Por: José Félix Lafaurie Rivera.
Por compromisos gremiales en el exterior no estaré presente en la ronda de negociaciones con el ELN que inicia el 20 de mayo en Caracas, en la cual el Consejo Nacional de Participación, CNP, deberá someter a consideración de la Mesa de Diálogos los tres entregables previstos en el Acuerdo de Participación (Acuerdo 9) para esta primera fase de diseño: Un modelo de participación, unas recomendaciones y un Plan Nacional de Participación.
Los documentos, por supuesto, deben ceñirse al “mandato específico” que establece el Acuerdo para el CNP, que se precisa en el numeral 1 de su reglamento operativo, como una “instancia especial transitoria…cuyo objetivo es facilitar el desarrollo de la fase de diseño del proceso de participación”.
Consideraba entonces —y lo sigo considerando— que el diseño del Modelo y del Plan, es decir, de los instrumentos para desarrollar el proceso de participación era —valga la redundancia— un tema meramente instrumental y técnico —el “cómo” y el “cuándo” del proceso—, que podía hacerse con el apoyo de entidades especializadas como el DNP.
En consecuencia, no requería de “un proceso nacional, deliberante y propositivo”, pero, sin menoscabo de mi respeto por lo acordado, el problema viene desde el Acuerdo 9, que así lo estipuló (numeral 4.1.), o más bien, de la obsesión del ELN por que todo sea resultado de una participación, en este caso innecesaria; participación amplia que debería reservarse para las fases posteriores, ya no instrumentales, sino temáticas, de diagnóstico, formulación de propuestas y construcción del Plan Integral de Transformaciones, cuya culminación está prevista para mayo de 2025.
Además, una instancia temporal de 81 personas de 30 organizaciones diferentes, en un proceso maratónico realizando talleres con miles de personas, como en efecto se realizaron —78 con participación de 8.465 representantes de ¡3.132 organizaciones sociales! en 35 ciudades, 3 de Europa y hasta ¡19 cárceles!—, difícilmente podría “facilitar la fase de diseño”. En cambio, como al parecer sucedió, podría desbordar las competencias del CNP.
Habrá que esperar a que los documentos sean presentados, ojalá juiciosamente debatidos y plasmados en Acuerdos, pero los que circulan, claramente las desbordaron, pues, como era de esperarse, esas “8.000 voces” no estaban interesadas en “la forma de participación de la sociedad”, como bien señala el Acuerdo para la competencia del CNP, sino en hacer propuestas sobre lo habido y por haber en lo político, lo económico y lo ambiental, recogidas en el numeral 3 del Modelo de Participación, con las que uno puede estar o no de acuerdo, pero eso no importa, pues no era ese el cometido del Consejo.
Lo grave es que ya se generó una situación de hecho, que ya se escucharon esas 8.000 voces y que, con ello, el CNP, literalmente, “defenestró” a la Mesa de Diálogos como máxima instancia, pues terminó pretendiendo imponer, nada más y nada menos, que la agenda del proceso de participación y de las negociaciones como un todo.
Más grave aún. Si se tiene en cuenta que las transformaciones que surjan del proceso pueden ser focalizadas en los territorios —bienvenidas sean—, o bien, “institucionales”, que requerirán modificaciones a la estructura jurídica del país, ya sean legales o, inclusive, constitucionales, el CNP no podía, desde su condición transitoria y limitada, pretender inducir los grandes temas y las grandes transformaciones que se deriven de unas negociaciones entre el Gobierno y el ELN, sin contar, además, con las instancias institucionales —El Congreso de la República— para tramitarlas.
En fin, habrá que esperar las decisiones de la Mesa de Negociaciones, que terminarán siendo trascendentales para el proceso, pues mucho me temo que se haya abierto una “Caja de Pandora”.
@jflafaurie
