Por: Eduardo Padilla Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Veedurías.
La Sociedad Concesión Ruta al Mar S.A.S., constituida por documento privado el 14 de septiembre de 2015, registrada en la Cámara de Comercio de Medellín el 2 de octubre de 2015, en el libro 9, bajo el número 30735, es la sociedad concesionaria encargada de los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión Ruta al Mar.
Esa empresa está construyendo la doble calzada que une a los departamentos de Antioquia, Córdoba y Bolívar.
El proyecto empieza en Caucasia y se bifurca en Montería: Una vía llega a Arboletes, Antioquia, y la otra atraviesa los municipios de Montería, Cereté, San Pelayo, Lorica, Coveñas, Tolú y finaliza en la Cruz del Viso, departamento de Bolívar.
Cuando las comunidades sienten que la injusticia no es normal, y no tienen más a quien acudir, entonces llaman a la Asociación Colombiana de Veedurías (Aso-Red).
Eso fue lo que sucedió con los habitantes de la vía Cereté-San Pelayo, a la altura del corregimiento de Manguelito, los cuales dijeron a Aso Red que se sienten discriminados debido a que la Concesión Ruta al mar le compró a la familia Barguil cada metro2 por un valor que asciende al orden de los $384 mil pesos, y a la familia Manzur a $174.000 el metro2; mientras que al resto del pueblo la concesión ofreció pagarles por el suelo (a $4 mil pesos el m2).
Como los habitantes están exigiendo un precio justo, entonces la Concesión los amenazó con expropiarles sus propiedades.
Según versiones de la comunidad de esa zona, el asesor de compras de terrenos de la Sociedad Concesión Ruta al Mar S.A.S., Wilfredo Francisco Ortiz, está realizando negociaciones presuntamente irregulares, pues le pagó a Emiro Barguil una suma exorbitante por cada metro2 de tierra, en Villa Diana, porque Barguil argumentó que en la franja de tierra que le vendió a la concesión está un plan de vivienda, el cual no tiene soporte legal, pues no existen estudios de suelos ni estudio de acueducto, alcantarillado ni obras complementarias que viabilicen la posibilidad de realizar la obra de viviendas de interés social.
En el terreno donde supuestamente está el plan de vivienda fantasma, todos los años cultivan algodón, lo cual significa que en esos terrenos no hay ningún plan de viviendas.
Igual suma de dinero ($174.000) recibió Julio Manzur, por la venta de otra franja de terreno en Villa Panamá, mientras que al resto de los habitantes de Cereté y San Pelayo la concesión quiere pagarles a $4.000 pesos, lo que equivale a una botella de agua, lo cual es un negocio grotesco porque cerca al sector pasan millones de litros de agua del río Sinú.
Mientras el valor de la tierra es bajo entre los propietarios menos favorecidos, se están presentando alzas significativas en los precios de la canasta familiar, lo cual afecta a las personas pobres que adquieren productos de primera necesidad y de consumo diario.
En una vía troncal importante de la costa Norte de Colombia, un metro2 de tierra, de propiedad de gente pobre vale igual que una botella de agua.
Las carreteras troncales son vías principales que conectan dos o más ciudades, puertos, aeropuertos u otros lugares importantes, y son la ruta recomendada para trayectos de larga distancia y transporte de carga.
La ruta al mar será una carretera troncal que tendrá calzadas independientes para cada sentido de circulación.
Las indagaciones realizadas por Aso Red revelan que según expedientes que contienen miles de folios, en poder de esta veeduría, hasta el momento, en estudios preliminares, es evidente el excesivo precio que la concesión le pagó a dos familias ricas (Barguil y Manzur, $380.000 m2 y $174.000, respectivamente), mientras que al resto de ciudadanos pobres la empresa Ruta al Mar, con una diferencia abismal, les está ofreciendo un precio miserable ($4.000). Estos últimos ya están amenazados con el tema de la expropiación.
El soporte jurídico muestra un panorama desproporcionado, pues indica que, en esa negociación, hay violación del principio de la igualdad, ya que las comunidades se encuentran ante una especie de expropiación y vías de hecho, causándoles una lesión enorme a los ciudadanos pobres de esa zona ubicada entre Cereté y San Pelayo; todo esto protagonizado por la Concesión Ruta al Mar, haciendo uso del poder soberano del Estado, en detrimento patrimonial de comunidades de Cereté y San Pelayo, cuyos cultivos están siendo arruinados y las edificaciones derribadas.
La lesión enorme es la sanción que el código civil impone a la parte, que, valiéndose de la autonomía contractual, incurre en un abuso respecto a su contraparte contractual. La lesión enorme implica la existencia de una «lesión» económica o patrimonial en el desarrollo de un contrato como el de compraventa.
En este asunto donde es obvio el contraste en las clases sociales, se observa un manejo político de la cosa pública en beneficio de dos familias y un perjuicio grave ocasionado a las comunidades de Cereté y San Pelayo.
Después de 200 años la historia demuestra que la esclavitud no ha terminado, pues a los actuales amos les pagan bien, pero a los vasallos les expropian sus tierras y casas, en las cuales están instalados todos los servicios públicos domiciliarios.
Los predios de las familias menos favorecidas tienen características iguales a las de las fincas de propiedad de las familias Manzur y Barguil, sin embargo, el metro2 de tierra de los pobres vale menos que el metro2 de tierra de los políticos ricos.
Las familias damnificadas por la Concesión Ruta al Mar, son, las siguientes:
Bohórquez, Saibis, Romero, Arroyo, Padilla, Sierra, Pardo, García, Negrete, Doria, Pinedo, Durango, Moreno, Calume, Pretel, Hernández, Osorio y Martínez, entre otros.
La parcialidad es un término que denota cierta posición que puede no ser justa, ni equitativa.
En el contexto judicial se utiliza con frecuencia este término, por ejemplo, cuando se origina un fallo dado con parcialidad; esto representa una forma muy grave de actuar, ya que, al momento de administrar justicia, se debe ser totalmente justo y equitativo; pues, de no ser así, se estaría incurriendo en una injusticia que pudiera traerle consecuencias negativas a la vida de uno o varios individuos, como en el caso que nos ocupa de la confrontación que está casada entre la Concesión Ruta al Mar y las comunidades de Cereté y San Pelayo.
En San Pelayo se están negociando los terrenos con el POT del año 2000. Y en Cereté hay predios sin oferta de compra, mientras que los terrenos de Barguil y Manzur fueron cancelados en el año 2018.
Hay predios cuyas demandas fueron admitidas, con ofertas de $4.200. Esos negocios jurídicos cursan en juzgados de Bogotá, pero los dueños de predios no disponen de recursos económicos para viajar a la capital del país para atender los litigios.
Por lo pronto no queda otra conclusión ni camino que manejar este antivalor (injusticia) mediante la Ética. Según la filosofía clásica, en este caso será representada por Platón, donde, un ejemplo de injusticia es una Nación, Estado, donde se tenga que acudir a leyes y magistrados, o funcionarios foráneos para impartir orden, salud y/o «justicia».
Un vocero de la población dijo a Aso-Red que “Las comunidades de Cereté y San Pelayo, afectadas por la Concesión Ruta al Mar, están dispuestas a pelear “como gato bocarriba”, y llevar el caso de esta injusticia (generada por la manera parcial de la negociación asociada a la compra venta de tierras, por parte de la Concesión Ruta al Mar), a altas instancias, para que los políticos no sigan perjudicando a las comunidades menos favorecidas”.
