Por Eduardo Padilla Hernández.
Abogado. Presidente Asored Nacional de Veedurías*.
eduardopadilla@hotmail.com
Parte 2
Ante la mirada impotente de los pobladores asentados en los alrededores de la ciénaga del Bajo Sinú, poco a poco el humedal se ha ido secando y limitando las posibilidades de subsistencia de la comunidad que hasta hace algunos años, prosperaba conviviendo con el ecosistema de la ciénaga.
Pero la población hoy se enfrenta a una grave crisis económica producto de la sobre explotación de los recursos del ecosistema, no solo la pesca indiscriminada y la deforestación, producida por los mismos habitantes de la región ante el desconocimiento de la prácticas ancestrales que por siglos permitieron la convencía sostenible en el territorio, sino que se suman los problemas ambientales que atacan una gran numero de hábitats en nuestro país, posesión ilegitima de tierra y la expansión de la frontera agrícola, el uso de agroquímicos que se aplican a través de las fumigaciones aéreas, usando pesticidas organoclorados de uso prohibido por el Ministerio del Medio Ambiente, la construcción y funcionamiento de la Hidroeléctrica de Urrá, que compite con la ciénaga por los cuerpos de agua que suministran el recursos para el sostenimiento mismo de todas las especies que crecen y era prosperas en el Bajo Sinú.
Los humedales y ciénagas son zonas inundables que permiten la regulación hídrica de los territorios y alrededor de estos ecosistemas prosperan una número importante de especies de flora y fauna endémica de nuestra nación.
Pero esta realidad ambiental no hemos podido entenderla, y aunque en el papel, procesos de planeación y ordenamiento de estos ecosistemas supuestamente protegidos, han servido para justificar inversiones económicas de gran envergadura, producto de las transferencias del sector eléctrico al sector ambiental, apropiaciones del presupuesto general de la nación o de regalías, realmente en el territorio el impacto de tales acciones es nulo.
El tema de Lorica es un espejo de lo que pasa con frecuencia en Colombia, todos saben lo que pasa y aun peor lo que se necesita para frenar el daño, pero la falta de voluntad política y la corrupción se oponen a la protección y conservación de los ecosistemas.
Asi en Lorica, en el Bajo Sinú, poco a poco los pescadores y poblares han visto como se realizan proyectos a su nombre sin que realmente se impacte en el territorio. Asopencil, que es una organización sin ánimo de lucro conformada por los habitantes de la zona, durante años ha promovido el desarrollo de proyectos que realmente impacten en la zona.
Hoy se enfrentan con una realidad que se ha disfrazado para que en las grandes ciudades hablemos de transparencia y anticorrupción. Desde hace algunos años a las organizaciones sociales base, se les está pidiendo que cofinancien en efectivo los proyectos de inversión que desarrolla el Estado en el territorio. Según Asopencil, se han formulado proyectos desde la óptica regional, con el profundo conocimiento de las problemáticas y las dinámicas sociales y económicas propias de los habitantes asentados en las zonas, pero ahora deben conseguir entre el 15% y el 50% de los recursos que se requieren para su desarrollo con sus propios dineros pues de otra manera el Estado no les ayuda y prefiere poner en manos de extraños y extranjeros los recursos para el desarrollo de las acciones que permitirían la conservación del ecosistema.
Asopencil hoy se la juega a seguir “trabajando con las uñas”, promoviendo buenas prácticas en un lenguaje que los habitantes de la región entiendan.
Aunque son muchos los obstáculos que la comunidad organizada debe sortear, cuando se cuestionan frente a la corrupción y por que no acuden a las autoridades y órganos de control, los funcionarios de Asopencil manifiesta que “Preferimos estar de pie en la pobreza y no acostados en el cementerio”, haciendo evidente que a todos los problemas ambientales y económicos también se les suma la violencia.
Actualmente los pescadores están atravesando por un estado de vulnerabilidad, pues su situación es precaria. En una semana de trabajo, cada uno sólo gana la suma de 30 mil pesos. Y no trabajan en una actividad diferente, porque para ellos no hay oportunidad laboral en otros oficios.
La problemática de la Ciénaga Grande de Lorica gira en torno a tres factores de gran impacto: La represa de Urrá ha venido causando la extinción gradual del bocachico, especie que fue fuente de ingresos para la población, debido a que su infraestructura no permite que esta especie reofílica migratoria suba hasta el lugar adecuado donde solía desovar. Los invasores de tierras construyeron camellones, sin los estudios técnicos previos, ante los ojos de las autoridades ambientales y municipales, violando todas las normas ambientales, con la finalidad de proteger su agricultura y su ganadería.
Esos terraplenes impiden que el agua del río Sinú fluya hacia la ciénaga, causando un enorme desequilibrio ecológico y generando el deseca miento del humedal.
Antes que se creara el proyecto hidroeléctrico de Urrá, la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge (C.V.S.) no permitía la captura indiscriminada de peces, pero después que se construyó la represa, misteriosamente esa corporación no volvió a ejercer sus funciones de control y vigilancia sobre los depredadores indiscriminados que no respetan las dinámicas ancestrales
El Estado Colombiano es una figura decorativa en esta región, su presencia e impacto solo se sintió cuando con bombos y platillos inauguraron la hidroeléctrica y como una pantomima sentaron a la población para “socializar” el proyecto, como siempre en talleres que solamente sirvieron para que puedan elevar las listas de asistencia y decir ante la opinión pública que si tuvieron en cuenta a los pobladores.
Pero más allá de Urrá la ciénaga se muere y junto con ella la población que hoy ya no puede sobrevivir de las riquezas naturales.
Aun pudiera haber un impacto en el territorio pero mientas que el Estado no invierta sus recursos en el territorio con la población organizada, debemos prepararnos para el éxodo migratorio de aquellos que ya no puedan vivir de y con la Ciénaga.
Magíster en Derecho Ambiental y profesor de la materia*.
