Por Rafae Nieto Loaiza
No entiendo que haya quien aplauda que el Estado aumente el número de personas que depende de su red de asistencia social. No es un éxito sino la prueba patente de un fracaso: muestra que hay más ciudadanos, y no menos, que no dependen de ellos mismos, de su empleo o su emprendimiento, y que necesitan del subsidio estatal.
Además, está demostrado que es el crecimiento la herramienta fundamental de la disminución de la pobreza. En Colombia, según Fedesarrollo, el 74% de la reducción de la pobreza, entre 2002 y 2017, fue resultado del crecimiento, y apenas el 26% se debe a distribución del ingreso.
Ahora, en algunos ejemplos concretos y excepcionales el subsidio estatal no es solo posible sino deseable. Uno de eso casos es el de los adultos mayores que, por sus niveles de instrucción y sus condiciones de vulnerabilidad, no están en condiciones de trabajar y subsistir por su propio esfuerzo y además no cumplen los requisitos para recibir una pensión. Es, por tanto, deseable que se les proporcione unos ingresos mínimos de subsistencia.
Así que, dejando de lado la discusión sobre prioridades en el gasto social, el problema de la propuesta sugerida por Petro para modificar el sistema pensional no es de objetivos sino de medios.
El gobierno pretende la cobertura inmediata de todos los adultos mayores que no tienen pensión, cerca de tres millones de personas. Cubrirlos a todos ahora mismo exige unas cuantías gigantescas que van desde 18 billones anuales, si se les entregara medio millón de pesos a cada uno, hasta cerca de 20 billones, si se quiere darles medio salario mínimo, que para el próximo año estará entre $1.120.000 y $1.200.000 pesos. La propuesta se comería todos los nuevos ingresos de la tributaria.
Para seguir contando con esos recursos para otros propósitos, Petro propone que la cobertura de los adultos mayores sin pensión se haga con las cotizaciones de los trabajadores que devengan hasta cuatro salarios mínimos. Como cerca del 90% de la población gana dos salarios mínimos o menos, casi todos los colombianos saldrían de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
Por otro lado, no es claro si los aportes que se quieren trasladar de las AFP al Estado irían al régimen de prima media que administra Colpensiones. En ese caso, los ahorros privados financiarían las pensiones estatales ya existentes y harían aún más regresivo el sistema. Recordemos que el 73,1% de los subsidios en pensiones se destinan al 43% de las personas con más altos ingresos. Unos privilegiados que no hicieron los aportes correspondientes a las pensiones que reciben porque estaban en regímenes especiales. La alternativa sería que la cobertura no se haga por el camino pensional sino a través de subsidios directos, pero en ese caso la medida gubernamental se convertiría en un impuesto al trabajo y al ahorro.
Además, por cualquiera de las dos vías la propuesta es insostenible. Los aportes de aquellos que quedarían obligados a entregar sus ahorros al Estado se calculan en cerca de 17,7 billones al año. Ese dinero renta en las AFP pero no en el régimen de prima media, el estatal (que no contempla el ahorro individual), ni, por supuesto, en el sistema de subsidios estatales. Como el sistema de prima media ya es insostenible, porque los aportes han sido y son mucho menores que las pensiones que se entregan (la diferencia la financiamos todos con nuestros impuestos), la propuesta de Petro agravaría exponencialmente el déficit actual. En el 2021, el rubro del presupuesto nacional para el pago de las mesadas de Colpensiones fue de 43,4 billones y este año se destinaron 51,9. El próximo año serán mínimo 56 billones. Si la pensional es la vía escogida para los aportantes que saldrían de las AFP, es muy probable que no recibirán la pensión que buscaban con su ahorro. Por mucho que el Estado prometa lo contrario, se pone en riesgo su pensión futura. Pero si el camino que se escoge es el del subsidio estatal, los aportantes simplemente perderán sus ahorros, los aportes dejan de ser propios, y su pensión futuro sería todavía más azarosa.
Al final, el Estado (es decir, todos nosotros) no tendrá alternativa distinta a subir aún más los impuestos o endeudarse todavía más, o una combinación de ambas cosas. Deuda que, en todo caso, hay que pagar más temprano o más tarde. De entrada, los mercados internacionales verán con aún mayor preocupación la situación fiscal del país, se encarecerá más nuestra deuda y habrá una devaluación aún más profunda.
Dos factores agudizan el problema. Por un lado, hay que resolver el desafío de la informalidad, que hoy es del 58,3%. Es decir, seis de cada diez trabajadores no aporta para su pensión. Por el otro, el acelerado envejecimiento de la población colombiana, más rápida aún que el promedio global. En diez años, apenas habrá una persona menor de 15 años por cada adulto mayor de 60 y para el 2050 solo habrá un menor de 15 por cada dos mayores de 60. Hoy, 8 de cada 10 afiliados a las AFP es menor de 45 años. ¿De dónde saldrán los recursos para pagar sus pensiones?
La reforma pensional es indispensable. Pero la propuesta de Petro no solo vulnera los derechos y libertades de los aportantes sino que es insostenible y solo asegura la quiebra definitiva del sistema y más hambre, mucha más hambre, en el futuro.
