Verdad y Justicia No Más Concesiones al Terrorismo

Bernardo Henao

Por Bernando Henao Jaramillo.

El 17 de enero del 2019 en un acto demencial en horas de la mañana en la Escuela General Santander, en pleno corazón de la ciudad, explotó un carro bomba que causó la muerte de 20 cadetes de policía, 19 jóvenes colombianos y un ecuatoriano. Igualmente,  en el acto falleció el conductor del vehículo convertido en arma mortal una camioneta Nissan Patrol  blindaje 2,  en circunstancias aún por determinar si fue un suicidio o fue una detonación controlada desde afuera, en forma similar a como ocurriera en la bomba que las Farc colocaron al Club El Nogal falleciendo también su conductor.

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Con este infame y atroz crimen, Bogotá  revive aquella época aciaga contra el estado que le desatara el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. No se olvidará nunca la explosión causada con artefacto explosivo al avión de Avianca; la dantesca explosión con vehículo a las instalaciones del DAS, el ataque al centro de la 93 por citar los más dolorosos en esa demencial guerra, son unos de los antecedentes que obligaron al estado a negociar. Si bien en  la historia ha faltado profundización y análisis de si en ese entonces se claudicó o no,  lo cierto es que en la lucha contra la extradición, quedó como vencedor el narcotráfico. La Constitución de 1991, quedó contaminada con la entrega que se diera para aquel entonces con la prohibición de la extradición.

Aunque han transcurrido ya cerca de 15 años de haberse perpetrado salvaje acto terrorista, el siete (7) de febrero del año 2003, aún permanece en la memoria de los colombianos, se consumó al llegar la noche el ataque terrorista a las instalaciones del Club El Nogal,  que dejó un saldo de 36 personas muertas y más de 200 heridos graves. En la investigación quedó demostrada plenamente la autoría del grupo subversivo de las Farc que,  ahora con la implementación del Acuerdo de Paz y en actuaciones en curso ante la JEP, pretenden sus autores justificar como acto de guerra y no como lo que fue, es y será siempre, un crimen atroz de lesa humanidad.

Tres épocas distintas un elemento común TERRORISMO. Grave delito atroz y de lesa humanidad que debe ser por completo rechazado, investigado y sancionado en forma ejemplar; pero no lo hemos hecho. En la época de la demencial guerra con el narcotráfico liderado por Escobar se claudicó. La posterior a la bomba en las instalaciones del Nogal, premio a sus autores que aun hoy no han entregado su versión,  pero anticipan su justificación.

Corresponde ahora decidir el tratamiento a los autores del execrable crimen en una institución educativa en la que cegaron la vida de unos jóvenes cadetes que estaban dispuestos a dar todo por su país pero que en un acto, irracional, sangriento, condenado por el Derecho Internacional Humanitario, les arrebataron su vida, al despedazarlos con la detonación de 80 o 90 kilos de poderosos explosivos que ya tiene confeso y responsable al Grupo Subversivo del Ejército de Liberación Nacional más conocido por sus siglas mortíferas ELN.

En una intervención pausada y dolida el señor Presidente del Colombia Dr. Iván Duque Márquez, al ya anticiparse y determinarse en la investigación seguida por la fiscalía la autoría del ELN,  como autor material e intelectual del atentado a la Escuela General Santander, previa opinión favorable del Consejo Nacional de Seguridad;  con tino y firmeza,  dispuso levantar la suspensión de las órdenes de captura contra 10 integrantes negociadores del grupo terrorista que hoy se encuentran instalados cómodamente en Cuba. Cortó,   de un solo tajo, los beneficios otorgados a ellos por el Gobierno de Santos y desde luego como corresponde y era obvio que así  procediera,  activó circulares rojas de Interpol para hacer efectivas las capturas de los delegados hoy confesos de terrorismo.

La reacción de los facinerosos no se ha hecho esperar; transcurrido tres días del atentado reconocieron su autoría en comunicado  que entregaron vía internet, en el que entre otros señalan:

“El Presidente no le dio la dimensión necesaria al gesto de paz que el Ejército de Liberación Nacional realizó para las fechas de navidad y fin de año,  su respuesta fue realizar ataques militares en contra nuestra, en todo el territorio nacional…” Y agregan miserablemente “La Escuela de cadetes de la Policía Nacional, es una instalación militar, allí reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contrainsurgente y dan trato de guerra a la protesta social”.

Que más absurda justificación, todo un despropósito una institución educativa jamás es una instalación militar. La Policía tampoco en la organización del estado tiene el rango militar,  es civil y lo será siempre por mandato legal.  A esa justificación los colegios patrios donde se educan los hijos de militares son entonces con ese ruin argumento eventuales objetivos.

Como se esperaría han debido rechazar los garantes el acto terrorista pero no se hizo. Quedó con lo ocurrido y su proceder,  que éstos fueron mal escogidos.  Venezuela ya se sabe que papel juega y allí se da abrigo a los delincuentes. Cuba acorde con su línea marxista comunista, se aprestó a dejar saber a través de su Canciller el cumplimiento de los protocolos, en otras palabras, peticionó al gobierno que entrega los delegados de esa guerrilla, en un territorio en Colombia que les permita eludir la justicia y no en sintonía con las normas del derecho Internacional que le impone su captura inmediata y entrega al estado requirente.

De esos gobiernos uno hoy espureo y otro con la misma línea ideológica del ELN,   era de esperarse lo ocurrido; pero que en Colombia cierto sector periodístico y unos senadores de la oposición y un recurrido siempre negociador que se identifica más con ellos que con el país, que instaló en Noruega su hijo, salen a peticionar reanudar diálogos y a colocar en duda la decisión frente a los protocolos  suscritos en la era Santos, es por completo improcedente e inadmisible.

Esos protocolos en el nuevo gobierno del Doctor Iván Duque, no aplican. La mesa de diálogo con ese movimiento en el nuevo gobierno no se instaló por el contrario,  se exigieron condiciones que nunca cumplieron los subversivos, como eran regresar los secuestrados, dejar de cometer ese y otros delitos y sus respuesta ya confirmada en su comunicado, confesando y  aceptando la autoría del atentado con el carro bomba; manifestación escrita no lo dudemos que hizo  trizas los protocolos,  demuestra que el estado Colombiano,  en respeto y acatamiento del mandato constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos le impone mover todo el aparato estatal para dar con los terroristas, enjuiciarlos y sancionarlos ejemplarmente. Los organismos internacionales relevantes hoy le dan la razón.

Las capitulaciones del pasado ante el terrorismo no pueden jamás ser constante para tratar con asesinos desalmados y despiadados. La dignidad y fortaleza de Colombia,  reclaman mantener la línea firme del gobierno. No cabe duda que como se dijo a lo largo de la sentida marcha del pasado domingo, “el pueblo unido jamás será vencido”. El terrorismo es el enemigo. Las armas de la República están para defender a los ciudadanos y protegerles. La vida es por completo sagrada y el Gobierno y su policía deben velar por cuidar y preservar las vidas de los colombianos.

Decimos lo que otros callan
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