Por Rafael Rodríguez-Jaraba*
Hace 7 años se perpetró el mayor fraude del que se tenga noticia en la historia de nuestra imperfecta democracia.
Los resultados del tramposo Plebiscito del gobierno de Juan Manuel Santos, dada la manera desleal y conclusiva en que se formuló la pregunta, la que, de suyo, insinuaba, sugería y provocaba una respuesta esperada, demostraron, que la nación estaba profundamente dividida y su sociedad enfrentada en cuanto a la forma de hacer la paz, más no, en cuanto a la necesidad de alcanzarla.
En lo único que acertaron las encuestas de la época, fue en advertir, la racionalidad del voto por el No y la emotividad esperanzada del voto por el Sí, así como el probable triunfo del Sí en las regiones donde imperaba la fuerza de la violencia y el narcotráfico.
Que nadie se equivoque, lo que se votó en ese plebiscito no fue la Paz; lo que se votó fue, lo que un grupo criminal le impuso a un Gobierno pusilánime, tal y como está consignado en el mal llamado «Acuerdo Final«, en el que, no solo, se premió y gratificó el delito y se estableció la más desvergonzada impunidad, sino que además, se violentó el orden constitucional y se quiso imponer un modelo económico progresivamente regresivo que solo ha traído pobreza, corrupción y represión en los países donde ha sido acogido, por ser populista, totalitario y absolutamente insostenible.
Hace 7 años, el No ganó, porque se antepuso la razón a la emoción, la legalidad al delito y la justicia a la impunidad; pero Santos con la anuencia de una Corte Constitucional politizada, burló el querer y la voluntad mayoritaria de los colombianos y violentó la tradición democrática de la nación.
Hace 7 años, a nadie le sorprendió qué, ante su derrota, Santos, fiel a su oportunismo y célebre por hacer de sus derrotas triunfos y de sus errores aciertos, llamara «ciudadanos amigos de la paz» a quienes antes llamaba, «guerreristas«, «imbéciles» y «mulas muertas atravesadas en el camino» por repudiar el crimen y defender la legalidad.
No hay duda que, la frondosa burocracia del gobierno Santos, sutilmente amenazada con la continuidad en el empleo, votó por el Sí, pero si hay duda al pensar, cómo hubiera sido el resultado del plebiscito sin el desvergonzado bombardeo publicitario del gobierno; sin la obsecuencia de un Congreso dócil ante la prebenda; sin la obediencia de poblaciones amenazadas por el narcotráfico; sin el apoyo de corruptos contratistas; sin la debilidad de miles de ciudadanos que se dejaron intimidar con el chantaje de la guerra; y, sin la fe de cientos de ciudadanos que le apostaron a la esperanza de un paz con impunidad renunciando a la razón y a la evidencia.
Al final, los incautos que votaron por el Sí se percataron, que antes que paz, seguridad y sosiego, la violencia se atomizó y aumentó; que la impunidad trajo más criminalidad y anarquía; y, que los campos de Colombia se convirtieron en interminables feudos de cultivos ilícitos y de factorías de drogas.
Santos nunca fue depositario de la confianza de los colombianos y lo único que consiguió fue lo que compró o fletó, aunque esa vez, a pesar del uso indelicado, abusivo e irresponsable del erario, no pudo ni comprar ni fletar el triunfo, por lo que decidió adjudicárselo sin obtenerlo.
Que nadie olvide que, Santos traicionó a sus electores en su primer período, se hizo reelegir con aparente fraude, desconoció la voluntad popular en el Plebiscito, premió y gratificó a los más crueles y sanguinarios criminales, entregó el Mar de San Andrés sin pedir revisión y aclaración de una sentencia contraria a derecho por estar plagada de nulidad, vendió a Isagén, acabó con la independencia energética de la nación, comprometió el erario con Odebrecht, arruinó la hacienda pública, duplicó la deuda externa, agudizó el déficit fiscal, debilitó la educación pública superior, empobreció a los colombianos con tres reformas tributarias recesivas y regresivas, contrajo la economía y fue indelicado en el gasto.
Santos, solo merece rechazo, repudio y condena.
Los daños que Santos causó a la democracia, hoy los seguimos padeciendo, agudizados y amplificados, por eso, es mucho lo que tendremos que hacer para lograr que la nación retome el camino de la legalidad y el orden, de manera que algún día, Colombia sea educada, civilizada y pacífica. Entre tanto, Santos sigue orondo ufanándose por el mundo con un Premio Nobel espurio, cada día más desprestigiado y barnizado con el barro de la impunidad; y, a su vez, las Narcofarc, burlándose de sus víctimas y fortaleciendo su negocio de violencia y narcotráfico.
¡Qué nunca jamás se vuelva a burlar la democracia colombiana y que el Gobierno actual no se atreva a intentarlo!
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
