El pin pong de las autoridades con los niños discapacitados de Córdoba

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La Corte Constitucional ha sido la gran protectora de los derechos fundamentales de los colombianos, especialmente de los niños. Por eso, las madres de los menores pobres y minusválidos cordobeses esperan que el Alto Tribunal, que tiene gran tradición garantista, falle a favor de ellos.

El departamento de Córdoba es uno de los más lindos y ricos de la Costa Atlántica, pero también en el que extrañamente hay más niños pobres discapacitados en Colombia. La mayoría de esos menores son producto de la época de algodón, es decir, sus madres, humildes campesinas, salieron damnificadas por los plaguicidas en los campos de cultivos y ahora dependen del Estado para brindarles atención médica a sus hijos.

La Gobernación local, por ley, se sometió a atender a esos menores brindandoles gratis a sus familias sus tratamientos especiales como terapias de neudesarrollo para que pudieran sobrellevar sus difíciles vidas.

Sin embrago, como es bien sabido, los niños discapacitados de Córdoba han sido utilizados durante casi una década por los gobernantes de turno regionales para ganar plata mediante la corrupción. Lo que se llamó el Cartel del Síndorme del Down, o sea, desfalcaron al Erario en miles de millones de pesos, mediante empresas de papel que hicieron jugosos cobros por tratamientos falsos, que nunca recibieron los niños. También aumentaron el número de menores que suspuestamente recibieron dichas terapias, sin ser cierto.

Pero los niños discapacitados de Córdoba, si existen, son una realidad y ahora están damnificados por la corrupción que ha rondado las respetivas gobernaciones de Alejandro Lyons y Edwin Besaile. Estos menores necesitan su tratamiento verdadero y especializado de neudesarrollo, que está suspendido en estos momentos porque la Gobernación, a raiz de los escándalos, no paga para que los atiendan. La entidad territorial les debe a las firmas que han prestado eficientemente el servicio y por eso estas no ha continuado atendido a los menores.

A las madres de los niños afectados les ha tocado recurir a las acciones de tutela para que la Gobernación autorice los tratamientos de sus hijos.

Tanto Lyons como Besaile salieron del cargo, acusados de corrupción, pero la Gobernadora encargada de Córdoba, Sandra Patricia Devia, tampoco quiere pagarles a las empresas de las terapias, supuestamente, por temor a ser investigada por los organismos de control.

Organismos de control a favor del pago del servicio

La Contraloría General, en respuesta a un Derecho de Petición, aclaró que esta entidad no puede suspender los servicios ni los respectivos pagos por la atención de los niños.

La Procuraduría General también argumentó lo mismo, en el sentido de que no puede suspender dichos pagos.

La Gobernadora Devia tampoco desconoce los pagos ni ha ordenado suspenderlos, entonces en Montería y sus alrededores se preguntan: ¿Porqué no vuelve a contratar el servicio para los menores necesitados?

Son más de 1000 menores necesitados en la región que la Nación debe ayudar.

Los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia ya investigan el supuesto fraude a resolución judicial a favor de los niños que habría cometido el exgobernador Besaile por suspender los tratamientos. Con la nueva mandataria de Córdoba podría  ocurrir lo mismo.

Al parecer, la mandataria Devia estaría esperando el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que luego del estudio de las tutelas de los parientes de los niños, debe sentar jurisprudencia al respecto.

El caso está en la Corte Constitucional en manos del Magistrado Luis Guillermo Guerrero, quien desde hace aproximadamente dos años estudia minuciosamente el tema de estos niños minusválidos y si se ha demorado todo ese tiempo porque está haciendo un análisis de los derechos de estos menores discapacitados, reconocidos por los convenios internacionales aprobados por Colombia.

El estudio serio que los colombianos, especialmente las madres de los discapacitados de las humildes veredas polvorientas de Córdoba, esperan de Guerrero les da tranquilidad porque seguramente él y su equipo de auxiliares demostrarán al país la imparcialidad constitucional que los destaca.

La Corte ha sido la gran protectora de los derechos fundamentales de los colombianos, especialmente de los niños más desvalidos. En la actualidad el Alto Tribunal es sinónimo de garantismo, una corriente jurídica que se basa en el reconocimiento de los derechos fundamentales de los individuos y de su efectiva protección.

El magistrado Guerrero tiene claro que el juez constitucional debe ser imparcial, aquel ajeno a sesgos, objetivo en sus decisiones y justo en los juicios de valor de cara a los postulados consticionales.  El que aterriza el plexo de valores y la dignidad humana en beneficio de los grupos vulnerables y necesitados como exige la misma Carta política

Recordemos que este Alto Tribunal  ha emitido cientos de jurisprudencias apoyando los derechos de los niños en discapacidad de nuestro país. Por eso, se espera un pronunciamiento a favor de los menores cordobeses, porque el Alto Tribunal  tiene gran tradición garantista de los Derechos Humanos en Colombia.

 

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