Por Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
Las promesas de Petro durante su campaña en el sentido de luchar contra la corrupción dieron como resultado altas expectativas y la confianza de los votantes en el «cambio». Pero se quedaron en palabras. Los escándalos de corrupción son el pan de cada día de este gobierno. No se ejerce ningún liderazgo ético y Transparencia Internacional ha señalado que el país descendió en el índice de percepción de corrupción.
En ese contexto el pasado 24 de febrero se conoció que el gobierno nacional se aprestaba a nombrar a Armando Benedetti como ministro del interior. La decisión produjo serios cuestionamientos principalmente porque carece de autoridad moral para ejercer el cargo. Esto debido, entre otras cosas, a los múltiples procesos judiciales en su contra. Su llegada a este ministerio resulta polémica pues no solo pone en cuestión los criterios de selección de este gobierno sino que también nos lleva a preguntarnos ¿cuál es su influencia en los círculos de poder?
La primera y fuerte reacción, que no se hizo esperar, fue la de 7 mujeres congresistas quienes se manifestaron en contra del nombramiento por ser incompatible con los compromisos del gobierno en favor de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. En su misiva recordaron las investigaciones por presunta corrupción y violencia basadas en género. Catherine Juvinao, representante del Partido Alianza Verde, lideró la obtención de firmas y ha sido quien ha entregado a los medios férreas declaraciones en contra de ese nombramiento.
También la vicepresidenta y la entonces ministra de ambiente expresaron en el consejo de ministros su inconformidad con esa nominación.
Armando Benedetti siempre ha sido un personaje controversial. Recientemente tuvo un oscuro papel en la financiación de la campaña de Petro y además su esposa Adelina Guerrero presentó en Madrid una denuncia en su contra, por maltrato. Esto ocurrió cuando Benedetti era embajador ante la FAO. Adelina dijo que la amenazó con un cuchillo y le cortó la ropa. Él lo niega.
De todas maneras hay más actuaciones reprochables que marcan su trayectoria y son objeto de investigación judicial. Para cualquier otra persona esos episodios debían significar su salida de la escena política. Él, por el contrario, con el beneplácito del presidente, parece haberse fortalecido al punto de ocupar ahora uno de los más importantes cargos de la actual administración.
El hecho de que Benedetti haya optado repetidamente por guardar silencio cuando las autoridades han requerido su testimonio es igualmente preocupante. ¿Qué sabe que lo hace intocable? ¿Quiénes lo respaldan? ¿Qué beneficios le reporta al gobierno su lealtad? Su nombramiento no solo es discutible desde el punto de vista ético y legal, sino que también sugiere que dentro del gobierno la transparencia y la rendición de cuentas son principios secundarios frente a la conveniencia política.
Este proceder refleja un patrón cada vez más evidente en la política colombiana: las puertas del poder no se cierran para quienes acumulan escándalos, sino que, en muchos casos, particularmente en el gobierno de Petro, parecen abrirse de par en par. Hoy, el cuestionado funcionario enfrenta siete procesos judiciales ante la CSJ. Unos en fase de investigación previa, otros en instrucción, y otro con llamamiento a juicio por el presunto delito de tráfico de influencias contra el cual acaba de interponer un recurso de reposición.
La ciudadanía exige cambios e integridad en la administración pública. Pero el mensaje que recibe es que ya no se requiere idoneidad y probidad, porque, como se dice popularmente, “ser pillo paga”. Que catastrófico mensaje se envía desde el alto gobierno al pueblo colombiano.
De conformidad con la Constitución Política el nombramiento de los ministros corresponde al presidente y no existe ningún mecanismo legal para impedir que Benedetti ocupe el cargo de ministro del Interior, salvo que se presente una inhabilidad sobreviniente. Puede ocurrir que en alguno de los graves procesos que se adelantan contra este personaje resulte condenado. También que se libre orden de captura, lo cual puede darse solo si se cumplen ciertas condiciones.
Las autoridades que lo investigan, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia (si conserva fuero) y los jueces que sean competentes podrían emitir la orden de captura en las siguientes situaciones: Si existe peligro de obstrucción a la justicia o de fuga. En caso de flagrancia se ordenaría su inmediata captura. Obviamente, cuando en conversación con Laura Saravia confesó el ingreso de 15 mil millones a la campaña, se le debió capturar. Él dijo en ese momento que si hablaba todos irían a la cárcel. Sabe que delinquió y que otros también lo hicieron. La otra posibilidad es una sentencia condenatoria proferida por un juez o tribunal.
Vale recordar el refrán. “Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza”.
