Es esta segunda entrega, la Red Colombiana de Veedurías, que dirige Eduardo Padilla, denuncia las inmensas irregularidades en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el departamento de La Guajira, lo cual está afectando a los niños pobres y necesitados de la región.
El objetivo de algunos funcionarios de ICBF es diezmar o desgastar a los operadores o contratistas que brindan el servicio de la alimentación a los menores necesitados con numerosas citaciones y pedido de requerimientos más allá de lo determinado por la ley, para que cedan los contratos.
LA SEGUNDA PARTE DE LA DENUNCIA
Esto dice textualmente la Red Colombiana de Veedurías sobre el actuar de algunos funcionarios en en la citada entidad de La Guajira:
«Para el paso número uno es fundamental la coordinación técnica en manos de MARGARITA DCOFF y YOSBELIS VEGA quienes, junto a la Coordinadora Jurídica CLAUDIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, desgastan a los operadores con numerosas citaciones y pedido de requerimientos más allá de lo determinado por la ley, para que cedan los contratos e, incluso, terminen inhabilitados para contratar con el Estado y disminuya su puntaje en el Índice de Desempeño –IDEAS-. En esta etapa también tiene participación el pediatra DASUKI, quien aun cuando no tiene rol formal de supervisor, amedranta a los operadores con un trato verbal inadecuado.
En cuanto al segundo paso, TAIS ROMERO, se encargó de la negociación con KAREN CERCHAR de Barranca, EMERSON PIMIENTA (tío de la esposa de Yubitza Pimienta) de Apatirawa, para la asignación de cupos en la modalidad de operación directa.
Para el tercer paso, ROMERO junto a TOVAR TUMERQUÉ, negociaron la reinversión de los saldos no ejecutados. A ello se agrega que en la actualidad cuentan con más de Mil Millones de Pesos por recaudo anticipado de los contratistas que han entregado en modo de anticipo dichas cifras para garantizar su participación en la reorganización de cupos.
A esto se suma que, para aumentar los beneficios de un mayor número de cupos, han generado listas ficticias de usuarios que, claramente, no existen, con el fin de ampliar la capacidad de contratación y, por tanto, el goce de recursos».
