Por: José Félix Lafaurie Rivera
En el siglo XVIII, el Barón de Montesquieu desarrolló el fundamento de la democracia moderna: la separación de tres poderes, entre los cuales, sin embargo, “La justicia es la virtud de las instituciones”. Nada nuevo. Aristóteles, hace 23 siglos, afirmaba que “En la justicia se encuentran en suma todas las virtudes” y es el centro del ordenamiento de la sociedad.
No obstante, hoy se pretende despojarla de sus virtudes y utilizarla para repartir impunidad o como arma de persecución política. El autor de un magnicidio, menor de edad, pero con pleno uso de razón, estará siete años en una “institución especializada”, condenado por “intento de homicidio”, porque -vaya curiosidad de nuestras leyes- cuando aceptó cargos, Miguel Uribe aún vivía y, aunque parezca insólito, la ley está por encima de la tozuda realidad de la muerte.
Los responsables, según la JEP, del “reclutamiento y utilización sistemática” de 18.677 menores, incluido abuso sexual, esperan condena sentados en el Congreso y tranquilos, porque saben que serán apenas “restaurativas”. ¿Acaso impunidad como negación de justicia?
En 2012, el senador Cepeda acusó al también senador Álvaro Uribe de conformación de grupos paramilitares, a partir de testimonios de bandidos condenados, por lo cual el expresidente lo demandó ante la Corte Suprema por manipulación de testigos.
Seis años después la Corte cierra el caso contra Cepeda y, sorpresivamente, el acusador pasa a ser acusado. Es la Corte de los desacuerdos con el expresidente durante su mandato y de la cual hacía parte José Leónidas Bustos, su presidente en 2015 y hoy prófugo, acusado de corrupción con otros magistrados: el “Cartel de la Toga”. ¿Acaso la utilización de la justicia como venganza?
Desde entonces ha sucedido de todo: chuzadas ilegales y falta de garantías, renuncia al Senado del expresidente y traslado a la jurisdicción ordinaria, donde la justicia también se había quitado la venda de su neutralidad. ¿Qué siguió? La negación de dos solicitudes de preclusión por parte de los fiscales del caso y una tercera en el Tribunal, terminando con un juicio oral en el que, por fin, coinciden una fiscal y una juez que querían condenar a Uribe y no lo pudieron ocultar; juicio plagado de irregularidades que el país vio por televisión. ¿Acaso el ataque de una justicia sesgada?
La defensa del expresidente apela la condena a 12 años de cárcel e interpone tutela contra la reclusión inmediata de Uribe, que es fallada a su favor, a lo cual Cepeda contraataca buscando anulación, mientras que, gracias a su triunfo contra Uribe, que es de toda la izquierda, se catapulta como precandidato presidencial.
En el entretanto, el expresidente, sus hijos y el Centro Democrático denuncian su inconformidad con el juicio, así como la agresiva obsesión de Cepeda y sus nexos con las Farc y la llamada Farc-política, frente a la cual ha callado la justicia durante años.
Epílogo: Una nueva demanda del senador por injuria y calumnia contra Uribe, sus hijos y el director del partido. ¿Acaso es selectivo el derecho a denunciar y sentirse ofendido?, ¿acaso es la justicia utilizada como arma política?
Creo en la justicia como institución; creo, con el estagirita, que la justicia, como virtud esencial de la democracia, debe seguir siendo el eje del ordenamiento de la sociedad. Sin embargo, cuando se quita la venda de la neutralidad para ser selectiva o utilizada a conveniencia, afecta gravemente la confianza ciudadana y, entonces, cuando dejamos de creer, la justicia pasa de ser el centro del ordenamiento de la sociedad… a la causa de su desorden.
Sin justicia no hay ley ni orden…, sin orden no hay seguridad…, sin seguridad no hay verdadera libertad.
@jflafaurie
