Por Rafael Nieto Loaiza
La carta de César Gaviria a Petro, más allá de la previsible ira que despertó en el aspirante a tiranito, es de suma importancia no solo porque expresa lo que piensa la mayoría de colombianos sino por la ruta que traza para frenar los abusos y enfrentar al ocupante de la Casa de Nariño si insiste en ponerse por fuera de la Constitución.
Petro se empeña una y otra vez en saltarse la carta del 91, constitución que impulsó Gaviria en su presidencia y de la que se siente responsable. Además de las críticas que hace al desastre gubernamental en materia de seguridad y los diálogos con los grupos violentos, la misiva recuerda que el sistema de salud está “quebrado por las maniobras orientadas a eludir la sentencia del 24 de noviembre de 2023, mediante la cual la Corte Constitucional dispuso que las EPS sí podían prestar el servicio que la ley les asignaba” y que hay un «desacuerdo total con la forma tajante en que lo ya rechazado por el Senado [sobre la consulta popular] pretenda ser reemplazado por una nueva ley que desvirtúe la decisión tomada. Pretende el presidente incurrir en un acto para el que carece de poder de decisión y nos quiere llevar a la Constitución Petro, la que a él se le venga en gana”.
Como respuesta institucional, el Expresidente resalta la importancia vital de los altos tribunales, hoy por hoy los grandes bastiones de la defensa de la Constitución y la democracia: “Nos enfrentamos al reto de restablecer el Estado de Derecho y asegurar el acatamiento pleno a las decisiones de nuestras tres altas cortes: la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado […] Es sobre ellas que recae el poder del Estado, y no solamente en cabeza del presidente Petro, que cree muy equivocadamente que adquirió un poder suprainstitucional por su triunfo en las últimas elecciones presidenciales”.
La defensa de las cortes y la exigencia del cumplimiento sin esguinces de sus sentencias son tareas vitales para el futuro del país, amenazado por la persistente tentación autoritaria de Petro que de manera sistemática desacata y burla las decisiones judiciales. Por eso, al mismo tiempo que debemos aplaudir la conformación por la Corte Suprema de la nueva terna para magistrado de la Constitucional, todas juristas impecables, hay que lamentar la escogencia del abogado personal de Petro por parte del Senado. Independencia, autonomía, altas calidades jurídicas y compromiso inclaudicable con la democracia, las libertades y la Constitución del 91 deben ser lo que busquen las cortes al postular candidatos a magistrados y lo que use el Senado al escogerlos. Hay que recordar que aún está pendiente que la Suprema postule terna para reemplazar a Reyes Cuartas, que sale el 04 de septiembre de la Constitucional.
Ahora, si Petro decide desconocer las sentencias de las altas cortes, cerrar el Congreso o desconocer sus decisiones, convocar una constituyente por fuera de lo que la Constitución ordena, usar cualquier excusa para impedir la realización de las elecciones en el 2026 o para aplazarlas, dar la orden a la Fuerza Pública de que no cumpla su tarea constitucional de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y asegurar la convivencia pacífica, es decir, si da un autogolpe en cualquiera de sus posibles manifestaciones, la respuesta debe ser contundente.
«Ni con artilugios ni con triquiñuelas se van a salir de lo que manda y ordena nuestra Carta Magna», dice Gaviria. «Si Petro insiste en imponernos una Constitución paralela a la de 1991, nos veremos en la obligación de desconocer su autoridad como jefe del Estado».
Más claro imposible. Ganar las elecciones no faculta al presidente, ni a Petro ni a ninguno, a hacer lo que se le antoje. Menos aún, habría que agregar, cuando se gana por apenas unos miles de votos y además con trampa. La representación popular no radica solo en cabeza del jefe del ejecutivo. También está, e incluso más por su pluralidad, en el Congreso de la República. En una democracia por definición el poder público está dividido entre las distintas ramas y su ejercicio está reglado.
Si Petro se empeña en saltarse la Constitución del 91, si da un autogolpe, la respuesta no puede ser distinta a desconocerlo. Deberá ser desplazado del poder y puesto a disposición de las autoridades judiciales. Si Petro quiere convertirse en el Pedro Castillo de Colombia, que siga también su suerte.
