La Defensoría del Pueblo emitió un video de más de 7 minutos ALERTANDO a la población sobre la forma cómo las llamadas Bandas Criminales (Bacrim) están reclutando a los jóvenes, especialmente en Ibagué, departamento del Tolima, para llevarlos a operar en sus frentes en el sur del Colombia.
El films es una recopilación de testimonios de personas, en su mayoría familiares de los reclutados o de víctimas de estos grupos, quienes les contaron al Ministerio Público acerca del accionar de las autodenominadas Fuerzas Irregulares Armadas de Colombia («FIAC»), una nueva banda delictiva comandada por los antiguos colaboradores inmediatos del fallecido paramilitar y narcotraficante Pedro Oliverio Guerrero Castillo alias «Chuchillo», quien dirigía Los Llanos Orientales y fue abatido abatido por la Fuerza Pública nacional en diciembre de 2010.
Los presuntos colaboradores de la «FIAC» en Ibagué fueron capturados por hombres del Ejército y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía.
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría y la Regional Tolima realizaron una investigación que permitió focalizar el fenómeno del reclutamiento forzado en la comuna 3 de Ibagué, donde al menos 12 jóvenes, según los casos documentados por la Fiscalía General de la Nación, fueron llevados mediante engaños para engrosar las filas de esa organización armada ilegal entre octubre de 2014 y febrero del presente año.
Según las autoridades, «La FIAC» ahora pretende extender su influencia a varias regiones del territorio nacional y por eso, los jóvenes reclutados son llevados a los departamentos de Meta y Guaviare.
«La información conocida por la Defensoría del Pueblo indica que los jóvenes fueron incorporados a la “banda criminal” bajo el ofrecimiento de recibir salarios que rondan el millón y medio de pesos mensuales, a cambio de cuidar fincas en algunos municipios de Meta y Guaviare, y en otras ocasiones para realizar supuestas labores de erradicación de plantaciones de coca y amapola, lo cual no pasó no de ser una simple promesa sin compensación», explica el Ministerio Pública.
El trabajo interdisciplinario de la Defensoría permitió recopilar testimonios, de acuerdo con los cuales una vez las personas reclutadas llegan a la zona de influencia de la estructura delincuencial, son amenazadas y conducidas a lugares de instrucción, donde reciben entrenamiento en el manejo de armas como fusiles AK-47 y M-16, granadas, explosivos y armas cortas tipo pistola 9mm.
Las declaraciones tomadas por la Defensoría indican que los jóvenes son obligados a desempeñar labores de extorsión a comerciantes de poblaciones cercanas, a la comisión de homicidios selectivos, y a la custodia, tanto de los comandantes de la “banda criminal”, como de los corredores para el transporte de alucinógenos, sumado ello a la función que cumplen como informantes sobre los movimientos de la Fuerza Pública.
Personas que lograron evadirse de la estructura criminal, denunciaron que mujeres, igualmente jóvenes, son vinculadas para ejercer las mismas tareas, incluyendo el manejo de armas, al tiempo que son sometidas a tratos crueles y degradantes que van desde la esclavitud hasta la violencia sexual. La Defensoría del Pueblo conoció la situación de una estudiante universitaria que logró escapar de sus victimarios y fue encontrada por las autoridades en zona rural de Puerto Concordia, Meta.
Puede ver el video de la Defensoría del Pueblo en este click AQUÍ.
