Rafael Rodríguez-Jaraba*
Si bien, y por lo general, la Política fastidia, repugna y hastía, no podemos desconocer su decisiva incidencia en la Economía, al punto que, difícilmente se puede pensar en progreso, bienestar y desarrollo, sin contar con políticas económicas racionales y sostenibles, y sin normas apropiadas que las regulen.
Qué nadie olvide, que, las naciones y los Estados no viven de la Política, y, al contrario, es la Economía la que mantiene a las naciones y los Estados, y, con frecuencia, las políticas de los Estados, antes que contribuir al mejoramiento económico de las naciones, les provocan inestabilidad o retroceso.
Distinto sucede cuando los gobiernos diseñan políticas orientadas a promover el fortalecimiento y el crecimiento económico, mediante la adopción de reformas inspiradas en justicia, equidad y bienestar social, lo que infortunadamente no sucede en Colombia en los actuales momentos, en donde la contracción y el decrecimiento económico, es resultado de las obtusas, recesivas y regresivas políticas económicas del Gobierno.
Desde una perspectiva académica restringida, mientras que la Política se dedica al estudio de las formas y modelos de gobierno que rigen a las naciones, así como a la manera como se captan y asignan los recursos y se regulan las actividades civiles y comerciales entre los gobernados y frente al Estado; la Economía, por su parte, se ocupa en estudiar la influencia de las políticas que adoptan los gobiernos, y más que eso, la eficiencia y eficacia de la inversión y el gasto que realizan, y, el desempeño de la sociedad a partir de la utilización de esos recursos, pudiéndose medir su impacto favorable o desfavorable, en términos de comportamiento de variables macroeconómicas como son, entre otras, la oferta, demanda, consumo, inversión, financiación y endeudamiento, y, así poder determinar, la presencia de fenómenos económicos cíclicos como son los de inflación, deflación, recesión, devaluación, revaluación, e inclusive, el de estanflación que se presenta cuando a la recesión se suma la inflación.
En términos prácticos y salvo contadas excepciones, los Estados y los Gobiernos son mantenidos por la Economía, mediante el recaudo de la contribución fiscal impuesta a los ciudadanos, siendo el Gobierno, tan solo un mero administrador de ella, por lo que no se compadece que una carga tributaria tan cuantiosa, gravosa y confiscatoria como es la que soportamos y pagamos los colombianos, sea dilapidada por un Gobierno sin norte, caracterizado por su manifiesta incapacidad, indelicadeza, improvisación e ineficiencia en la administración, uso y asignación de los recursos públicos.
En una economía sana, las políticas públicas en materia económica, deben estar alineadas y enfiladas al logro de un desarrollo integral y armónico, que incluya a todos los sectores sociales bajo los principios que inspiran el derecho a la iniciativa privada, la libre empresa, la libertad de asociación y la economía de mercado.
Pero en Colombia la vigencia de estos principios está seriamente amenazada, por lo que no resulta descabellado suponer, que, de no evitarse, el actual Gobierno seguirá asediando y debilitando el sector productivo hasta reducirlo a su mínima expresión, para concentrar y asumir el control de la economía, como si el Estado y el empleo se pudieran mantener y aumentar sin la participación decisiva del sector real.
Es evidente que Petro nada sabe ni entiende de Economía y menos de Finanzas, y que su empirismo anacrónico lo induce a seguir creyendo en el fracasado modelo de Economía Central Planificada, propio de los regímenes socialistas y comunistas, y tan solo bueno para causar desengaño, frustración, pobreza y miseria. Basta ver la penosa y vergonzosa miseria en que vive el pueblo cubano y el venezolano, para advertir el estruendoso fracaso de este regresivo modelo, además, impuesto por medio de la represión y el sometimiento.
No se debe ignorar, el paupérrimo resultado de la economía durante el año 2023, en el que, sin contar el año 2020 de la pandemia, se registró durante un semestre una desaceleración económica que no se presentaba desde hace más de 20 años, resultado de la inestabilidad legal, la inseguridad jurídica, la devastadora reforma tributaria, la pérdida de confianza, la reducción de la demanda, el decrecimiento de la inversión y el aumento de la violencia y la criminalidad, factores, que al final, determinaron que obtuviéramos una tasa de crecimiento inferior al 1%.
El retroceso económico experimentado en el año 2023, responde a la teoría económica denominada Crowding Out, que predica el desplazamiento o efecto expulsión de la inversión en sectores de la economía como resultado de la intervención del Estado.
A esta grave coyuntura se suma, la incertidumbre que provoca la insistencia del Gobierno en sacar adelante a cualquier costo, una regresiva Reforma a la Salud, cuyo trámite en el Congreso ha sido y, de no archivarse en el Senado, seguirá siendo abiertamente inconstitucional, así como el proyecto de Reforma Laboral que amenaza la destrucción de empresas y empleos, y, peor aún, la Reforma Pensional que pretende que el Gobierno pueda utilizar a su antojo el ahorro privado de los colombianos en sus desvergonzadas orgías de gasto.
Todas las fuentes de información neutrales y confiables coinciden al registrar, la gradual y sostenida desaceleración económica a partir del momento en que Petro asumió la presidencia, al igual que, cuando manifiestan preocupación por los efectos catastróficos que causarían, de ser aprobadas, las reformas propuestas por Petro y acolitadas por su cada día más diezmada bancada en el Congreso.
Al final, más que la Política, lo que verdaderamente preocupa, es el desplome de la Economía de la cual vivimos, y vive el Estado. Ojalá que los que aún creen en Petro, e inclusive, se atreven a defenderlo, recapaciten y se sumen a la inmensa mayoría de colombianos que pedimos su dimisión, por la incapacidad, torpeza y maledicencia de su parodia de gobierno.
Para concluir, reitero lo que manifesté en mi columna de la semana anterior:
La Corte Constitucional debe agilizar la declaratoria de inconstitucionalidad de varias leyes demandadas, que fueron aprobadas por la bancada del Gobierno con visibles vicios de forma, fondo y unidad de materia.
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral debe pronunciarse sin más dilaciones sobre la presunta financiación irregular y violación de los topes en la campaña de Petro.
A su vez, la sociedad civil debe acrecentar y arreciar su protesta cívica y pacífica, ante tantas indelicadezas, despropósitos y desvaríos de Petro.
Lo que no se haga ahora, mañana será difícil poderlo hacer.
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Profesor de Derecho Comercial, Contractual y Financiero. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
