bernardo henao jaramillo1

El Senado no aplicó la ley

Compártelo:

Por Bernardo Henao Jaramillo 

Columnista de Opinión

Las elecciones son un método participativo que permite escoger mediante el mecanismo del voto una opción o candidato. La autonomía de los votantes y la pureza de la elección en sí misma garantizan el principio de igualdad entre los competidores.

Esto es trascendental cuando se trata de elegir a quienes van a administrar justicia y velar por la integridad de la Constitución.

El 18 de noviembre los colombianos nos enteramos por los medios de comunicación de un bochornoso y pertubador incidente. Ocurrió durante la elección, en el Senado, del magistrado de la Corte Constitucional que reemplazará a José Antonio Lizarazo, quien termina su período en febrero de 2025.

Se tuvo noticia de que se produjo un empate entre los abogados javerianos Claudia Dangond Gibsone y Miguel Efraín Polo Rosero, al obtener 50 votos cada uno. Sin embargo,  en el escrutinio aparecieron 103 votos cuando solo se encontraban presentes 102 senadores. El abogado Jaime Humberto Tobar Ordóñez no obtuvo votos.

Vino, entonces, un inconcebible panorama. El doctor Polo Rosero, propuesto por el Consejo de Estado, fue inmediatamente considerado petrista, cosa que no es cierta pero que hizo carrera. A partir de ese momento el tema de la elección se convirtió en un rifirrafe entre Petro y Efraín Cepeda Sarabia.

Muchas explicaciones se dieron con ocasión de lo ocurrido. Desde un presunto fraude hasta una equivocación humana porque un voto tenía adherida otra papeleta en blanco que carecía de la correspondiente firma.

Lo extraño y cuestionable es que no se haya dado aplicación al reglamento del Congreso. Por esta razón la elección quedó viciada. Como se sabe, la ley 5 de 1992 contiene este reglamento y establece el procedimiento en caso de elección.

Así lo dice el artículo 136 en su numeral 4: “Recogidas todas las papeletas, si no está establecido un sistema electrónico o similar que permita cumplir la función, serán contadas por uno de los escrutadores a fin de verificar su correspondencia con el número de votantes. En caso contrario se repetirá la votación.”

El artículo 135 regula la eventualidad de un empate en su inciso 2: “Los casos de empate en votación para una elección se decidirán por la suerte.”

Luego, la situación presentada, en sus dos hipótesis, está regulada por la ley, si no coincide la cantidad de votos con el número de senadores votantes, se repite la votación y si se trata de empate, se decide por la suerte. Más por ninguna de estas alternativas optó el senado.

Así, una votación que debió transcurrir en completa normalidad se transformó en un alboroto reprochable. El senador Ariel Ávila le reclamó airoso al Presidente del Senado. Le palmotió la mesa principal rayando en el insulto. Desde su cuenta de X dejó saber que la “ilegalidad no es solo el voto de más, es haber suspendido la votación”. La senadora Angélica Lozano catalogó de vergonzoso lo ocurrido y pidió la revisión de las cámaras, calificativo que también le dio la senadora María José Pizarro, agregando el de “delictivo”.

De otro lado se conoció, a través de algunos senadores, que para la nueva votación que se efectuó el 19 de noviembre hubo intromisión de Petro en busca de apoyos y la participación, fuera de límites, de los ministros Juan Fernando Cristo y Mauricio Lizcano. Y en hecho muy fuera de lo común otros de ellos, Pedro Flórez y Gustavo Moreno tomaron foto a sus votos.¿Para qué se tomaron esa molestia?

Todo lo sucedido evidencia una seria problemática en el senado, por lo que deberá adoptar los correctivos necesarios y asegurar la transparencia en las elecciones, evitando injerencias que opaquen el procedimiento de la elección.

Más, aun, cuando en el futuro cercano habrá otros tres cambios en la Corte Constitucional. El de Cristina Pardo, cuyo período va hasta mayo de 2025 y corresponde al presidente proponer su reemplazo. El de Diana Fajardo, que estará hasta junio de 2025 y corresponde a la Corte Suprema de Justicia proponer la terna, como también la correspondiente al sucesor de José Fernando Reyes, quien saldrá en septiembre de 2025.

Como corolario, habrá que mantener la calma y no especular sobre el comportamiento futuro de las Cortes. Es perentorio que se mantenga la independencia de la justicia. Cuando se habla en la red y en ciertos medios de hacerse al control de una Alta Corte, lo que realmente ocurre es que se está ofendiendo la majestad de la justicia.

Compártelo:
Bernardo Henao Jaramillo
Bernardo Henao Jaramillo

Abogado e investigador


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *