Expresidente de Pakistán, Pervez Musharraf, exiliado en Dubái, fue sentenciado a pena de muerte

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P

rimera-  Un hecho sin precedentes. El expresidente de Pakistán, Pervez Musharraf del país oriental, quien se mantenía exiliado en Dubái, fue sentenciado a pena de muerte después de probarse que incurrió en el delito de “alta traición”, al encabezar en 1999 el golpe de Estado contra el primer ministro.

Dos años después, en junio del 2001, se autoproclamó presidente y desde entonces realizó una serie de acciones que, provocaron ayer ser sentenciado a la pena capital. “El Tribunal Especial de Islamabad falló sentencia de muerte para el expresidente Pervez Musharraf en un caso de alta traición”. El abogado del exmandatario, anunció que el caso se centró en la decisión de su patrocinado de suspender la Constitución y declarar estado de emergencia en 2007 con la finalidad de enfrentar al terrorismo islamita. “El terrorismo y el extremismo están en su apogeo”, agregó. Además, contó que el expresidente “sigue en Dubái y está enfermo”.

Segunda-. Boeing, el mayor fabricante de aviones del mundo, detendrá a partir de enero, de forma temporal, la producción de su problemático 737 MAX, el modelo implicado en dos accidentes a finales de 2018 y principios de 2019 en Indonesia y Etiopía, que dejaron más de

300 muertos. Esta decisión agrava la crisis que se abrió en la compañía el pasado mes de marzo, cuando las autoridades de aviación del mundo, tras el segundo accidente en cinco meses, prohibieron el vuelo de ese tipo de aeronaves. Estados Unidos fue prácticamente el último país en suspender los vuelos de los MAX y la actuación de la Autoridad Federal de Aviación (FAA) se consideró demasiado blanda con la compañía de Seatle. La semana pasada, una audiencia del Congreso en aquel país reveló que los reguladores de la aviación sabían que después del primer accidente del modelo, el de octubre de 2018 en Indonesia, había riesgos de que la tragedia se repitiera.

Tercera-. La Ley de Ciudadanía enciende las protestas en La India. Las universidades de todo el país son escenario de las protestas desatadas en la última semana contra la Ley de Ciudadanía que acaba de aprobar el Gobierno indio de Narendra Modi.

Cientos de miles de jóvenes se han levantado contra el Ejecutivo por un texto que busca regularizar a los sin papeles hindúes -sijs, budistas, jainistas, parsis y cristianos- procedentes de Afganistán, Pakistán y Bangladesh y excluye específicamente a la minoría musulmana del país. En el nordeste de La India, cuna de las protestas y donde ya han muerto seis personas, los manifestantes se oponen a esta ley porque creen que provocaría un efecto llamada de refugiados hindúes desde el fronterizo Bangladesh. La norma ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo porque establece una discriminación por motivos religiosos.

Cuarta-. Al oído del sordo presidente Duque. Por primera vez en una década, los cinco sindicatos de los trabajadores fanceses unieron ayer su voz en una nueva manifestación nacional contra el proyecto de reforma de las pensiones que el presidente Emmanuel Macron quiere ver aprobada el próximo verano.

La Confederación General del Trabajo (CGT), principal opositora al plan gubernamental, reclama la retirada completa del proyecto, y el mayor sindicato de Francia, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), apuesta por quitar la llamada «edad de equilibrio», a partir de la cual los franceses podrán cobrar su pensión completa, y que en la práctica eleva la jubilación de los 62 a los 64 años. El primer ministro francés ha dejado claro su voluntad de seguir adelante. «Queremos reformar el sistema de pensiones para crear un sistema universal. Esto implica la desaparición de los regímenes especiales. Mi determinación y la del Gobierno en este proyecto es total». 1,8 millones de personas salieron en toda Francia, una cifra que superaría las registradas el pasado día 5 (el primero en el que se registraron movilizaciones), cuando salieron a la calle 1,5 millones de personas, y el día 10, cuando esas cifras se redujeron a 800.000 manifestantes.

Quinta-. A días de cumplirse 30 años de la invasión a Panamá, se recuerda que a las 3.41 del 20 de diciembre de 1989, mientras el barrio El Chorrillo de Ciudad de Panamá ardía como una bola de fuego por las bombas y los vecinos huían de las llamas esquivando cadáveres, el presidente estadounidense George H. W. Bush le decía por teléfono a su par argentino Carlos Menem que el ataque brutal que Estados Unidos acababa de desplegar en Panamá era para “proteger vidas americanas” y “ayudar a los panameños a restaurar el Gobierno democrático”.  La frase era casi idéntica a la que había usado minutos antes con el presidente mexicano Carlos Salinas y con el venezolano Carlos Andrés Pérez, a quienes llamó también esa madrugada para justificar la invasión a Panamá.

Después de las 3.00, desde la Casa Blanca, Bush padre dedicó una hora a explicarles a tres mandatarios latinoamericanos, uno tras otro, que no le había quedado más opción que usar la fuerza militar para capturar a Manuel Antonio Noriega, el dictador que gobernaba el país desde hacía 21 años. Dijo que Noriega les había declarado la guerra: que el Ejército panameño había asesinado a un oficial de la Marina de su país y que había golpeado a otro y abusado de su esposa. “No podíamos permitir que Noriega cometa actos de violencia contra los americanos”.

ÑAPA

En los últimos tres años han desaparecido misteriosa e inexplicablemente decenas de miles de millones de dólares en oro del registro oficial, señala Tyler Durden con referencia a los datos del banco Goldman Sachs. La causa -afirma- está en el aumento del riesgo político y el temor a un colapso financiero.

Sobremesa

Bogotá, D. C. diciembre 18 de 2019