Hace unos días varios peritos de la Contraloría General de la Nación se dirigieron a Montería a realizar una inspección a una empresa privada de Salud, dentro de una investigación por supuestas irregularidades en el pago de servicios para niños discapacitados con dineros de la Gobernación de Córdoba.
Los expertos fueron a esa región costeña por orden de la Delegada Intersectorial No.8 Juliana Martínez Bermeo, que opera desde Bogotá, para actuar dentro del proceso fiscal 0783.
Según cuentan los abogados de la firma, la citada Delegada supuestamente llamaba constantemente (cada media hora) a direccionar la inspección y los peritos se «ponían nerviosos» porque se sentían presionados desde la Capital de la República.
De ser cierto, lo anterior es un hecho irregular, porque cuando un delegado nombra peritos No puede interferir en la práctica de prueba, porque puede incurrir en un posible delito de falsedad ideológica y material en documento publico.
De acuerdo con los abogados, la Delegada hasta supuestamente pidió a los peritos el acta final para corregirla, pues cuentan que al día siguiente de la inspección, la señora Martínez solicitó a sus expertos que le enviaran el acta a Bogotá y ella presuntamente la modificó, aunque ella no participó en la práctica de las pruebas, por esa razón ni los peritos, ni lo representantes de la empresa auditada firmaron la mencionada acta final para no verse incursos en un delito.
Los abogados sostienen que les entregaron a los peritos todas las pruebas necesarias, pero que supuestamente la Delegada no dejó que los investigados anexaran en el acta esas pruebas como parte de defensa.
Si los señalamientos resultan verdaderos, Martínez Bermeo habría violado el Articulo 40 de Código de Procedimiento Administeativo y la Ley 610 en su Artículo 31, porque la Delegada negó dentro del proceso los testimonios y estudios realizados por expertos que hizo la empresa vigilada. Con eso, hasta posiblemente vulneró jurispruedencia del Consejo de Estado en la materia.
Sin contar que pudo haber violado los derechos constitucionales al Debido Proceso y a la Defensa y el principio de la Buena Fe.
Surgen varias preguntas sobre este caso:
¿Cuál es la intención de la Contraloría, en cabeza de una Delegada, de perseguir a los empresarios?
¿Quiénes están detrás de esta supuesta persecución?
¿Por qué se supuestamente quieren mutilar las pruebas en el caso, cuando otros organismos de control no encontraron méritos para investigar a esta empesa?
¿Por qué la Contraloría supuestamente insiste en vincular en proceso de reponsabilidad fiscal a quien no manejó anticipo? será que la sombra del Contralor General pasado, rodea estas presiones?
¿Será que muchos Delegados siguen utilizando las mismas prácticas antiguas, que el nuevo Contralor Córdoba quiere erradicar de la institución?
Los defensores de la empresa inspeccionada, anuncian denuncias o quejas contra la Delegada Martínez Bermeo ante la Procuraduría, la propia Contraloría y la Fiscalía por estas irregularidades.
No conocemos las versiones de la Delegada Martínez al respecto, pero nuestro portal espera sus comentarios para publicarlos en aras de la equidad periodística.
denunciar ante la misma contraloría a esa torcida prevaricadora y traficante de influencias ,es ladrarle a la luna .