Por Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
El presidente de la República y algunos de sus ministros, pese a que ahora lo niegan, convocaron con euforia y ánimo retaliativo a un “paro nacional” para los días 28 y 29 de mayo de este año, el que comúnmente es entendido como la cesación de actividades laborales en signo de protesta por una situación de crisis. De ahí lo insólito. Hay quienes sostienen que un paro es una apuesta decisiva al todo o nada. Y los iniciales llamantes junto con los gremios sindicales, centrales obreras y demás citantes quedaron en la nada porque el pueblo colombiano, por obvias razones, no les respondió.
Así, los mencionados días solamente pasaron a engrosar la larga lista de fechas en las que Colombia se “pasma” no por decisiones económicas, ni por desastres naturales, sino por la ineptitud e inercia de un gobierno que promueve la protesta, en su versión más radical, en vez del diálogo democrático. Esta vez, el detonante fue el hundimiento de una consulta popular, lo que motivó —según Guillermo Torres periodista de la Revista Semana— una conversación virtual entre el presidente Gustavo Petro y su ministro del interior, donde ambos trataban la necesidad de una huelga, incluso preguntándose entre ellos quién debía convocarla.
El paro se desarrolló en un ambiente de creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente Petro ha acusado al Congreso de actuar en contra de los intereses del pueblo y ha anunciado que, si el Congreso continúa bloqueando sus reformas, emitirá un decreto para impulsar la consulta popular en los primeros días de junio de 2025.
Lo que en otros tiempos hubiera desatado un escándalo de gobernabilidad hoy parece diluirse entre el ruido de las calles y el silencio institucional. Porque si un jefe de Estado —con o sin acción directa— inspira o respalda un paro, la línea entre el derecho a la protesta y el abuso de poder se vuelve muy tenue. Peor aún si, como ocurrió en Bogotá, los actos terminaron en bloqueos, ataques al sistema TransMilenio y colapso de la movilidad, afectando a millones de ciudadanos que simplemente querían llegar a su trabajo o atender una emergencia.
Fenalco ha sido claro: el comercio está sangrando. Las pérdidas son millonarias. No solo las empresas, también los servicios, desde el transporte hasta la salud, han sufrido parálisis. Y aunque la protesta pacífica es un derecho consagrado en la Constitución, no lo es la que se ejerce con rompimiento de vidrios, incendio de buses o toma de las calles.
La pregunta entonces no es si hubo razones para el descontento —eso corresponde a los ciudadanos debatirlo—, sino si alguien va a responder por la desproporción de los hechos. En teoría, el obligado a imponer el orden es el Estado, a través de la Fuerza Pública, con protocolos que garanticen el equilibrio entre el derecho a protestar y el derecho a la libre movilidad. Pero cuando quienes están llamados a actuar se convierten no solo en observadores sino más bien en impulsores o instigadores, ¿En manos de quién queda el país?
El gobierno está en la obligación de dar explicaciones claras. Las pocas personas que salieron en Bogotá no tienen derecho a perjudicar a los millones de sus habitantes. Y por supuesto debe asumir su responsabilidad en todas las actividades que realizaron y que llevaron al desastroso resultado. Ahora el presidente y el ministro del Interior dicen que no convocaron este paro. Pero, entre las pruebas que establecen ese llamado está el chat de Benedetti a Petro y el vídeo de Petro en Barranquilla, aunque es posible que dado el estado en que se encontraba “no recuerde” lo que dijo desde la tarima y que todos oímos.
Dicen que esta movilización de 48 horas fue convocada por las centrales obreras, CUT, CGT Y CTC junto con Fecode y sectores sociales. A través de las redes manifestaron que se trataba de respaldar las reformas propuestas por el gobierno Petro y apoyar la consulta popular.
El paro buscó presionar al Congreso para que apruebe la consulta popular, sin embargo la ausencia de la mayoría de los colombianos es significativa y traduce el apoyo del pueblo a la decisión adoptada por el poder legislativo, máxime cuando tal mecanismo se utilizó con fines diferentes a los concebidos en la Constitución Política y como distractor para emitir el Decreto 0572 de 2025, normativa que persigue el recaudo anticipado de dinero para cubrir el “hoyo” fiscal que este gobierno ha taladrado con gastos suntuosos e innecesarios, que no con beneficios sociales para nadie, menos aún para las clases más necesitadas a las que, entre otras, tiene haciendo largas filas para la atención de salud y sin los auxilios del ICETEX para su educación y de mi casa ya para vivienda.
Además, el avance en el Congreso de la reforma laboral, aprobada ya en la Comisión Cuarta, por lo que pasará a la plenaria de la corporación legislativa, torna en superflua la consulta popular
Con todo, el mensaje que deja esta jornada es preocupante: cualquier decisión política desfavorable a los proyectos del gobierno será replicada en la calle con bloqueos y caos, que no en las urnas ni en los estrados. Colombia no puede normalizar la ingobernabilidad. Y mucho menos, permitir que las diferencias ideológicas deriven en parálisis social, con el aval silencioso de quienes juraron garantizar el orden constitucional.
El paro fracasó. El dirigente sindical Fabio Arias, presidente de la Cut, confesó que los bloqueos a Transmilenio eran una opción. Por ello debe ser investigado previa denuncia de la Alcaldía. Por supuesto, la ciudadanía resultó vencedora sin duda alguna. En distintos lugares del país los encapuchados fueron enfrentados por los ciudadanos. De resaltar en Bogotá la actuación de la señora vendedora ambulante Yaneth quien los arengó con valor y coraje e invitándolos a que dejen trabajar.
La sociedad civil está cansada y se apresta a defender su Patria y a sus FFMM y de Policía. Jamás va a permitir que Colombia se convierta en una segunda Venezuela.
