Funcionarios de la Agencia Nacional de Minería y trabajadores del sector privado involucrados en un presunto cartel que implica a la empresa ULTRACEM serán llamados a imputación de cargos el próximo 8 de julio del presente año, ante el Juzgado Séptimo (7) Penal Municipal con Funciones de Control Garantías de Barranquilla, después de casi más de un año que se radico solitud de imputación de cargos por parte de la Fiscalía Delegada de Barranquilla, y múltiples peticiones dilatorias por parte de los indiciados de manera temeraria, para obstaculizar dicha diligencia.
Donde se fijó nueva fecha para adelantar audiencia de imputación de cargos en contra de los funcionarios públicos Jairo Edmundo Cabrera Pantoja, Diana Andrade Velandia, Ana María González Borrero, Lucero Castañeda Hernández, quienes trabajan en la Agencia Nacional de Minería, la medida también afecta al representante legal de la empresa Ultracem, Julián Alberto Vázquez Arango por los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión, todo parece indicar que los funcionarios para la época de los hechos, emitieron unas resoluciones o actos administrativos contrarios a la ley que favorecieron a la empresa Ultracem dentro de la adjudicación de un título minero para explorar y explotar un yacimiento clasificado de minerales en los municipios de Barranquilla, Puerto Colombia, entre otros en el departamento de Atlántico.
“El representante legal de Ultracem y varios de sus trabajadores por medio de maniobras por fuera de la ley al parecer se habrían apropiado de manera irregular de títulos mineros que no le correspondían, entre las investigaciones se evidencia la participación de funcionarios de la Agencia Nacional Minera que al parecer recibieron, favores o dádivas a cambio de la entrega irregular de títulos, motivo por el cual también serán llamados a imputación de cargos”, precisó el abogado de las víctimas, Pedro Ospino Polo quien además indicó que:
“La Fiscalía tiene todo el material probatorio para demostrar que se están haciendo de manera irregular a títulos mineros, y por eso podrían terminar en la cárcel, ahora cuando están al descubierto y serán llamados ante la justicia para que respondan por sus actuaciones, intentan hacerles el quite a los jueces del país, alegando medidas dilatorias que solo buscan impunidad”, agregó Ospino.
Entre las evidencia se observan alteraciones en el sistema de concesión de títulos mineros donde misteriosamente aparecieron y desaparecieron documentos, con el aparente fin de beneficiar a un tercero.
Fue tan descarada la intervención, que no querían entregar la información a los investigadores que tuvieron que hacer varias inspecciones para el recaudo de las elementos probatorios, a raíz de ello, los abogados de las víctimas se opondrán a cualquier medida dilatoria y por lo contrario esperan que la justicia actué de manera pronta, se le hace un llamado a la Fiscal General de la Nación para que intervenga debido que al parecer existen presiones de la ciudad de Bogotá por parte de una Fiscal Delegada de la Unidad de Seguridad Ciudadana para realizar un comité técnico jurídico, como lo manifestó una de las defensoras de los indiciados en audiencia pública el día 21 de junio de 2024. Situación delicada que se pone de presente por parte de los apoderados de víctimas.
