Por Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
La crisis institucional que vive Colombia pone de relieve lo fundamental y urgente que es proteger nuestra Corte Constitucional. Es esencial resguardar su integridad pues no se trata de una simple instancia jurídica. La Corte Constitucional es la piedra angular de los derechos fundamentales, el equilibrio de poderes y la arquitectura misma del Estado Social de Derecho. Por eso, la elección de sus magistrados no puede reducirse a un reparto político ni a un pago de favores. Debe ser una de las decisiones más rigurosas, técnicas y éticas del Congreso de la República.
Elegir magistrado de la Corte Constitucional a alguien que no tenga un dominio profundo del derecho constitucional, una adecuada trayectoria académica y, además, independencia intelectual y moral, es un verdadero sabotaje institucional.
Significa someter las decisiones más trascendentales de la vida democrática —como la revisión de actos legislativos, decretos presidenciales, sentencias o la protección de derechos fundamentales— a la lógica de la conveniencia y no a la lógica de la Constitución. Es, en última instancia, poner a la Corte al servicio de intereses o posiciones personales y no del Derecho.
La investidura de magistrado de la Corte Constitucional no es un premio político ni un peldaño en una carrera burocrática. Es una dignidad. Quien la ostenta tiene en sus manos la capacidad de orientar el destino jurídico del país, de corregir excesos del poder, de blindar a los ciudadanos contra arbitrariedades y de trazar el rumbo de la jurisprudencia nacional. Por eso, el mérito debe ser el único criterio admisible. La trayectoria, la probidad, la solvencia académica y la independencia deben ser condiciones innegociables.
Elegir un magistrado de esta alta Corte por su posible utilidad política o por su disposición a proteger intereses particulares es una clara violación al espíritu de la Carta Magna.
Lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía en que la Carta está viva, protegida y defendida por personas idóneas, ajenas al clientelismo y al cálculo partidista.
En este sentido la próxima elección de magistrado debe ser una reivindicación de las instituciones. Que la democracia tenga en este proceso una redención. Que prevalezca el mejor.
La elección que tendrá lugar el próximo jueves en el Senado, para reemplazar a la magistrada Diana Fajardo, cobra gran trascendencia por cuanto acaba de tener lugar la detención de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente. Estas detenciones, ordenadas por la Corte Suprema de Justicia, son un punto de inflexión para nuestra democracia. No se trata solo de la caída de dos figuras políticas relevantes. Estamos ante una clara y muy grave señal de corrupción en las entrañas de nuestro sistema institucional. Esto pone en jaque la credibilidad del Congreso.
Las investigaciones periodísticas y los análisis difundidos por expertos sugieren que parte de los 4.000 millones de pesos entregados en efectivo como presunto soborno habrían sido destinados a garantizar la elección de Vladimir Fernández como magistrado. Lo más alarmante no es solo la naturaleza corrupta de esa transacción, sino la posibilidad de que dicho nombramiento tuviera un propósito político preciso: bloquear la investigación que adelantaba el Consejo Nacional Electoral contra el presidente, a pesar de que ya existían decisiones favorables tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional. Si estas sospechas se confirman, estaríamos ante una conspiración contra la transparencia institucional, con consecuencias incalculables para el equilibrio y separación de poderes en el país.
Resulta imperativo que la elección de la próxima semana se lleve a cabo bajo los más altos estándares de transparencia y rigor. La ciudadanía no puede permitir que un proceso de esta envergadura esté manchado por intereses clientelistas o acuerdos políticos que conviertan a los altos cargos judiciales en moneda de cambio. La Corte Constitucional debe ser un baluarte de independencia, no una prolongación de estrategias partidistas ni una vía para asegurar impunidad.
La terna extendida por el Presidente para designar el reemplazo de la magistrada Diana Fajardo Rivera la integran Dídima Rico, actual magistrada auxiliar de la Jep, la laboralista Karena Casallas y el abogado del presidente Héctor Carvajal que no ha sido bien recibido por la opinión. Colombia no puede seguir tolerando que los nombramientos más sagrados del Estado se negocien como favores. Las ternas presentadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado deben ser objeto de un análisis profundo.
