Por Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
La política fiscal, como rama de la política económica, es un instrumento esencial para la garantía de los derechos humanos en tanto se encarga de configurar el presupuesto del Estado para brindar las mismas oportunidades a todas las personas y promover la justicia social mediante la distribución equitativa de los recursos.
La responsabilidad de la política fiscal se centra en la utilización del sistema tributario y en el gasto público para incidir en la economía buscando el equilibrio macroeconómico.
Colombia no solo ha sido testigo del despilfarro de los recursos por el actual gobierno sino de las políticas en contravía del recaudo tributario, en particular se puede mencionar la estrategia respecto a Ecopetrol.
Entonces, el 11 de diciembre de 2024 será recordado como el día en que las comisiones económicas del Congreso decidieron archivar, por el bien de Colombia, el proyecto de ley de financiamiento, más conocida como segunda reforma tributaria del gobierno Petro.
La votación fue así:
Comisión III de Senado – 8 votos a favor y 6 en contra
Comisión IV Senado – 8 sí, 6 no.
Comisión IV Cámara – 16 si, 10 no.
Comisión III Cámara – 17 sí, 12 no.
Al enterarse de lo ocurrido Gustavo Petro indicó en su cuenta de X: “El hundimiento de la ley de financiamiento es un golpe al pueblo colombiano”, sin advertir que el “golpe” lo viene dando su gobierno con su manejo frente a la salud, la educación y el trabajo.
Posteriormente, como enfermo terminal que primero ignora y después reacciona, escribió: “(…) la mayoría de la clase política tradicional de Colombia en las comisiones económicas decidió darle un golpe profundo a la economía nacional y al pueblo”, olvidando que día a día es su administración la que viene dando dicho “golpe” con aumentos burocráticos inusitados e inútiles, por ejemplo, ampliación de embajadas y de personal, entre ellos, la de la Fao para Benedetti, o la creación del Ministerio de la Igualdad.
Los mediocres se distinguen por no aceptar sus errores y por estar siempre buscando a quien culpar por sus equivocaciones. Petro no sería Petro si no actuara de forma incendiaria. Ya adoptó como muletilla la palabra «golpe» y ese golpe, que solía ser blando ahora es profundo. Para él lo sucedido fue, en términos del boxeo, un nocaut que lo dejó tendido en la lona.
Tratando de recuperarse de la paliza recibida se vino lanza en ristre contra los congresistas y desde Cartagena, en uno de sus acostumbrados discursos y al parecer con bastantes tragos entre pecho y espalda, comunicó su decisión de romper relaciones con las comisiones económicas del Congreso que cumplen destacado papel en la formulación de las políticas fiscales. ¿Qué querrá decir con esto? ¿De dónde sale tanta tontería? ¿O será que está pensando en cerrar el Congreso? Después agredió gravemente a los congresistas que aprobaron el archivo de la reforma y los maldijo por lo cual el presidente del Congreso rechazó la ofensa y exigió respeto.
Conocemos su forma de reaccionar ante la derrota, por lo cual podemos inferir que su venganza no se hará esperar. Ahora bien, lo grave de este asunto es que el archivo de una reforma tributaria, por el excesivo e indebido gasto del gobierno, podrá tener serias implicaciones tanto políticas como económicas.
Una reforma tributaria, por lo general se hace para garantizar el cumplimiento del presupuesto anual pero, como se sabe, en el año en curso, por obvias razones, no se consiguió la aprobación del presupuesto en el Congreso. Este debe, entonces, ser adoptado por decreto y mal se hubiese hecho en aprobar una reforma tributaria sin conocer el presupuesto del próximo año. Carecer de presupuesto obviamente genera incertidumbre fiscal.
La economía es una ciencia compleja que en el entendido de muchos aún no se ha terminado de inventar. Es de esperarse que el archivo de la ley de financiamiento no tenga consecuencias en el Mercado Internacional. Ojalá este reaccione favorablemente al archivo del proyecto. Quizás no se afecte la calificación crediticia del país ni se eleven los costos del financiamiento externo.
También habrá consecuencias políticas. Es necesario cuidarse de ese resultado, pues, este tipo de derrota suele tener repercusiones en otras reformas en trámite ya que erosiona la capacidad de negociación y el liderazgo ante el Congreso y la opinión pública. Los ministros que trataron de conseguir el apoyo, incluyendo al recién designado ministro de hacienda fallaron. Esto dificultará la gobernabilidad y la implementación de políticas públicas de iniciativa gubernamental.
El régimen tiene la obligación de apretarse el cinturón y cerrar muchos programas ineficientes y deficitarios, en primer lugar los que carecen de ejecución presupuestal y efectivo alcance de bien común. Petro dejó saber que no se afectarán los programas sociales pero puede ocurrir que las fuerzas económicas obliguen a impopulares ajustes. Podría suceder que se despierte el descontento ciudadano al estilo de Gustavo Bolívar, y se produzcan protestas, aunque esperamos no sean las de la primera línea, como ocurrió con ocasión de la reforma tributaria que presentó el gobierno de Iván Duque.
Tres ministros de Hacienda, en poco más de dos años de gobierno, es un hecho que envía una pésima señal. La salida inesperada de José Antonio Ocampo dio paso a Ricardo Bonilla a quien se pidió la renuncia por gravísimos cuestionamientos. Y el nuevo ministro es un desconocido. Sabemos que de la hacienda pública depende gran parte la estabilidad de un gobierno.
La reforma no era necesaria, más aún cuando se sabe el monto que actualmente se halla sin ejecutar y que hay bastantes dineros que se encuentran depositados en fiducias.
