El exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU), Wilder Echavarría, rechazó de manera categórica los intentos de contratistas y empresarios señalados por millonarias estafas inmobiliarias de instrumentalizar la justicia y la opinión pública mediante montajes judiciales por encargo.
En los últimos días, el señor Tomás Sierra, vinculado a la mega estafa de Acierto Inmobiliario, empresa que defraudó a miles de familias con falsas promesas de vivienda y que fue intervenida por las autoridades ha difundido rumores sin fundamento en contra de Echavarría, con el propósito de desviar la atención de sus posibles responsabilidades penales y civiles y, al mismo tiempo, afectar la campaña presidencial de Daniel Quintero.
Echavarría informó que interpuso denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por injuria y calumnia, en defensa de su honra y buen nombre. Recordó que los delitos de injuria y calumnia están tipificados en los artículos 220 y 221 del Código Penal Colombiano, y que la Corte Constitucional, en fallos como la T-391 de 2007 y la SU-420 de 2019, ha advertido que la libertad de expresión no protege acusaciones falsas ni montajes que buscan dañar la reputación de terceros.
Esta es la versión de Wilder Echavarría:
El exfuncionario también llamó la atención sobre el riesgo de captura institucional en Medellín, recordando que la exdirectora de la Fiscalía en esa ciudad hoy hace parte de la actual administración, lo que genera serios cuestionamientos sobre la independencia en el trámite de denuncias y procesos que podrían estar siendo usados con fines políticos.
“Esas denuncias son falsas, carecen de pruebas y buscan manipular la opinión pública. Lo que estamos viendo es una estrategia nacional de contratistas y empresarios cuestionados que pretenden silenciar la verdad y golpear la campaña de Daniel Presidente con montajes judiciales”, advirtió Echavarría.
Finalmente, hizo un llamado a todo el país al advertir que la justicia no puede ser un arma al servicio de intereses privados ni electorales, que los montajes judiciales no pueden sustituir el debate democrático, y que las familias víctimas de estafas inmobiliarias merecen verdad y reparación, no más estrategias de humo diseñadas para proteger a los responsables.
