Por Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
Recientemente Gustavo Petro acudió a un evento público en el departamento de Nariño y allí afirmó lo siguiente: “no habrá más votos por mí como persona, a menos que el pueblo lo decida”. Esta no es una simple frase suelta ni una declaración improvisada.
Es, por el contrario, así se pretenda dudar de su alcance, una clara manifestación calculada que se enmarca dentro de una estrategia política puntual. Esa locución, cuidadosamente ambigua, abre la puerta a lo que ya hemos visto en otros rincones del continente, el uso de consultas populares, cabildos abiertos y asambleas. Da vía a una eventual reelección o a un alargamiento de su período. Cualquiera de las dos opciones se sitúan al margen de las normas constitucionales vigentes.
Esa afirmación, revestida de un supuesto respeto por la voluntad popular, remite inevitablemente a los discursos empleados por Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, quienes bajo la consigna del “mandato del pueblo” desmontaron poco a poco los contrapesos democráticos para consolidarse indefinidamente en el poder. No se dude pusieron en práctica las directrices del Foro de Sao Paulo, creado por Fidel Castro y Luis Inácio “Lula” da Silva.
Cuando un gobernante comienza a hablar de asambleas populares y de “consultas al pueblo” como instrumentos para lograr sus propósitos, por encima de la Constitución, no estamos ante ejercicios legítimos de participación ciudadana, sino frente a intentos velados de desinstitucionalización. Petro sabe que en Colombia la reelección presidencial está prohibida. Sin embargo, su frase insinúa que podría sortear esa restricción mediante mecanismos plebiscitarios que busquen legitimar, por la vía de los hechos, lo que el pueblo, en ejercicio de su poder soberano como constituyente primario, no permite.
Entonces, a la oposición le corresponde hacer un urgente llamado a todos los sectores democráticos del país —independientemente de su ideología— a rechazar este tipo de insinuaciones que amenazan la estabilidad institucional y el orden constitucional. Colombia no puede permitir que se replique el libreto de regímenes autoritarios que, bajo el disfraz del “poder popular”, han destruido las democracias en varios países de Latinoamérica.
Defender siempre la Constitución, los límites del poder y la alternancia democrática no es un capricho, es un deber ineludible ante los embates del personalismo y el mesianismo político.
Colombia necesita instituciones fuertes, no caudillos. Necesita justicia social, sí, pero dentro del marco del Estado de Derecho. Hoy más que nunca, la vigilancia ciudadana y el control político deben redoblarse frente a los discursos que, disfrazados de justicia popular, esconden peligrosas intenciones de perpetuación en el poder.
Sin asomo de duda le corresponde a la oposición unirse. Es un reto complejo, pero no imposible. Requiere de una estrategia política y particularmente comunicacional que vaya más allá del rechazo al gobierno y construya una propuesta coherente, viable y atractiva para sectores diversos. No se puede creer que la opinión de algunos grupos sea una solución. La acción debe ser coordinada sin duplicidad de esfuerzos y liderada claramente por el sector empresarial que en grave riesgo se encuentra.
Toda campaña de oposición, especialmente en el caso de un gobernante ilegítimo como lo es Petro debe definir un horizonte: la defensa de la democracia como también la reactivación económica y la institucionalidad. Para conseguirlo es fundamental, ocuparse de la seguridad, empleo, respeto a la ley, lucha contra la corrupción, el freno al autoritarismo, la recuperación de la salud y el hundimiento de las reformas.
En esta tarea será crucial evitar la polarización reactiva. No se puede continuar con el discurso de atacar, sino que hay que pasar a ser propositivos, a liderar sobre la construcción que se muestre como una alternativa real. Ya basta de tanta queja. Las grandes ciudades tienen ya un trabajo adelantado, es esencial trabajar con regiones, jóvenes, mujeres, y sectores populares.
Fundamental buscar voceros con visión de país y capacidad de unir, no figuras que dividan o solo busquen protagonismo. El papel que ha desarrollado Vicky Dávila la coloca, por ahora, al frente del liderazgo de oposición que tiene inevitablemente que incluir desde ya candidaturas para gobernaciones, alcaldías, congreso y concejos municipales.
Petro ha dominado lo digital. La oposición debe construir un ecosistema comunicacional fuerte, con contenidos, datos y emoción. Combatir la desinformación con inteligencia: No con insultos, sino con creatividad y pedagogía.
El gobernante actual, obnubilado por el poder, quiere aferrarse a las mieles y beneficios que de éste ha obtenido para continuar en su goce y disfrute. No interesa si para lograrlo debe asolar con las instituciones democráticas y poner en entredicho los valores republicanos que, con sus defectos, han sido la base fundamental del Estado colombiano. Es el momento de detenerlo en su afán continuista, que niega la alternancia política y derrumba la democracia. Y la mejor manera de prevenirlo es diagnosticando sus incipientes revelaciones. Es hora de empezar, mañana puede ser tarde.
