Glifosato y Corte Constitucional


 

Por Rafael Nieto Loaiza.

La Constitucional salió rápidamente a recordarle al presidente Duque, como si él no lo tuviese perfectamente claro, que está vigente la sentencia en que prohibe el uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. Sea el momento para recordarle a la Corte algunos puntos que, ella sí, parece haber olvidado:

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A 31 de diciembre de 2017, según la Oficina Nacional de Control de Drogas (ONDCP) estadounidense, en Colombia había 209.000 hectáreas de coca, un incremento del 11% en relación con el 2016. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, (UNODC) la cifra era de 171.000, con un incremento del 17%. Como los elementos estructurales del problema no cambiaron en nada durante 2018, no hay razón para pensar que, en cualquiera de los sistemas medición, el número de narcocultivos haya disminuido. En ambas mediciones son las cifras más altas de la historia. Vivimos en un mar de coca.

No es verdad que las políticas de erradicación no hayan sido eficientes. Durante el gobierno de Uribe los narcocultivos bajaron más de un 60%, a 63 mil hectáreas. Según la UNODC, en el 2013 llegamos a solo 48.000 hectáreas. En ambos sistemas de medición, en el 2014 las curvas de narcocultivos, que venían en descenso, empiezan a invertirse y a aumentar. ¿La razón? En el 2013, por presión de Rafael Correa, Santos decide suspender la aspersión aérea en las áreas de frontera. Un poco después, hace lo mismo en el Catatumbo. Hoy los departamentos de Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador, y Norte de Santander, límite con Venezuela, concentran el 60% de los narcocultivos. Pero el salto exponencial se presenta después de que, en el 2015, la Constitucional prohibiera la fumigación con glifosato. Desde ese momento, los narcocultivos se disparan aceleradamente hasta alcanzar las monstruosas cifras actuales.

Algo similar ha ocurrido con la producción de cocaína. En el 2017, la producción en Colombia aumentó un 19%, pasando de 772 toneladas en 2016 a 921, más del doble que en el 2014. Durante Uribe, la producción de coca había caído a 290 toneladas. Muy seguramente la producción, que viene siendo más eficiente año tras año, aumentó también en el 2018 y habrá sobrepasado las mil toneladas métricas.

Los efectos de haber suspendido la campaña de aspersión son evidentes. Una vez acaba la aspersión, los narcocultivos y la producción de cocaína empiezan un ascenso vertiginoso. Todo el desastre ha ido en aumento. Nunca en nuestra historia hemos tenido más narcocultivos ni se ha producido más coca que ahora.

Pero el problema no es solo de producción. Colombia ya es un país de consumo. Las cifras de consumo de alcohol y drogas por parte de niños y jóvenes, por cierto, son escalofriantes. El 11,7% de los escolares ha consumido marihuana. Y de los usuarios permanentes, ¡el 12.4% la probaron por primera vez antes de cumplir diez años¡ El 69,1% de quienes probaron la coca, son adictos. Según el Viceministro de Justicia, que tiene a su cargo los temas de drogas, el uso de la marihuana entre escolares “ha crecido 156,4%; el de la cocaína, 53,3%; el del bazuco, 44,4% y el del éxtasis, 112,8% [y] el consumo universitario de marihuana subió 38% y el de cocaína, 28%. Las anfetaminas crecieron 125%”.

Las cifras muestran la gravedad de la situación y el impacto en materia de consumo y adicción de las decisiones tomadas por la Constitucional, so pretexto del libre desarrollo de la personalidad. Como algunos advertimos, se produce tanta droga que los mercados internacionales son insuficientes y los narcos están acelerando el crecimiento de mercados internos. Todas las evidencias muestran que hay una estategia que tiene por objetivo principal convertir niños y los jóvenes en adictos. En Colombia tenemos el gramo de cocaína más barato del mundo, 5.4 euros, mientras que el promedio mundial es de 79.5 euros, y ya antes de la última decisión de la Corte sobre consumo en lugares públicos eramos el país donde es más fácil acceder a las drogas. Para rematar, los traficantes están usando a los niños y jóvenes: entre 2012 y 2018, 50.742 menores de edad fueron capturados por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. ¿La Corte necesitará pruebas de que el grueso de la venta y tráfico de drogas se hace en espacios públicos y en lugares abiertos al público y que las áreas cercanas a los colegios están infestadas de jíbaros? Si antes de esta decisión de la Corte la situación era difícil, ahora será peor porque las autoridades quedan con mucha menos capacidad para limitar el consumo y para controlar el tráfico de sustancias psicoactivas.

Finalmente, el argumento de la Constitucional de que en virtud del “principio de precaución” debía suspender la fumigación aérea con glifosato de narcocultivos es, como mínimo, inconsistente. La Agencia contra el Cáncer de la OMS dijo que el glifosato “podría” generar linfoma de No Hodgkin. Primero, la Agencia se refirió al uso del glifosato en general, pero la Corte solo prohibió su uso contra los narcocultivos. Después, la Corte no solo no ha prohibido ninguno de los otros productos que la Agencia ha señalado que también “podrían” generar cáncer sino que no ha dicho ni mu sobre los cuales hay pruebas inequívocas de que sí lo producen. Finalmente, no hay un solo estudio en Colombia que muestre la relación entre enfermos de No Hodgkin y el glifosato, y en cambio en tareas de erradicación manual han muerto y han resultados mutilados centenares de soldados, policías y civiles.

Hay que decirlo con todas las letras: la prohibición de la fumigación con glifosato por parte de la Corte no tiene sustento jurídico alguno, es contraevidente en el uso del principio de precaución, es claramente política, está destinada a satisfacer los intereses de las Farc, tiene terribles consecuencias en materia de la vida e integridad físicas de los erradicadores manuales, ha disparado los cultivos y producción de coca, con desastrosos impactos medioambientales, y ha contribuido al aumento de la drogadicción en nuestro país.

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