El Cartel de la Toga contra los Empresarios de Córdoba, quienes tenían que dar hasta el 30% en las Contrataciones


 

Los empresarios de Córdoba se enfrentan a la difícil decisión de someterse a las condiciones de las dádivas que pueden alcanzar hasta el 30% para poder acceder a los contratos con entidades oficiales.

Es conocido por todos que en Córdoba se tiene la costumbre de pedir hasta el 30% por poder acceder a las contrataciones estatales, lo que hoy ha salido a luz con las recientes capturas contra funcionarios públicos que manejaban carteles de contratación.

En interceptaciones de la DEA el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y el detenido Leonardo Pinilla, alias “El Porcino”, donde este revela que el Exgobernador Edwin Besaile y el exfiscal Luis Moreno, ejercían presión para que los contratos estatales fueran asignados o se pagaran las facturas de los empresarios honestos que quería trabajar en el departamento costeño.

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Esta situación se presentó en diferentes sectores donde no se salvó ni la salud de los habitantes de Córdoba. Casos como el de Tania Otero Arroyo, representante legal de Funtierra Rehabilitación IPS, quien presentó demanda de Parte Civil contra el exsenador Musa Besaile Fayad, con el fin de que le sean indemnizados los daños y perjuicios que le ha ocasionado con su actuar, inspirándose probatoriamente en las conversaciones entre el abogado Pinilla y el exgobernador Lyons donde delatan las actuaciones ilegales contra la señora otero por parte de Besaile y el exfiscal Moreno.

El exfiscal Daniel Diaz, hoy detenido también por este complot donde su fin era que no involucraran al exsecretario de salud Jaime pareja y a la verdadera jefe del dicho cartel Yolima Rangel, quien hoy esta procesada y hasta hace poco días estaba huyendo de la justicia.

No contentos con las actuaciones penales en contra de la empresaria, también buscaron sancionar a la institución prestadora de servicios Funtierra IPS adelantando procesos motivados con falsos hallazgos en contra de la IPS esto en cabeza de la excontralora Alba Posada, quien fue destituida y hoy enfrenta procesos penales y disciplinarios ante la misma Contraloría General de la República.

La prensa local recibiendo sobornos por esta administración se presta para realizar estas persecuciones a los empresarios de Córdoba por no acceder a las pretensiones de los besailes con el pago del 30% de sus facturas por los servicios prestados y ante la negación retener los pagos de estas entidades e instituciones prestadoras del servicio de salud en el departamento.

Poco a poco se va descubriendo el verdadero cartel de la corrupción en el departamento quienes han perseguido a Funtierra IPS y demás empresarios en Córdoba, presas de LOS HERMANOS BESAILE, LOS EXFISCALES MORENO Y DANIEL DIAZ, YOLIMA RANGEL y EL CARTEL DE LA TOGA.

La persecución de que fue víctima la empresa Funtierra IPS y su representante legal Tania Otero, se inició con una falsa investigación fiscal de la Gerencia Colegiada departamental de la CGR en Córdoba encabezada por Alba Posada Lerech, quien ya fue destituida al haberse descubierto que desaparecieron un cuaderno de pruebas aportadas por Funtierra desvirtuando cada uno de los  hallazgos fiscales, de lo cual se percató la nueva funcionaria investigadora de la CGR en Bogotá, a donde fue trasladado el proceso.

Una de esas investigaciones iniciadas por la citada contraloría de Córdoba fue proceso de responsabilidad fiscal, en la cual Funtierra IPS en reiteradas acciones se ha defendido con la argumento de no ser gestores fiscales y nunca haber recibido dineros del Estado para su administracion, basándose en las definiciones de la Contraloría General y el propio Consejo de Estado. Como obra dentro del expediente, de acuerdo con el medio magnético entregado en el cuaderno 11 (folio 2126) de la Contraloría Auditoria Vigencia 2015.

Concepto emanado por la misma oficina jurídica de la Contraloría General de la República 2018 EE 015 1749 – CGR 05187 de diciembre 12 de 2018, que en varios apartes cita:
“…De la normatividad y jurisprudencia reseñadas, se puede inferir que el gestor fiscal cuando tiene la facultad de tomar decisiones sobre recurso MNR: puestos a su disposición y en el caso que plantea el peticionario, los servicios prestados aparentemente fueron cubiertos con recursos del particular para después presentar las respectivas facturas y cuentas de cobro a la entidad pública bajo la modalidad de pago por evento definido en el literal b) del artículo 4 del Decreto 4747 de 2007, por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones”, que señala lo siguiente:

“Artículo 4. Mecanismos de pago aplicables a la compra de servicios de salud. Los principales mecanismos de pago aplicables a la compra de servicios de salud son: (…) b. Pago por evento: Mecanismo en el cual el pago se realiza por las actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos prestados o suministrados a un paciente durante un período determinado y ligado a un evento de atención en salud. La unidad de pago la constituye cada actividad, procedimiento, intervención, insumo o medicamento prestado o suministrado, con unas tarifas pactadas previamente. (…)”.

Recordemos que el CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA. Consejera ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO Bogotá, D.C., doce (12) de noviembre de dos mil quince (2015). Radicación número: 05001-23-31-000-2004-01667-01 – Actor SOCIEDAD BAAN COLOMBIA LTDA. Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA, en el cual hace énfasis que se constituye en un gestor fiscal a saber: El contratista es sujeto de control fiscal solo sí, según las cláusulas contractuales, se comporta como gestor fiscal, esto es, si administra o maneja bienes o fondos del Estado.

Así las cosas, los organismos de Control de Colombia deben poner fin a esta dañina y corrupta práctica en Córdoba de que todos los gobernantes de turno les piden obligatoriamente una coima del 30% o más los empresarios para darles un contrato oficial.

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