Por Jorge Venencia Villate
Consultor Especializado en Derecho Minero Energético
El programa de Transición Energética que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro, “Dialogo Social para definir la hoja de ruta de la transición energética justa en Colombia con equidad y el acceso a la democratización del servicio de energía eléctrica en el país, a través de las comunidades energéticas y la economía popular, son deseables y loables, pero insuficientes”. Esos lineamientos no son suficientes para garantizar la confiabilidad, seguridad y calidad necesarias de la energía para abastecer la demanda actual y futura del país.
El sector eléctrico requiere “decisiones inmediatas y primordiales para avanzar en inversiones que requieren tiempo para materializarsen”.
En la construcción de la hoja de ruta de la Transición Energética Justa se plantean unos programas estratégicos que buscan crear comunidades y distritos energéticos a través del impulso de la energía solar, eólica y biomasa, promoviendo de igual manera la movilidad sustentable, la eficiencia energética y el impulso del gas natural para la transición energética.
Esto se planea con la creación del Instituto Nacional de la Transición Energética, con el propósito adicional de fomentar la industria asociada a las energías renovables a través del desarrollo de componentes y prototipos industriales.
Todos estos puntos en los que se basa el diálogo para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que busca acelerar la transición energética, son importantes, pero no suficientes para avanzar suficientemente en materia de seguridad, cobertura, acceso al servicio y calidad para los usuarios. Se deben tomar decisiones para promover los proyectos de generación de fuentes de energía no convencional, pero es esencial paralelamente la decisión sobre proyectos de generación hidráulica y gas eficientes, nuevo modelo de tarifas, así como la construcción de líneas de transmisión asociadas.
