Por: Luis De La Hoz LópezCandidato al Senado por Fuerza Ciudadana
La hidropolítica en Córdoba ha sido secuestrada por una lógica perversa: la de priorizar el balance fiscal de una generadora sobre la estabilidad geomorfológica de un territorio diseñado por la naturaleza para ser un gran regulador de agua. La situación actual de la cuenca del Sinú no es producto de la fatalidad climática, sino de una cagada operacional reiterativa que tiene nombre y apellido: Urrá S.A. E.S.P.
Mientras los cordobeses padecemos las consecuencias de un río domesticado a la fuerza, la empresa ha demostrado que su modelo de negocio se basa en violar sistemáticamente la ley para generar supra utilidades. La más reciente afrenta ocurrió en febrero de este año, cuando, según datos operativos verificables, Urrá enfrentó una contingencia hídrica sin tener el volumen de vacío requerido. Esto no es un error; es una decisión. Decidieron guardar agua de manera ilegal para venderla cara en verano, especulando con un bien público.
La Reincidencia como Modus Operandi
No estamos ante un hecho aislado. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha sido testigo de l auto, emitiendo seis conceptos técnicos que advierten sobre los riesgos de mantener el embalse por encima de los volúmenes recomendados. Desde 2020, se inició un proceso sancionatorio ambiental por incumplir reiteradamente la Curva Guía Máxima (CGM) , la barrera de seguridad que no debe transgredirse para evitar presiones sobre las comunidades y el ecosistema.
La gravedad del asunto radica en que la ANLA ha sido clara en señalar que estas infracciones no responden a condiciones excepcionales de lluvias, sino a decisiones operativas internas de la empresa. Es decir, en la sala de máquinas de Urrá se tomó la decisión consciente de violar la «curva límite roja de almacenamiento operativo» en 2022 y 2023, conducta que se repitió en los primeros meses de 2026, según se infiere de las últimas advertencias del organismo de control.
Esta reincidencia no solo es una afrenta a la autoridad ambiental, sino que configura una conducta especulativa. Guardar agua por encima de la CGM es, en la práctica, privatizar un riesgo público para maximizar una ganancia privada. Cuando el río finalmente reclama su espacio, las poblaciones aguas abajo—agricultores, pescadores y habitantes de ribera—son los que pagan el costo de esa «banca» que la empresa hizo durante los meses de lluvia.
El Precedente Piedrahíta y la Necesidad de Sanciones Ejemplarizantes
Esta conducta ya le costó el cargo a un alto funcionario del sector en el pasado reciente. El caso de Piedrahíta es el precedente jurídico y político que debe aplicarse aquí con todo el peso de la ley. Si en su momento se determinó que la mala operación hidrológica y la falta de transparencia eran causal de destitución y censura, ¿por qué la estructura accionaria de Urrá y sus decisiones especulativas siguen siendo intocables?
La jurisprudencia en materia ambiental en Colombia ha evolucionado para proteger el derecho al agua y al ambiente sano como derechos fundamentales. La Sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional, que declaró al río Atrato como sujeto de derechos, sentó un precedente de interpretación ecológica que debería aplicarse con rigor al río Sinú. Si el río fuera un sujeto de derechos, Urrá estaría siendo procesada por tortura hídrica.
La ANLA ha impuesto sanciones, pero estas han resultado insuficientes para disuadir la reincidencia. No se han conocido montos específicos de multas que realmente duelan en el balance de una empresa que prefiere pagar la sanción y seguir especulando. La ley requiere que las multas sean tan altas que resulte más barato operar bien que hacer trampa.
Un Municipio sin Humedal, un Parlamentario sin Voto
La frase que titula este análisis debe convertirse en un aforismo político en Córdoba: «Municipio que no tiene humedal, no tiene parlamentario» . La clase política cordobesa ha mirado para otro lado mientras la geomorfología lagunar del departamento—nuestra principal defensa contra inundaciones y sequías—es destruida o mal gestionada por decisiones que vienen de una torre de control.
La solución no vendrá de la misma hidropolítica nefasta que nos trajo hasta aquí. Urrá, como concepto estructural y operativo, quizás fue exitosa en su momento para generar energía, pero su operación actual es un lastre. Mientras no se castigue con dureza la especulación con el agua, mientras no se obligue a la empresa a mantener los volúmenes de vacío necesarios para amortiguar contingencias, seguiremos condenados a repetir la historia: embalses llenos de especulación y ríos abajo, comunidades vacías de tranquilidad.
Es hora de que la Procuraduría, la ANLA y la justicia ordinaria apliquen el precedente Piedrahíta a los responsables actuales de Urrá. La reincidencia en 2022, 2023 y 2026 no puede quedar impune. El agua del Sinú no es un activo de especulación bursátil; es la sangre de un territorio que clama por justicia hídrica.
