Extorsión: El impuesto oculto

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Por José Félix Lafaurie Rivera.

Ayer nomás, 29 de junio, el alcalde de Sincelejo denunció que más de 300 locales comerciales cerraron, porque sus propietarios no resistieron la amenaza de la extorsión.

En Barranquilla, el presidente del gremio local de comerciantes calificó como “alarmante” el cierre de 200 locales por extorsión. En Sincelejo, capital de departamento, aunque una ciudad mediana, más de 300 son una tragedia social y económica.

En algunos barrios populares de Bogotá, “El tren de Aragua”, una especie de “Clan del Golfo” venezolano, obliga a los comerciantes, so pena de muerte, a vender droga y licor adulterado, y de ñapa les cobra “cuota de seguridad”.

En el Valle de Aburrá, también en barrios populares, el servicio de seguridad está tasado por ventas y nadie se salva, ni los puestos de arepas. El coordinador de la iniciativa de Seguridad y Justicia de la universidad Eafit, le manifestó a un medio que, en Medellín, cada año se ponen entre 400 a 500 denuncias, pero una encuesta de 2019 arrojó que “la cantidad de hogares y negocios extorsionados es superior a 150.000”.

En Cali, donde el 84% de sus habitantes se siente inseguro, ¡hasta los niños!, en algunos barrios populares, pagan “peaje” de 1.000 pesos a bandas del microtráfico para llegar a sus colegios. En Buenaventura les cobran a los lancheros por mover mercancías, y en la vía Santa Marta – Barranquilla es diario el retén amenazante: “o pagas o te daño el carro”.

“Peaje”, “servicio de seguridad”, o “impuesto revolucionario” en los territorios, es extorsión pura y dura, un delito que se salió de madre y hoy azota al país entero. Intentaré una caracterización resumida de esta caótica situación, a partir de varias fuentes y estudios especializados.

Primero, se trata de un delito oculto, por el terror que se desprende de la indefensión. Como en Medellín, el subregistro en el país se brinca todas las cifras oficiales, pero la tendencia de la denuncia nos da una idea: 3.523 a corte de abril de 2023, frente a 2.467 en todo 2022; diez años atrás, en 2012, solo se presentaron 844. Si la proporción entre denuncia y realidad fuera la misma de Medellín para todo el país, una regla de tres nos llevaría a 1.056.900 extorsionados a abril de 2023, algo que no me causa sorpresa.

Segundo, la indefensión está relacionada con la menor acción disuasiva de las autoridades, no solo por la caída del 23,6% en el pie de fuerza entre 2014 y 2023, equivalente a 109.300 efectivos menos, sino por la inoperancia de la justicia y el colapso del sistema penitenciario, pues desde las cárceles se ordenan y se hacen extorsiones.

Tercero: Esa menor disuasión facilita nuestro mal de males: la coca. Al inicio de las negociaciones con las Farc el país tenía 48.000 hectáreas sembradas; hoy, las mediciones conservadoras registran 250.000 y otras hasta 300.000 hectáreas.

Cuarto: El macronegocio del narcotráfico se ha “desdoblado” en más de mil grupos y grupúsculos en las ciudades; son los matones de barrio convertidos en bandas de microtráfico usuarias de la franquicia de los clanes dueños del negocio; de los que son sus ojos, sus oídos y sus tentáculos de violencia en todo el país.

Y como sí hay quinto malo, aunque existe la “gran extorsión”, el desdoblamiento opera, con macabra especialización, en los “barrios populares”, sobre la economía popular que este gobierno busca recuperar.

Pues bien, recuperar la seguridad primero y liberar a los más pobres del yugo de la extorsión, además de un gran paso en esa dirección, allanaría el camino a la paz total, hoy con el horizonte nublado por una inseguridad insoportable.

@jflafaurie

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Jose Felix Lafaurie
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