Por: Eduardo Padilla Hernández, abogado, presidente de Redvigila.
La corrupción es un fenómeno complejo y multifacético que afecta a todos los países del mundo, incluyendo Colombia.
Se estima que la corrupción le cuesta a Colombia entre el 3% y el 5% del PIB cada año, lo que equivale a miles de millones de pesos perdidos en servicios públicos deficientes, infraestructura deficiente y un clima de negocios desalentador.
UN TEMA INTERESANTE Y RELEVANTE
Está idea de utilizar la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia del gobierno y combatir la corrupción en el marco de un enfoque innovador está amparada por la LEY 962 DE 2005, que en su Artículo 4 dice: “Fortalecimiento tecnológico. Con el fin de articular la actuación de la Administración Pública y de disminuir los tiempos y costos de realización de los trámites por parte de los administrados, se incentivará el uso de medios tecnológicos integrados, para lo cual el Departamento Administrativo de la Función Pública, en coordinación con el Ministerio de Comunicaciones, orientará el apoyo técnico requerido por las entidades y organismos de la Administración Pública”.
Por un lado, reducir el número de funcionarios podría optimizar recursos, pero también hay que considerar el riesgo de deshumanizar procesos que requieren empatía y juicio humano.
PERSPECTIVA SOBRE CÓMO EQUILIBRAR ESTOS ASPECTOS
El conocimiento ético es crucial en este contexto. Es fundamental que cualquier implementación de IA esté guiada por principios que prioricen la justicia, la transparencia y el respeto a los derechos humanos.
Esto incluye garantizar que las decisiones automatizadas no perpetúen sesgos ni desinformación.
Además, es importante involucrar a la ciudadanía en el proceso, para que haya una supervisión adecuada y se fomente la confianza en el uso de estas tecnologías.
La IA podría ayudar a detectar patrones de corrupción y mejorar la transparencia, pero también es fundamental asegurar que se implemente de manera ética y responsable.
LA PROPUESTA
Reducir el número de funcionarios públicos como medida para combatir la corrupción es una propuesta controvertida.
Algunos argumentan que esto simplemente conducirá a la pérdida de empleos y a una disminución de la eficiencia del sector público.
Sin embargo, otros sostienen que una burocracia más pequeña puede ser más eficiente y menos susceptible a la corrupción.
ARGUMENTOS A FAVOR DE LA REDUCCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
* Menos oportunidades para la corrupción: Con menos funcionarios públicos, habrá menos oportunidades para que se produzcan actos de corrupción.
* Mayor eficiencia: Una burocracia más pequeña puede ser más eficiente y menos burocrática.
* Ahorros en costos: Reducir el número de funcionarios públicos puede generar ahorros significativos en costos.
ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA REDUCCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
* Pérdida de empleos: Reducir el número de funcionarios públicos conducirá a la pérdida de empleos.
* Disminución de la eficiencia: Una burocracia más pequeña puede ser menos eficiente y menos capaz de brindar servicios públicos de calidad.
* Riesgo de politización: La reducción de funcionarios públicos podría politizarse, lo que podría conducir a despidos arbitrarios y a la contratación de personal basado en afiliaciones políticas en lugar de méritos.
RECOMENDACIONES
Si bien la reducción del número de funcionarios públicos puede ser una medida útil para combatir la corrupción, es importante que se implemente de manera cuidadosa y responsable.
Para mitigar los riesgos potenciales, se deben considerar las siguientes recomendaciones:
* Evaluar cuidadosamente las necesidades del sector público: Antes de reducir el número de funcionarios públicos, es importante evaluar cuidadosamente las necesidades del sector público para asegurarse de que no se eliminen servicios esenciales.
* Implementar medidas de protección para los trabajadores: Se deben implementar medidas para proteger los derechos de los trabajadores que sean despedidos como resultado de la reducción de personal.
* Establecer mecanismos transparentes para la contratación: Los mecanismos de contratación deben ser transparentes y basarse en el mérito para evitar la politización.
* Fortalecer los mecanismos de control: Se deben fortalecer los mecanismos de control para prevenir la corrupción en una burocracia más pequeña.
