Por José Félix Lafaurie Rivera
Así califican los propietarios rurales de algunos departamentos el incremento exagerado de los avalúos catastrales y, por tanto, del Impuesto Predial. En Sucre, un dirigente gremial reporta casos de predios que tenían avalúo de 500 millones y hoy aparecen con 2.500. “Entonces, si pagaban cinco millones en predial, ahora pagarán 25 o 30. Una locura”.
¿Qué pasó? En principio, cabe recordar que la formación catastral o avalúo inicial de un predio y su actualización son responsabilidad del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, directamente o por delegación en agentes catastrales; en tanto que el predial, que se liquida a partir de ese avalúo, es un impuesto municipal, con la prerrogativa, en cabeza de los respectivos concejos, de fijar la tarifa entre el 1 y el 16 por mil del avalúo para predios de estratos 1, 2 y 3 con valor inferior a 135 SMLV, y del 5 al 16 por mil para avalúos superiores.
Ahora bien, el reajuste anual de los avalúos, que es competencia del Gobierno Nacional, no puede ser superior a la meta de inflación y tiene en cuenta los Índices de Precios al Consumidor (IPC) y al Productor Agropecuario (IPPA). Para 2025 fue establecido por el Decreto 1609 de 2024, con un reajuste de 3% para predios rurales dedicados a actividades agropecuarias no formados y no actualizados durante la vigencia 2024.
Hasta ahí vamos bien, pero el mismo decreto exceptúa de ese incremento a los predios que hayan sido objeto de ajuste automático del avalúo catastral durante 2024 en virtud del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, cuyos avalúos “serán los establecidos mediante la aplicación de la metodología de actualización masiva de valores catastrales rezagados en zonas rurales definidas por el IGAC…”.
Ahí es donde ya no vamos bien, cuando nos encontramos otra vez con la Ley 2294 de 2023, la “Ley del Plan” del gobierno Petro, la que intentó quitarles a los propietarios de tierra los recursos jurídicos en procesos de expropiación y creó Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, como determinantes obligatorios de ordenamiento territorial, un atentado contra la libertad de emprendimiento rural y la autonomía regional.
Esa ley, que parece especializada en atentar contra la propiedad privada de la tierra, buscando remediar el fiasco de la implementación del Catastro Multipropósito, que el Acuerdo fariano planteó terminar en siete años, Duque prometió entregar al 60% y este gobierno reporta en 26,8% a diciembre de 2024, facultó al IGAC para “adoptar metodologías de actualización masiva de valores catastrales rezagados, que permitan por una sola vez realizar un ajuste automático de los avalúos catastrales de todos los predios del país…”.
Eso es lo que pasa en Sucre y pasará en todos los departamentos, pues, en promedio, el catastro tiene 16 años de desactualización en la zona rural. ¿La solución? Actualización “masiva” y “automática” con “modelos” impuestos a espaldas del país rural al que afectan, violando las normas que limitan el crecimiento desbordado del predial y, sobre todo, el artículo 9º de la Ley 101 de 1993, en donde queda claro que los avalúos de la tierra agropecuaria no pueden ser automáticos ni masivos, pues “no podrán tener en cuenta ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios…”
No es en vano que un indignado ganadero sucreño denuncie que el Gobierno busca estrangular financieramente a los productores: “Nos están obligando a vender el ganado para pagar impuestos” y, si la situación continúa, lograrán lo que parece el objetivo de su catastrófico catastro: “arrinconar a los productores para que vendan sus tierras…”, una truculenta modalidad de reforma agraria expropiatoria.
@jflafaurie
