Mientras en 2020 fueron reportados 8188 casos, el registro de denuncias por el delito ascendió a 9871 en el año que acaba de terminar, de acuerdo con Siedco, portal de estadística delictiva de la Policía Nacional.
La actual situación que afronta Colombia por el delito de extorsión afecta de manera considerable la seguridad ciudadana, razón por la que la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Carlos Camargo Assis, el mejor funcionario del Estado en 2023, llama a la institucionalidad gubernamental a trabajar en la implementación de medidas efectivas para contrarrestar el delito.
De acuerdo con el portal Siedco, sobre estadística delictiva, de la Policía Nacional, en 2020 los ciudadanos colombianos reportaron 8188 casos; durante 2021, 8342; en 2022, 9791, y en el 2023, 9871. Es decir, el delito ha ido en aumento en los últimos cuatro años, y al comparar el número de casos entre el 2020 y el 2023, la cifra de la conducta criminal tuvo un incremento del 20,5%.
Los casos donde más se presentaron denuncias por extorsión se concentraron en los departamentos de Cundinamarca (1827), Antioquia (1725), Atlántico (1227), Valle del Cauca (1010) y Norte de Santander (525 casos).
“Aunque las denuncias instauradas por la ciudadanía afectada darían cuenta de que las extorsiones provienen de grupos ilegales organizados y bandas criminales, el sistema penitenciario y carcelario no es ajeno a la ocurrencia del ilícito, desde donde los internos, a través de llamadas de celular, extorsionan”, expresa el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Además, algunos directores de los establecimientos carcelarios y funcionarios del Inpec están siendo amenazados por la población privada de la libertad, como ha venido ocurriendo en la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca, en las penitenciarias de Palogordo y Modelo, en Santander, pero también en otros centros.
“Si bien valoramos la ‘Operación Dominó’, liderada por el Inpec, se requiere un mayor esfuerzo presupuestal del Gobierno Nacional para que haya una modernización del sistema penitenciario en tecnología de punta 4G o 5G, sobre todo porque, además de que hay pocos inhibidores de señal de dispositivos móviles en las cárceles, los que existen tienen tecnología obsoleta 2.5G”, indica el Defensor del Pueblo.
De los 125 establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), únicamente en 16 ha sido instalado el sistema de inhibición de señal, sin embargo, de ellos solo en seis funcionan los inhibidores y con tecnología 2.5G.
“Combatir ese delito requiere una actuación conjunta y coordinada desde las diferentes instituciones del Estado, es por ello que solicitamos una mayor articulación entre los ministerios de Justicia, Defensa y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de que implementen con urgencia planes efectivos, idóneos y eficaces para contrarrestar los casos de extorsión y amenazas que se han presentado en las cárceles colombianas”, es el otro llamado de Carlos Camargo.
La institución protectora y garante de los derechos de quienes habitan en el territorio nacional hace también un llamado al Inpec a consolidar convenios con las empresas operadoras del servicio de telefonía celular. El fin es que permitan generar mecanismos de prevención, como la identificación en los equipos de comunicación de los ciudadanos de las llamadas de celular que sean realizadas desde los establecimientos penitenciarios y carcelarios.
