urbano advierte que los hechos conocidos podrían representar un riesgo para los integrantes de la Sala de Casación Penal, teniendo en cuenta la decisión adoptada contra Gómez Cerchar.
El magistrado también hizo referencia a información que circuló en plataformas virtuales sobre supuestas amenazas contra personas relacionadas con el proceso. Sin embargo, esa información no constituye por sí sola una prueba de que las amenazas hayan sido ordenadas por «Kiko’ Gómez», por lo que corresponde a las autoridades establecer su origen y veracidad.
La alerta ya fue puesta en conocimiento de las autoridades encargadas de la seguridad de los funcionarios judiciales. La solicitud busca que se adopten medidas para proteger tanto a los magistrados como a sus familias.
El proceso de Gómez vuelve a generar tensión
El caso de Gómez Cerchar ha tenido un prolongado recorrido judicial. La Corte Suprema recordó que otros dos homicidios por los que había sido procesado —los de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro— fueron declarados prescritos por el Tribunal Superior de Bogotá, mientras que la condena por el homicidio de López Peralta fue posteriormente restablecida por la Sala de Casación Penal.
Ahora, además del debate jurídico alrededor de la condena, las autoridades deberán establecer quién disparó el arma, desde dónde provino el proyectil encontrado en la Procuraduría y si los daños registrados en la oficina tienen alguna relación con el proceso contra el exgobernador.
La Corte Suprema mantiene así bajo especial atención la seguridad de los funcionarios que participaron en uno de los procesos judiciales más relevantes contra el exmandatario guajiro.
Debemos aclarar que aunque la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema condenando a «Kiko Gómez» está vigente, es posible que esta quede sin efecto y el exgobernador de La Guajira pueda recobrar su libertad mediante alguna tutela, que finalmente fallaría la Corte Constitucional.
