El acuerdo tiene «graves defectos» que pueden «frustrar» el propósito de la paz, sostiene José Miguel Vivanco, director para Latinoamérica de Human Rights Watch, quien agregó que «las sanciones a las Farc son una broma de mal gusto».
La prestigiosa organización estadounidense defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW), considera que el acuerdo de paz suscrito por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es una «oportunidad sin precedentes» para reducir las violaciones de derechos humanos, pero insistió en que tiene «graves defectos» que pueden «frustrar» este propósito, según reportaron el Diario de Cuba, Europa Press y el Canal CNN en Español.
«El compromiso de las FARC a desmovilizarse y desarmarse debería concluir un capítulo trágico y sangriento de la historia colombiana y ayudar a proteger a víctimas de años de violencia y desgarradores abusos», dijo el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco.
«Pero el Gobierno y las FARC frustraron seriamente la oportunidad de alcanzar una paz genuina con un llamado acuerdo de víctimas que no respeta los derechos de quienes sufrieron las peores atrocidades cometidas durante el conflicto armado colombiano», lamentó Vivanco.
«En su versión actual, el acuerdo de víctimas garantiza que los máximos responsables de estas atrocidades eludan cualquier medida genuina de Justicia, al permitir que quienes confiesen sus crímenes se libren de cualquier castigo siquiera remotamente serio», sostuvo la ONG.
«La negociación está fundada en la impunidad», enfatizó Vivanco, criticar el capítulo de víctimas del acuerdo de paz en Colombia.
HRW explicó que «los miembros de las FARC que confiesen sus crímenes oportunamente podrán evitar penas de prisión o ‘cualquier medida de aseguramiento equivalente'».
«Estarán sujetos a breves y modestas ‘restricciones de libertades y derechos’, mientras participan en proyectos de servicio a la comunidad», agregó.
La organización humanitaria norteamericana señaló que «las numerosas ambigüedades y vacíos que contiene el acuerdo podrían permitir que quienes han confesado sus delitos queden exentos de cualquiera de estas restricciones si concluyen sus proyectos de servicio a la comunidad antes de que transcurra el plazo de la condena».
Además, «los miembros de las Fuerzas Armadas recibirían sanciones similares, lo que probablemente favorecerá a muchos de los responsables de la ejecución sistemática de miles de civiles cometida entre 2002 y 2008 por brigadas del Ejército colombiano, en lo que se conocen como casos de ‘falsos positivos'».
Otra de las deficiencias de la nueva justicia transicional que operará en Colombia luego de la firma final del pacto de paz, según HRW, «es su definición del principio de ‘responsabilidad de mando’, que podría interpretarse de manera inconsistente con el Derecho Internacional, permitiendo que generales de las Fuerzas Armadas colombianas y comandantes de las FARC eviten cualquier responsabilidad por los delitos que cometieron sus subordinados».
Proponen reformar el acuerdo
Por todo lo anterior, HRW para Latinoamérica reclamó al Gobierno Nacional que «si tiene intenciones serias de lograr una paz genuina y respetar el derecho de las víctimas a la justicia», recurra a las leyes de implementación «para corregir los graves defectos del acuerdo de víctimas».
Ante lo cual propuso «reformar el acuerdo para garantizar que los comandantes respondan por los delitos cometidos por sus subordinados y corregir las numerosas ambigüedades que permitirían que se apliquen sanciones nominales a criminales confesos».
«‘Castigar’ a criminales de guerra confesos y condenados con penas de servicio a la comunidad es grotescamente desproporcionado», esgrimió José Miguel Vivanco, jefe de Human Rights Watch para América Latina.
«La comunidad internacional no debería hacer la vista gorda ante esta fachada de Justicia en nombre de la paz», subrayó el director de la reputada ONG.
Tomado de diariodecuba.com
