La Representante a la Cámara por el departamento de Córdoba, Ana Paola García Soto, es una líder política de su región que va en aumento en su popularidad y eso ha despertado la envidia de sus contendores en la zona.
García Soto fue elegida a la Cámara para el periodo constitucional 2022–2026 por el Partido de la U, con más de 57.000 votos. Es miembro de la Comisión Primera Constitucional Permanente, la encargada de temas como derechos fundamentales, organización territorial, administración de justicia y reformas constitucionales.
Ha tenido una destacada actuación en el Congreso de la República y eso la llevó a ser coordinadora en esa Comisión Primera de la Cámara de uno de los proyectos más importantes y banderas del «Gobierno del Cambio» de Gustavo Petro Urrego como es la Ley de Sometimiento de Bandas Criminales, dentro del plan de «la Paz Total».
Según Gabriel Becerra, presidente de la Comisión Primera de la Cámara, designar a García Soto como ponente fue un ejercicio de pluralidad política. “Los criterios para conformar la comisión de ponentes fue garantizar la participación de las diversas bancadas. En la coordinación, además de garantizar alguien del partido de gobierno, está el nombre de Ana Paola porque ella viene de coordinar la reforma a la justicia”, explicó Becerra.
Eso ha avivado un mar de rumores y hasta montajes periodísticos sin sustento para desacreditarla, supuestamente, promovidos por sus contradictores políticos de su departamento caribeño.
Una de esas versiones de un sitio web asegura que Ana Paola García es ponente de la ley de «Paz Total», a pesar de que su esposo es «señalado de tener nexos con el Clan del Golfo», uno de los grupos criminales del país que se beneficiaría con esa norma.
El citado medio dice: «La iniciativa es la última carta que se juega el gobierno de Gustavo Petro para lograr algo concreto en los procesos de la paz total: ofrece alternativas jurídicas como penas reducidas (máximo 8 años) y quedarse con el 12% de su dinero».
Pero resulta que García Soto no tiene nisiquiera una investigación formal penal en la Corte Suprema de Justicia, su juez natural por su fueron de congresistas, por presuntos vínculos con organizaciones paramilitares o delincuenciales.
Otro aspecto para tener en cuenta es que afirman que su esposo Félix Gutiérrez Córdoba, un reconocido dirigente que ha sido elegido alcalde de Buenavista (Córdoba) en cuatro ocasiones por su carisma y estilo político que le gusta a su gente en esa localidad, tendría supuestas «relaciones» con paramilitares y el Clan de Golfo en la región.
NO TIENE INVESTIGACIÓN Y LO CUBRE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
El mencionado portal habla de una supuesta relación de Gutiérrez Córdoba con el poderoso comandante de la subestructura Uldar Cardona del Clan de Golfo en el departamento costeño, llamado José Miguel Demoya Hernández, conocido con el alias de «Chirimoya», quien fue dado de baja en este año 2025 por las Fuerzas Militares. Esto presuntamente se habría dado en 2019 cuando Gutiérrez Córdoba era alcalde de Buenavista.
Sin embargo, su trayectoria política en el municipio ha sido notable, consolidándose como una figura influyente y líder del movimiento Dejando Huellas.
Además hasta la fecha la Fiscalía no ha formalizado cargos penales contra este. En este caso vale la pena recordar el principio de la Presunción de inocencia, establecido en la Carta Política de Colombia. La Constitución Política de 1991, en su Artículo 29 dice: “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. También el Código de Procedimiento Penal, en su Artículo 7 reafirma que la carga de la prueba recae en el órgano acusador, y que toda duda debe resolverse a favor del procesado (in dubio pro reo).
Gutiérrez Córdoba al ser consultado por laotracara.co sobre estos señalamientos fue categórico en indicar que no ha tenido vínculos con grupos al margen de la ley y que todo se trata de un montaje de sus enemigos políticos cordobeses.
LAS RESPONSABILIDADES SON INDIVIDUALES
Hay que decir que el hecho de que García Soto sea pareja sentimental de Gutiérrez Córdoba no la inhabilita para ejercer su función constitucional como ponente de esa ley de «Paz Total» impulsada por el Ministro de Justicia Eduardo Montealegre y el propio gobierno, porque las responsabilidades son individuales. Y la congresista del Partido de La U no puede responder por lo que haga su esposo. Así lo contemplan las normas en Colombia y esto ha sido respladado en muchas jurisprudencias de la Corte Constitucional.
Por ejemplo, la Sentencia C-908 de 2013, en la cual la Corte afirmó que una misma conducta puede generar distintos tipos de responsabilidad (penal, disciplinaria, fiscal), pero cada una debe ser atribuida individualmente y conforme a sus propios elementos normativos. Es decir, la Corte en sentencias y Tutelas ha abordado en múltiples ocasiones el principio de responsabilidad individual, especialmente en el marco de procesos disciplinarios, penales y administrativos. Este principio implica que cada persona responde por sus propios actos, y no puede ser sancionada por hechos atribuibles a otros.
Ana Paola García es un abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especialización en Derecho Administrativo y Contratación Estatal, que aspira a llegar al Senado de la República en las próximas elecciones de 2026. Mientras que Félix Gutiérrez Córdoba busca ser gobernador de Córdoba en los comicios dec 2027.
Cabe recordar que en Córdoba los caciques políticos en los últimos tiempos han estado implicados en temas de corrupción y sobre mucho de ellos pesan gravez denuncias es investigaciones penales. Wadith Manzur, David Barquil, Erasmo,Zuleta y Orlando Benítez, no ven con buenos ojos la aspiración de Ana Paola García al Senado y mucho menos que su esposo Félix Gutiérrez quiera ser Gobernador, por eso es factible que esos cuestionados políticos, presuntamente, se embarquen en una campaña para dañarle la imagen a la pareja.
