Por Rafael Rodríguez-Jaraba
Basta tan solo revisar los indicadores económicos consolidados del año anterior, para advertir el decrecimiento económico que padece la nación, no obstante, la ponderación de la inflación, no como resultado de la política monetaria, cambiaria y crediticia, o de la intervención del Emisor mediante operaciones de mercado abierto (OMA), sino por el acomodo de las fuerzas del mercado ante la tendencia a la disminución de la demanda.
Nunca antes como ahora, había sido tan palpable la prudencia de la oferta al ajustar precios, a pesar del aumento de los costos, gastos e impuestos, y su autorregulación, ante la amenaza de perder participación o presencia en el mercado.
La ausencia de una bitácora económica, sumada a la improvisación política, la violencia y la criminalidad rural y urbana, la inestabilidad legal, la inseguridad jurídica, y la incertidumbre que experimenta el mercado, explican el precario desempeño de la economía, que en su conjunto creció menos de 2%.
A lo anterior se sumó, el nefasto impacto de la alcabalera y confiscatoria reforma tributaria de 2022 y con ella, la previsible diminución en el recaudo fiscal, así como la incapacidad del Gobierno para ejecutar el presupuesto, la devaluación fruto del desplome de la tasa de crecimiento, la estacionalidad del desempleo, el aumento de la informalidad, así como las copiosas solicitudes de admisión al Régimen de Insolvencia Empresarial y Liquidación Judicial por parte de empresas de todos los sectores económicos.
No siendo poco lo anterior, la devastación del sistema de salud; el trámite y aprobación abiertamente inconstitucional de una reforma pensional abusiva y expoliatoria; la amenaza de una reforma laboral enfilada a destruir empresas y empleos; el desacato de decisiones de las altas cortes, el desorden en el aforo y manejo de los recursos del Estado, y; la pérdida de la confianza inversionista, han creado un ambiente de zozobra que pone a prueba la supervivencia de la economía, y causa la cancelación o el aplazamiento de proyectos de inversión y expansión en el sector real.
El equipo económico del remedo de gobierno que la nación padece, adolece de formación, preparación, capacidad y experiencia para administrar el erario, y más aún, para diseñar una política de reactivación, expansión y crecimiento sostenible.
Prueba de lo anterior, es la exponencial caída del recaudo fiscal, resultado del sobredimensionado presupuesto de ingresos de la vigencia anterior; el fracaso de una nueva reforma tributaria solapada bajo la denominación de ley de financiamiento económico; la destrucción gradual de Ecopetrol; la pérdida de soberanía y seguridad energética; la histórica disminución de los depósitos del Gobierno en el Banco de la República; la mora en el giro de recursos a las EPS; el incumplimiento en el pago de salarios en algunas agencias del gobierno y a contratistas; la cuantiosa disminución de recursos para subsidios de vivienda y educación; el aumento del gasto; la reducción en la inversión, el drástico recorte del presupuesto de las Fuerzas Armadas, y; la dilapidación de recursos para mantener inútiles organismos gubernamentales o destinarlos a contrataciones superfluas, muchas de ellas, plagadas de corrupción.
Lo anterior permite razonablemente concluir que, en el presente año, el desempeño económico será igual o quizás peor al del anterior, dado, entre varios factores, el aumento de la inseguridad, la violencia y la criminalidad; la perdida de gobernabilidad en vastas regiones; el desequilibrio entre la tasa de crecimiento de menos de 2% y el aumento del salario mínimo cercano al 11%, incluido el subsidio de transporte, lo que generará más desempleo e informalidad; la amenaza de aprobación de una reforma laboral, que antes que crear empleo lo destruiría; el aumento desmesurado de precios de los combustibles líquidos y el gas; el descomunal endeudamiento y el alto costo del servicio de la deuda; el deterioro de las relaciones con los Estados Unidos, y; probablemente, el más grave, la desconfianza de la población en la capacidad de Petro para gobernar.
Es evidente que Petro sabe de pocas cosas, y está probado que de lo que menos sabe, es de economía. No se entiende como obtuvo un grado, y peor aún, como se lo otorgaron. Al parecer, solo aprendió el anacrónico y fallido modelo de “Economía Central Planificada”, bueno para sembrar ilusiones y esperanzas, y solo cosechar frustración, desengaño y miseria.
Los gremios y las fuerzas cívicas de la sociedad, no pueden seguir silentes e indolentes ante la destrucción del Estado Democrático de Derecho y de la Economía. Cada día que transcurre, se hace más difícil reconstruir la democracia, restituir la seguridad y el orden, y recomponer la economía.
Sobran hechos facticos, fundamentos legales y razones jurídicas, para que el Congreso de la República adelante un proceso por indignidad contra Petro, derivado, primero, de la violación de la ley durante su campaña, y ahora, por violación del ordenamiento legal en ejercicio de sus funciones, al propalar secretos de Estado, favorecer criminales, y no ejercer las atribuciones ordinarias que la ley le asigna para mantener el orden público.
El Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara tienen la palabra.
En Sala de Espera No. 1: Que la Corte Constitucional declare inexequible, el Decreto mediante el cual el Gobierno declaró, con falsa motivación, la Conmoción Interior en la región del Catatumbo.
En Sala de Espera No. 2: Que la Corte Constitucional declare inexequible, la ley que aprobó la improcedente, descuadernada y confiscatoria Reforma Pensional.
En Sala de Espera No. 3: Que el Consejo de Estado declare la nulidad del decreto que Prohibió las Exportaciones de Carbón al Estado de Israel, lo que arruinaría a los departamentos de Guajira y César, y destruiría más de 4.000 empleos productivos y bien remunerados.
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional, Comercial y Financiero. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
