El Contralor, Carlos Hernán Rodríguez, dijo que la dilación en la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria ha acentuado los problemas relacionados con la propiedad y la recuperación de las tierras. Advirtió avances mínimos en adquisición de predios rurales para cumplir el Acuerdo de Paz. A enero de 2024, no llegan al 1% las hectáreas de tierra adjudicadas a la población campesina y las compradas en virtud del convenio que suscribió el Gobierno con Fedegan.
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, señaló la imperiosa necesidad de implementar la Jurisdicción Agraria y Rural en el país, como un mecanismo que permita llevar esta justicia especializada a la ruralidad colombiana.
El Acuerdo Final de Paz de 2016 reconoció la necesidad de una jurisdicción agraria para abordar los problemas históricos de tenencia de tierras y destacó la importancia de crear mecanismos específicos para garantizar justicia en las zonas rurales, donde los conflictos agrarios han sido una fuente constante de tensión y desigualdad.
La Jurisdicción Agraria y Rural fue incorporada en la Constitución a través del Acto Legislativo No. 03 de 2023, con el objetivo de asegurar la existencia de jueces y magistrados dedicados exclusivamente a resolver disputas agrarias en todo el territorio nacional, de manera que los conflictos sobre la tierra se logren resolver de manera rápida, eficiente y justa.
Al instalar el “Foro Jurisdicción Agraria y Rural, Estructuración y retos en el contexto de la Reforma Rural Integral”, el Contralor Rodríguez Becerra dijo que la Contraloría ve con preocupación el incumplimiento de las estrategias, productos, metas trazadas e indicadores para lograr en el país una Reforma Rural Integral.
“Desde este Foro instamos al Gobierno Nacional para que, a través de sus Ministerios, Agencias y demás entidades, se avance significativamente en la resolución de los múltiples conflictos agrarios que afectan el país”, dijo el jefe del organismo de control.
Consideró que la dilación en la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria, ha acentuado los problemas relacionados con la propiedad y la recuperación de las tierras. “Si no se toman medidas inmediatas y efectivas, los sueños de acceso a la tierra a la tierra y desarrollo rural para millones de colombianos seguirá siendo una promesa vacía”, sostuvo.
Recordó que el sector agrario ha estado históricamente marcado por largos procesos judiciales que no responden a las necesidades de las comunidades rurales y por eso la creación de una jurisdicción especializada permitirá que estos casos sean atendidos con la prioridad que requieren.
“Uno de los principales problemas que enfrenta el agro en Colombia es la inequidad en la tenencia de la tierra. La concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos ha generado tensiones sociales y ha limitado el acceso de las comunidades rurales a recursos productivos. Por ello, el país necesita saber dónde y en manos de quién está la tierra”, enfatizó. Consideró igualmente que la recuperación de baldíos debe ser una prioridad para la justicia agraria y un aspecto clave son los mecanismos de solución alternativa.
El Contralor General aprovechó para hacer un llamado a la Presidencia de la República, al DNP, al DANE, a la Superintendencia de Notariado y Registro, al IGAC y demás gestores catastrales, para avanzar en la actualización y operación del catastro multipropósito.
Acuerdo de Paz: avances mínimos en adquisición de predios rurales
Como alarmante calificó el Contralor Rodríguez Becerra la situación actual de desarrollo del punto 1.1.1. del Acuerdo Final de Paz firmado con las FARC en 2016 sobre adquisición de predios rurales y reveló que, de acuerdo con los seguimientos que realiza el ente de control, a enero de 2024 ni siquiera llegan al 1% las hectáreas adjudicadas a la población campesina.
Lo mismo pasa con las hectáreas compradas directamente en virtud de un convenio que suscribió el Gobierno nacional con la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), aseguró.
Hasta enero de 2024, se habían ingresado al Fondo de Tierras en la Subcuenta Campesinos, 252.113,2 hectáreas, correspondientes a bienes fiscales patrimoniales, equivalentes al 8,4 % de la meta pactada en el Acuerdo de Paz, que fue de 3 millones de hectáreas. Para esa fecha, solo 5.260,8 hectáreas, es decir el 0,175%, habían sido efectivamente adjudicadas a la población campesina, producto del Acuerdo.
Así mismo, entre el Gobierno Nacional y FEDEGÁN se firmó un convenio en octubre de 2022, para la compra directa de 3 millones de hectáreas que permitieran alimentar el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral y, a corte de enero de 2024, solamente se han adquirido 805,3 hectáreas, correspondientes al 0,026% de la meta.
“De acuerdo con esta información, se podría decir que, a este ritmo y sin la Jurisdicción Agraria, para cumplir la meta de adjudicación, tomando la tasa a enero de 2024, se necesitarían aproximadamente más de 3.984 años para para adjudicar las casi 3 millones de hectáreas previstas”, indicó el Contralor.
“Y si de formalización o clarificación se trata, según lo reportado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con corte al mes de enero de 2024, de los 7 millones de hectáreas para formalización, solo se habían formalizado para la subcuenta campesinos 123.319,07 hectáreas, equivalente al 1.7 % de la meta establecida. A este ritmo, se podría inferir que se necesitarían 389 años para formalizar las 6.876.680 hectáreas”, precisó igualmente.
Papel de la ANT y dificultades en acceso a la tierra
La nueva Jurisdicción Agraria y Rural se crea para dirimir los conflictos que estaba conociendo la Agencia Nacional de Tierras (ANT) frente al tema de la titulación. Al respecto, el Contralor dijo que esta entidad debe quedarse facilitando el acceso a la tierra y la Jurisdicción tendrá que encargarse de resolver los conflictos que puedan surgir en torno a ella.
En este sentido, planteó serias inquietudes sobre la capacidad que tiene la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para enfrentar problemas complejos como los conflictos de tenencia y la falta de presupuesto adecuado y consideró necesario superar la falta de coordinación entre esta entidad y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), para garantizar que los recursos asignados se utilicen de manera eficiente.
Uno de los problemas de la ANT es la falta de recursos financieros y humanos suficientes, lo que ha limitado la capacidad de la Agencia para atender de manera eficiente las demandas de restitución y formalización de tierras. Además, los trámites engorrosos han ralentizado considerablemente los procesos, afectando la entrega oportuna de tierras a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que más lo necesitan, señaló.
El Contralor reveló los resultados de una Auditoría Financiera a la ANT, sobre la vigencia 2023, donde se observó que, de los predios adquiridos por la Agencia en dicha vigencia, 17 de ellos no fueron ingresados al Fondo de Tierras, pese a contar con registros de compra emitidos por las oficinas de instrumentos públicos entre octubre y diciembre de 2023, a favor de la ANT, generando riesgos sobre la consistencia de la información de los activos de este Fondo y un inventario desactualizado, con una subestimación material por valor de 12.930 millones, afectando la razonabilidad de sus Estados Financieros.
En su intervención, Rodríguez Becerra se refirió a los recursos transferidos al Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en Paz y cuestionó este mecanismo porque se está utilizando como una manera de mostrar ejecución sin que medie un bien o servicio en beneficio de la comunidad, para el caso de la adquisición de predios. Es algo similar a lo que está pasando con los recursos que tienen en fiducias algunas entidades, subrayó.
