Por Rafael Nieto Loaiza
Petro está asustado. En la última semana, ha hecho tres declaraciones en X en que sostiene que “en Colombia avanza un golpe de estado contra el presidente”. Tiene miedo porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) está próximo a decidir si la suya violó los topes de financiación de las campañas electorales. Si así lo determina, deberá comunicarlo a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y a la Fiscalía, para que ejerzan sus respectivas competencias sobre Petro, la primera, y sobre Ricardo Roa, gerente de la campaña, la segunda.
“No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del consejo de estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege”, agregó Petro en un trino que copio textualmente.
Como es usual, hay varias mentiras en esa afirmación. El CNE no va a investigar ni a juzgar si Petro cometió un delito ni va a determinar la pérdida de su cargo. Su función se limitará a establecer si la campaña de Petro violó los topes de campaña. Por la información conocida, no hay duda de ello. La campaña no reportó los pagos a los testigos electorales y a los asesores internacionales. Tampoco todos los gastos de viaje hechos con SADI, la empresa de la narcoavioneta, ni los de Daily Cop, la de criptomonedas. Y nada dijo de los $1.033 millones de la USO ni los $500 millones de Fecode, triangulados. También omitieron $356 millones de propaganda electoral pagados a Caracol TV. En fin, el CNE habría establecido que, como mínimo, la campaña sobrepasó los topes en más de $5.300 millones. Eso sin que se haya examinado los aportes de Euclides Torres que confesó Nicolás Petro, los del mafioso Sobrino y su mujer en Casanare, los $15 mil millones de Benedetti…
El CNE solo ejerce las competencias que le reconoce el Consejo de Estado. Por cierto, otra mentira, no fue un concepto de la Sala de Consulta el que ratificó la competencia del CNE “para investigar y tomar una decisión de fondo sobre los hechos que constituyan una violación de los topes de la campaña electoral”, sino una sentencia, esa sí vinculante, de la Sección Quinta, que tiene por función “decidir sobre la legalidad de los actos que se expiden en el proceso electoral, sobre los actos electorales y los actos de contenido electoral”. Además, el Consejo de Estado fue muy claro en sostener que “la pérdida del cargo frente a los aquí demandados (Presidente y Vicepresidente de la República,) debe ser conocida y tramitada por el Congreso de la República”. Es decir, el fuero constitucional del presidente está a salvo.
Pero no es esa, en realidad, la inquietud de Petro. Su desasosiego proviene de lo que sigue a la determinación del CNE. Como he dicho, tendrá que informar de su decisión a la Fiscalía y a la Comisión de Acusaciones porque, por un lado, la violación de los topes constituye un delito, con pena de cuatro a ocho años de prisión, desde la entrada en vigencia de la ley 1864 de 2017, y, por el otro, el artículo 109 de la Constitución establece, desde la reforma constitucional del 2003, que “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”.
Es a la Comisión de Acusaciones, por un lado, a la que le corresponde conocer sobre las denuncias penales contra el presidente, en este caso por violar los topes, y, por el otro, la que debe estudiar si hay pruebas suficientes para iniciar un juicio político contra Petro por violar el 109. La Comisión, aunque conformada por congresistas, no es “una instancia puramente administrativa” y no hay duda de que la Constitución le otorgó funciones penales. Como sea, tampoco es la Comisión la que determinaría si Petro cometió un delito, sino la Corte Suprema de Justicia después de un largo proceso.
Petro lo sabe, pero le preocupan, de hecho le dan miedo, dos cosas. Primero, que la decisión del CNE sobre violación de topes por su campaña destruye la poca legitimidad de origen que le queda a su gobierno. Probaría que ganó con trampa y violando la ley. Segundo, que esa decisión restringe sustantivamente el margen de maniobra de sus parlamentarios afectos en la Comisión de Acusaciones, ya inquietos por la investigación que cursa en la Corte Suprema contra la representante Olga Velásquez por haber favorecido a Petro en su calidad de vicepresidente de la corporación. Los congresistas de la Comisión tienen los derechos y deberes de los funcionarios penales. Sería imposible que desconocieran los hechos probados por el CNE en relación con la violación de los topes sin prevaricar. Es decir, es probable que la Comisión deba, por fin, dar lugar al juicio político contra Petro.
Sin embargo, lo preocupante no son tanto las mentiras de Petro como sus afirmaciones de que “no acepta” que el CNE cumpla sus funciones y que el juicio político contra él en el Congreso sería un golpe de estado. En una democracia, la aplicación de la Constitución y de las leyes jamás será un golpe. Por el contrario, las afirmaciones de Petro son un claro desconocimiento de la Constitución y de las funciones de los órganos creados por ella. Más grave aún es su mensaje de que este “será asunto que decida de nuevo el pueblo colombiano, en las calles” y de que “esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular” y hay que “prepararse para ello”. Petro anuncia que no va a acatar el resultado del juicio político que adelantaría el Congreso contra él. La insinuación de una ruptura constitucional futura por parte de Petro, de un autogolpe, es evidente. Peligrosísimo.
