Por: ISAAC EDUARDO PADILLA RAMOS
Presidente de la Red Nacional de Veedurías
Pocas cosas nos representan tanto como un pasaporte. Es nuestra puerta al mundo, nuestra carta de ciudadanía ante otros países, la prueba de que pertenecemos a una nación. Pero en Colombia, ese documento tan vital junto con la base de datos de quienes lo portan está bajo el control de una sola empresa privada: Thomas Greg & Sons. Y lo sigue estando, otra vez, gracias a una licitación que vuelve a terminar en sus manos.
No es la primera vez. Tampoco es coincidencia. Esta firma lleva casi dos décadas controlando el negocio de los pasaportes. Y no solo eso. También participa en la logística electoral, el preconteo de votos, la impresión de documentos oficiales, el manejo de huellas dactilares, registros biométricos y más. En resumen: tiene en sus manos los datos más sensibles de los colombianos, de nuestra identidad y de nuestra democracia.
¿Y el Estado? Observa. Renueva contratos. Prorroga. Se acomoda. Y cuando algún funcionario intenta salirse del libreto, lo sancionan.
Eso fue exactamente lo que ocurrió con el excanciller Álvaro Leyva. En 2023, declaró desierta la licitación al considerar que no podía adjudicar semejante contrato a un único proponente. ¿La respuesta institucional? La Procuraduría lo inhabilitó por diez años. Así de claro: quien se atreve a cuestionar el monopolio, lo paga caro.
